El desprestigio máximo del presidente ad liminen Otto Pérez Molina (en adelante, OPM o exPresidente) coincide con el apoyo explícito de actores clave: embajada de Estados Unidos el 2 y el 12 de junio; cuerpo diplomático el día 4 de junio; sectores empresariales (sobre todo Cámara de Industria); oficiales del Ejército (12 de junio).

Estos actores temen perder el control del poder político ante el empuje social que solicita la renuncia y destituye moralmente al mandatario. Asimismo, estos actores honran compromisos previos: pactos políticos y económicos entre OPM, sectores empresariales, gobiernos y empresas transnacionales (Hidro Santa Cruz, palma africana, mineras en San Rafael y San José del Golfo, etc).

La estabilidad institucional, la continuidad y cumplimiento de leyes y de la Constitución Política (que incluye la celebración de elecciones con las condiciones actuales el 6 de septiembre) son los argumentos oficiales (repetidos en declaraciones de OPM y de la comunidad internacional, ver nota) que ocultan poderosos intereses de poder, entre otros el desarrollo de proyectos de infraestructura y extractivos, el mantenimiento de un Estado al servicio de una agenda empresarial, la garantía de impunidad, ya que la caída de Pérez Molina es la caída de un operador y actor de poder fundamental, que necesita ser reencauzada (sustituir a OPM y el Partido Patriota como operador político) y contenida (evitar que otros muchos caigan con él).

No olvidemos ni por un momento que OPM y el Partido Patriota no fueron un gobierno más, sino articuladores y operadores de intereses transnacionales, de familias locales, de sectores del ejército y la economía criminal –Cofradía y Sindicato- en fin, operadores de intereses de gobiernos extranjeros a los que garantizaron apoyo a la agenda de seguridad global y libertad para invertir sin controles.

Este es el cálculo, aunque nos parezca equivocado: mantener a Pérez Molina evita una debilidad mayor de la institucionalidad y de los actores de poder, un deterioro o derrumbe imprevisible del sistema de organización y los referentes del poder actual.

El miedo al derrumbe produce la paradoja de que un Presidente deslegitimado y moralmente más cerca de la cárcel que del gobierno mantenga espacios de acción y poder, como si nada estuviera pasando, a sus ojos y al de sus aliados nacionales e internacionales; como si la crisis no existiera; como si no hubieran robado, él y sus allegados; como si no fuera un criminal, a punto de ser juzgado.

La transición limitada e impune: el escenario deseado de actores de poder

Los argumentos de estabilidad política (de embajadas, CACIF y otros) anulan la ética y cuestionan las reformas que dichos actores manifiestan impulsar: no es admisible apoyar de forma simultánea el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción (constituido el 27 de mayo) y al Presidente que favorece intereses criminales (nota 2); es contradictorio impulsar procesos criminales dejando inmune la figura presidencial (y hasta el momento, a la ex Vicepresidenta). En estas condiciones, la agenda de estos sectores se revela como una agenda de reformas limitadas y cambios en el Estado para que nada cambie, peligrosamente sujeta a una doble moral personal y política.

Una crisis estructural y un descontento creciente se enfrentan con medidas dilatorias y burlescas: mesas técnicas para reforma de leyes que amenazan con eternizar debates; razonamientos legales y de estabilidad institucional (sin tener en cuenta que la aplicación o el desapego a las leyes son los causantes de la situación actual), justicia ralentizada o en impasse (nunca al ritmo que la coyuntura demanda), rearticulación de actores de poder (un nuevo acomodo alrededor de Otto Pérez Molina, sin el Partido Patriota), reforzamiento de los actores de poder, incluidos partidos políticos. O se amaga con violencia institucional y real, medidas de hecho y de fuerza como represión, judicialización de las protestas, generación de incertidumbre y terror, y otras.

Más razones para Renuncia Ya: Pérez Molina como parteaguas

Los causantes y los causales de la crisis actual no pueden ser arquitectos o participantes en la salida de la misma. La continuidad de la exigencia de renuncia de Otto Pérez Molina (investigación, juicio y castigo de su persona y de la clase política y económica que concibió el Estado como su negocio y la política como el arte del enriquecimiento fácil) es hoy un principio ético y político irrenunciable, para comenzar a construir un futuro sin componendas ni condiciones. No es el fin del camino ni el fin de las movilizaciones, sino el paso previo para un proceso de reformas profundas, que incluyan el desplazamiento de actores de poder causantes de la crisis actual. Más de 30 detenciones de alto impacto, una vicepresidenta renunciada, el partido político gobernante malherido, ministros destituidos, dos grandes procesos judiciales abiertos y más pendientes, candidaturas presidenciales desmontadas... no son suficientes: debilitan pero no revierten un poder y un Estado construidos con lógicas de corrupción y criminalidad.

El futuro no es sombrío. A pesar de los intentos de una transición limitada, pactada entre los mismos actores de poder, existen fuertes contradicciones entre estos actores: la alianza y los apoyos están sujetos a disputas internas, nuevas alteraciones (juicio político acuerpado por Corte Suprema de Justicia y a discusión en el Congreso, que puede acelerar la caída de Pérez Molina y nuevas negociaciones para su recambio en los límites del poder).

Además, las movilizaciones sociales tienden a desequilibrar los cálculos políticos inmediatos y la impecable hoja de ruta diseñada para que nada cambie. Desde el 20 de abril se han generalizado manifestaciones, reuniones públicas y privadas, debates abiertos, dinámicas de recuperación de las ciudades por clases medias, demandas coyunturales, históricas y estructurales.

Anoto cinco características de las movilizaciones sociales en este periodo, que implican cambios en la correlación de fuerzas preexistente, y podrían traducirse en cambios políticos:

1. Desmonopolización de la política: la sociedad hurta a los profesionales el monopolio de la gestión política y la gestión de lo público. Esto implica el desplazamiento visible de los partidos y lo electoral como instrumentos para la acumulación y mediación cooptadora de los intereses sociales, y dinamita las bases de la actual democracia (ni representativa ni participativa).

2. Superación del conformismo y la apatía. Sectores urbanos cuestionan la hegemonía construida sobre las bases de la exclusión. Lo que sucede en la capital desde el 25 de abril (siete semanas consecutivas de movilizaciones) es tanto una superación del miedo como del conformismo y la apatía pre-dominantes.

 3. Ruptura generacional, que implica la incorporación a las luchas de nuevos actores, con nuevas demandas y formas de lucha, marcadamente horizontales. Esto plantea retos fundamentales: combinar la conducción estratégica con la horizontalidad y la colectividad; la planificación en el medio y largo plazo con la espontaneidad y creatividad de las nuevas formas organizativas; el sujeto global y las identidades legítimas (mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, universitarios…).

 4. Descentralización y desterritorialización (Máximo Ba Tiul) del ejercicio del poder. A pesar de la visibilidad de las manifestaciones urbanas, lo estratégico de este proceso debe ser, precisamente, la capacidad de estos sectores urbanos de proponer y participar, sin centralidad y sin hegemonía, es decir la capacidad de aportar a un proceso colectivo, construido desde los territorios y los pueblos originarios.

 5. El retorno de las utopías. La crítica al ejercicio del poder (en sus síntomas o sus raíces) reabre las propuestas y el debate sobre un proyecto radicalmente distinto de convivencia y organización.

 La construcción de una agenda básica (no única) para la reforma del sistema y una plataforma amplia para su impulso (Plataforma para la Reforma del Estado).

 La recuperación por parte de sectores populares de la iniciativa política (tras años de resistencia defensiva frente a la imposición neoliberal-militar, extremadamente violenta).

Es la paradoja de lo real, una disociación entre la voz oficial y la voz de las calles, que debe convertirse en ruptura. ¿Los cálculos inmediatos de actores de poder y sus hojas de ruta quedarán anulados ante los reclamos estratégicos de pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía organizada e indignada? La respuesta está en nosotras y nosotros, en nuestra capacidad de continuar, complejizar, diversificar y articular las movilizaciones sociales.

Notas

(1) Cuerpo diplomático: estabilidad institucional frente a renuncia, 4 de junio.

“Lo que puedo decir es que el sistema democrático en Guatemala sí funciona, aunque tiene posibilidades de mejora y eso es lo que muchos de los que estamos aquí opinamos”, Manuel Legarreta, embajador de España en Guatemala.

“Ese tipo de clamor (...solicitud de renuncia...) no necesariamente aporta soluciones, hay que ver como encontrar soluciones dentro de la institucionalidad”, embajadora del Reino Unido.

(2) Cualquier pregunta sencilla nos conduce inevitable y necesariamente, a la destitución de Pérez Molina, al inicio de procesos penales contra él, a una cascada de investigaciones y responsabilidades penales y políticas: ex Vicepresidenta, exMinistro de Gobernación, empresarios corruptos…

¿Cuántos de los miles de quetzales diarios obtenidos por la Línea fueron a parar al bolsillo del Presidente?

¿Los pagos del narcotraficante Jairo Orellana o los negocios del exmilitar Lima Oliva alcanzaban solamente al Ministro de Gobernación?

¿Qué porcentaje de comisión recibió el Presidente por favorecer grandes inversiones, contra la opinión de las comunidades y qué empresarios extranjeros participaron en estos ilícitos?

¿Qué porcentaje recibió del negocio de la Droguería PISA?

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