El narcotráfico ha sido en América Latina, desde hace décadas, un negocio multimillonario. Así como otrora la palabra “guerrilla” se tradujo a todos los idiomas, hoy en día ha sido la palabra “cocaína”, la que encuentra su lugar en los diccionarios de todas las lenguas. La cultura en nuestra región ha incorporado a su folklore el tema de la droga en gran escala y los nombres casi míticos de sus protagonistas. Los “narco corridos” resultan elocuentes. Si antes fue la CIA el antagonista en la narrativa latinoamericana, organismo que financiaba golpes militares en todos nuestros países en una lucha encarnizada contra toda forma de insurgencia revolucionaria; en la hora presente, la DEA ocupa el papel de antagonista que con la palabra “extradición” hace temblar a los más conspicuos “señores de la droga” 

Hace mucho tiempo ya que la actividad del narcotráfico ha dejado de ser una cuestión meramente policial para devenir un mayúsculo problema de estado. El narcotráfico y la corrupción en América Latina es un problema político, acaso el más importante de la actualidad. Así como antes Pablo Escobar puso en jaque a todo el estado colombiano, lo que ciertamente le costó la vida; en la hora presente El Chapo ha cruzado la delgada línea roja que lo convierte en un problema de estado. En efecto, lo que comenzó como una actividad delictiva con ribetes internacionales se ha convertido ya en un espinudo asunto de estado, tanto para el gobierno mexicano como al otro lado de la frontera.

Esto es así porque la espectacular fuga de El Chapo compromete no sólo la imagen internacional de México y la credibilidad de su gobierno sino, y muy especialmente, representa - según los organismos gubernamentales estadounidenses- una amenaza a su seguridad nacional. Tal como Colombia fue caracterizada, en su momento, como un “narco estado”, México ocupa hoy el primer lugar en tan triste clasificación. Un “narco estado” es aquél estado es que las actividades del narcotráfico corrompen todos los poderes y organismos de gobierno de una nación. Nada queda fuera de su influencia, los clásicos poderes como son el Ejecutivo, el Legislativo, los Tribunales y la policía se hacen cómplices directos o indirectos de los negocios ilícitos. En tal situación, el gobierno real de un país lo ejercen los carteles de la droga y sus jefes son, literalmente, intocables en los límites de su país.

La actividad del narcotráfico es, al mismo tiempo, el motor que alimenta la corrupción en todos los niveles de una sociedad y su expresión más cabal. En un mundo oligárquico, pobre y desigual, donde el concepto de “democracia” nunca ha terminado de asentarse en el imaginario de las mayorías, no resulta nada de raro que sean los “patrones de la droga” quienes estén escribiendo las nuevas reglas del juego. Si bien hoy se trata de El Chapo y de México, sabemos de sobra que el problema de la droga y la corrupción atañe, con matices diversos, a toda América Latina. Contra las diatribas y dislates de personajes como Donald Trump, lo cierto es que el narcotráfico y la corrupción en nuestros países es, ante todo, el más importante desafío político para los procesos democráticos en todo el continente.

Álvaro Cuadra

Investigador y docente de la Facultad de Comunicación Social FACSO. Universidad Central del Ecuador.