Fiscal Contra la Corrupción, Roberto Aldana­.  Foto: www.laprensa.hn

Todavía en Honduras no se entiende que la corrupción es el principal problema de la economía y sociedad.  Es un cáncer que transmuta de generación en generación, de dirigencia política a otra, de vieja a nueva clase empresarial; pero también entre cúpulas militares y dirigencias obreras y campesinas.

La corrupción puede más que el problema del desempleo, ya que cercena los recursos de inversión pública necesarios para aumentar la producción, generar fuentes de trabajo sostenibles y mejorar los ingresos monetarios de la población.  Igual cercena los recursos requeridos para atenciones en salud, la entrega de medicamentos, las cirugías, merienda escolar, la infraestructura sanitaria y el equipamiento social básico de los establecimientos de salud.

La corrupción vuelve más caro el acceso a la educación pública, por la reducción de los prepuestos educativos que afectan el monto de los recursos para ampliar y reconstruir la infraestructura física, compra de materiales de estudios, pago de vigilantes y de los servicios públicos y apoyo a las familias de menores recursos para evitar que los alumnos de pre básica, básica y secundaria no abandonen las escuelas y colegios.

La corrupción conspira contra el desarrollo agroalimentario y forestal de Honduras, al destinarse menos recursos al agro ya que los programados y ejecutados en el presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y otras instituciones fueron saqueados por empresas fantasmas y políticos de turno. Afecta también la disponibilidad de crédito para apoyar la seguridad alimentaria, en tanto los fondos públicos y de la cooperación fueron desviados a proyectos ejecutados por ONG manejadas por políticos.

Uno de los casos más sonados es el saqueo de cerca de 7,000 millones de lempiras de los fondos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se ha apresado a los empleados de tercera y cuarta categoría, no a políticos, empresarios y banqueros. La denuncia que parte de estos fondos, unos 2,000 millones de lempiras, sirvieron para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández puso en evidencia actos de corrupción por políticos del partido de gobierno.

La “Oposición” Política, que para muchos se reduce a Mauricio Villeda y Salvador Nasralla, exigió que el Congreso de la República interpele al Fiscal General de la República por tener la competencia privativa y contar con la evidencia del caso (cheques emitidos a nombre del Comité Central del partido nacional), igual que se deduzcan responsabilidades a los que cobraron los cheques.

Frente a este hecho y a raíz de las protestas públicas de la “Oposición” política y de organizaciones cívicas y defensores de derechos humanos, un “Pajarito” de Casa de Gobierno le silbó al presidente del Congreso de la República para que nombrará una Comisión Multipartidaria para que investigue los casos de corrupción y pida a la Fiscalía la documentación. El nombramiento de esta Comisión es una estrategia del Partido Nacional para desviar la atención del problema denunciado y evitar que la agenda del tema la pongan organizaciones de la sociedad civil y dirigencia de los partidos de oposición, no el gobierno.

Los diputados de los partidos de oposición que participan en la Comisión no tienen claridad sobre su trabajo, ya que las funciones de la Comisión son confusas. Se trata acaso de investigar por qué los grandes corruptos y corruptores del IHHS no están presos, o se trata que el Fiscal no comparezca al Congreso Nacional y de la cara por él la Comisión. O, en su defecto, trata de ocultar la corrupción denunciada contra miembros del partido de gobierno mostrando que también en otros gobiernos hay funcionarios y políticos corruptos libres de la cárcel.

Los miembros de la Comisión han confirmado que la Fiscalía tenía conocimiento de los cheques emitidos, lo cual es prueba suficiente para interpelar al Fiscal por no proceder en tiempo y forma. Pero también, los representantes del Partido Nacional (quien la preside) y de los cuasi-partidos políticos como la Unión Democrática (UD) y la Democracia Cristina (DC), están conformes porque los responsables de la corrupción en el caso sonado de la Cuarta Urna conocido como el “Carretizallo” que involucra al expresidente Zelaya Rosales y su gabinete de gobierno han sido llamados a declarar por los 40 0 50 millones que no aparecen. Con esto último los “cachurecos” buscan nivelar el terreno, ablandando a la dirigencia de LIBRE para debilitar la oposición y las protestas y denuncias por el uso de fondos públicos para campañas políticas.

 Mientras tanto el funcionario que más sabe de la corrupción en el IHSS, Roberto Ramírez Aldana renunció a su cargo de Fiscal y ha sido nombrado como nuevo representante de Honduras al Fondo de las Naciones Unidades para la Educación y la Cultura (UNESCO), con sede en Paris, Francia. Aduce amenazas a muerte, pero también dirigentes políticos opinan que cumplió su ciclo y al gobierno su estadía le trae más perjuicios. Lo que procede es que la Comisión, si sirve para algo, llamé también al Congreso al Fiscal Aldana, ya que después será muy tarde; el olor a gasolina se hará sentir de tanto papel y expediente quemado.

El Partido Nacional y un grupo de abogados están dispuestos a procesar criminalmente al Ingeniero Nasralla por las denuncias de corrupción, pero es una táctica de intimidación ya que las pruebas y los números de los cheques son públicos, incluso algunas copias de ellos ya circular en el Bar más Famoso de la Ciudad Capital “ Tito Aguatacate”.

Más temprano que tarde todo quedará en el olvido y la impunidad paseará por todas las aldeas, barrios, colonias, municipios y departamentos del país, tal como viene haciéndolo desde hace más de un Siglo.

Tegucigalpa, DC, 26 de mayo de 2015