Foto: Cubadebate.cu

El saqueo de los fondos públicos por políticos, empresarios y banqueros corruptos está correlacionado con el duro ajuste económico recetado por el FMI al país y su población. Después del golpe de Estado el sobreendeudamiento de la economía hondureña y la crisis financiera de las empresas públicas justificó la firma de un nuevo Convenio con el Fondo, pero también nuevas medidas económicas como el aumento de impuestos, reducción de gastos, congelamiento de sueldos, despido de empleados, aceleración de la devaluación, eliminación de subsidios y privatización de empresas como la ENEE, HONDUTEL, ENP y del SANAA (que se concretará después de la municipalización del agua de la ciudad capital).

No obstante, el gobierno de la República no ha podido tapar el monumental robo de los fondos del Instituto Hondureño del Seguridad Social (IHSS), aunque para curarse en salud conformó una Comisión Interventora y otra Multipartidaria y puso a la orden de los tribunales de justicia a varios de los implicados en este atraco, incluyendo al Director Ejecutivo de la Institución Dr. Mario Zelaya. Igual se han recuperado bienes cuyo monto es marginal comparado con los cerca de 7,000 millones de lempiras robados, y muy poco dinero efectivo.

El problema del gobierno, por mucha comisión creada y firmas de convenios con Transparencia Internacional, es la exigencia de las organizaciones sociales, políticas y de jóvenes para que se meta en la cárcel a los “peces gordos”, incluyendo a connotados miembros de la Comisión de Campaña del Partido Nacional que recibieron fondos de este atraco para financiar la candidatura presidencial del propio presidente Hernández, no sólo del exalcalde de la ciudad capital Ricardo Álvarez.

Estas organizaciones vienen realizando varias marchas en todo el país, denominada marcha de las antorchas, exigiendo cárcel para los corruptos y la cabeza de Juan Orlando Hernández. La dirigencia del Partido Nacional creía que las protestas durarían un fin semana, sin embargo han sido masivas y están repitiéndose en las principales cabeceras departamentales cada semana. No se sabe quién o quienes convocan, pero lo cierto es que el respaldo de la población es evidente y sin violencia.

Producto de ello, ha surgido un movimiento denominado los “Indignados” liderado por jóvenes universitarios y de colegios públicos, no todos militantes de los cuatro (4) partidos de oposición (PAC, LIBRE, PL y PINU.SD).  Sus demandas tienen relación no sólo con el castigo a los corruptos, sino también contra el continuismo y la reelección del presidente Hernández, atención en salud, educación, empleo y alimentos.  En las marchas recientes se exigió además la expulsión del FMI del país, considerado responsable junto a los corruptos de la crisis que enfrenta la economía y sociedad hondureña que luce más divida que cuando el golpe de Estado.

En declaraciones a la prensa mediática, el presidente Hernández se define como el abanderado de la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, incluso con más méritos que Salvador Nasralla presidente del PAC que enfrenta   una querella por denunciar la corrupción e impunidad.  Se compromete a llegar hasta las últimas consecuencias (meter presos a correligionarios y empresarios involucrados), esperando que la Comisión de Diputados rinda su informe para actuar.  No se pronuncia sobre la interpelación del Fiscal General por el Congreso de la República, pedido por partidos de oposición y los manifestantes, ni por la solicitud a Naciones Unidades para que se conforme una Comisión contra la Impunidad tal como existe en Guatemala. Aduce que es el gobierno quién lidera la lucha contra los corruptos, y no es necesario que venga alguien de afuera a decir que hacer.

Mientras tanto las marchas de protesta contra la corrupción, impunidad y reelección continúan, aunque el gobierno anuncie nuevos requerimientos fiscales y órdenes de captura para más corruptos y el pago del dinero que recibió el Partido Nacional para su campaña política que supera los dos (2) millones de lempiras según declaraciones de presidente de la Comisión Multipartidaria del Congreso.

Ha surgido un debate entre académicos y dirigentes de los partidos de oposición política que acompañan y participan de las marchas, referido a que si estas deben ser sin o con fines políticos; ya que las demandas contra la corrupción pueden llevarse de encuentro a miembros del partido LIBRE, tal como sucede con los ex miembros del gabinete de gobierno del Presidente Zelaya Rosales llamados a declarar por dineros utilizados en la consulta popular “Cuarta Urna”. Toda marcha de protesta es política diría más de un formador de cuadros del FNRP, pero en la coyuntura actual son bienvenidos todos, o sea el pueblo-pueblo.

Un punto importante es analizar a mayor plazo el proyecto político-ideológico que se antepone al proyecto neoliberal vigente, y más aún, quienes lo lideran. Para el caso, dentro de los indignados es evidente el voluntariado de PAC bajo la coordinación de Salvador Nasralla; en LIBRE destacan varias figuras como Nelson Ávila, Xiomara Castro, Jorge Palma y el propio David Romero. En el Partido Liberal Yuri Sabas tiene el mejor discurso. Por lo pronto organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y la UNAH exigen que la institucionalidad responsable de impartir justicia cumpla con sus funciones y competencias, se desengaveten los casos pendientes y se ponga a disposición de los tribunales a los corruptos.

Tegucigalpa, 3 de Junio de 2015