Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos.

Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá…

Eduardo Galeano

Nada es casualidad. El país que protagonizó la primera gran revolución del siglo XX, revolución hecha en defensa de la tierra; el primer país de América Latina en el que, a pesar del robo electoral, la izquierda ganó unas elecciones presidenciales en mitad de la larga noche neoliberal; el país que un año después, en 1989, parió un instrumento político para disputar el poder electoral (mucho antes de que en Venezuela surgiera el Movimiento V República o en Bolivia el MAS-IPSP); el país donde en 1994 hubo un alzamiento indígena y  guerrillero para decir basta al neoliberalismo y sus instrumentos, los tratados de libre comercio; ese país que tiene la desgracia de estar tan cerca de los Estados Unidos, convirtiéndose de facto en su frontera sur, transita hoy en el furgón de cola del cambio de época en America Latina y el Caribe.

La izquierda vive hoy de derrota en derrota en la democracia tutelada en que se ha convertido México. No solo el sistema de cómputo electoral se “cayó” aquella noche del 6 de julio de 1988, sino que la llegada al poder de Salinas de Gortari, redujo las esperanzas de derrotar un sistema que al contrario de lo que muchas veces se especula, no ha producido un Estado fallido sino un engranaje perfectamente diseñado para ponerse al servicio de unas elites políticas y económicas. Ese engranaje tiene grietas (muchas por abajo en forma de permanentes conflictos sociales, ambientales o en el ámbito educativo) que de vez en cuando se ensanchan, como cuando en 2006 López Obrador derrotó en las urnas al régimen del PRIAN; pero de nuevo lo que en cualquier otro país hubiese sido suficiente para que la izquierda gobernase, ganar las elecciones mediante la vía electoral, en México se demostró insuficiente.

A pesar de algunas explosiones movilizadoras en los últimos años, la última de ellas del #YoSoy132, movilizaciones que proviniendo de universidades privadas y mediante el uso de las redes sociales llegaron a amplios sectores de la juventud mexicana, no se ha podido hilvanar una continuidad entre movilización y ruptura.

Pero si esas grietas (que hasta el momento el sistema ha podido asumir) no se ensanchan, este trata de recomponerse y reducirlas. México camina de la democracia tutelada a la democracia administrada[1] en el que la entrega parcial de soberanía se ha consumado mediante el Pacto por México (firmado también por la corriente Nueva Izquierda que domina el PRD), la reforma energética y la reciente ley que permite a agentes estadounidenses portar armas de manera legal en suelo mexicano.

Ayotzinapa y el disciplinamiento mediante el terror

Esta democracia administrada nace en la medida en que México no sufrió, al contrario que muchos países de la región, la imposición de un régimen militar. El PRI gobernó México durante la mayor parte del siglo XX mediante una dictadura institucional en el que se conjugaba el consenso y la coerción, pero la falta de una dictadura militar generó la imposibilidad de una transición, una revolución democrática y cultural que dejara atrás el régimen anterior.

Fue en los 12 años de gobiernos panistas (2000-2012) de Vicente Fox y sobre todo Felipe Calderón, donde el consenso que comenzó a romperse en 1968[2] se quiebra definitivamente y México se sumerge de lleno en una crisis de legitimidad, representación política y seguridad.

La criminalización de la protesta, algo habitual durante la pax social priista, sufrió una vuelta de tuerca bajo la excusa de la guerra contra el narcotráfico, y el capital no encontró otra forma de desarrollar una nueva etapa del neoliberalismo que mediante la doctrina del shock, respaldada por un Estado que garantiza la impunidad. Luis Hernández, basándose en diferentes estudios de grupos de Derechos Humanos, calcula[3] que en los últimos 8 años y bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, 120.000 personas han sido asesinadas, al mismo tiempo que desaparecían a otras 30.000. De Acteal a Tlatlaya, pasando por Atenco, en México se ha fraguado una reactualización del Plan Cóndor que aterrorizó Sudamérica en la década de los 80.

Pero el mismo 2014 en que sucedía la matanza de 22 jóvenes a manos del ejército en Tlatlaya, el terror adoptaba en Ayotzinapa una forma superior. El lugar de las tortugas, según su denominación en náhuatl, pasó a convertirse en el lugar de las torturas, donde se produjo un crimen de lesa humanidad al mismo nivel que los cometidos por los nazis durante el holocausto.

En Ayotzinapa se concentran las peores esencias de un Estado-no-fallido; policía, corrupción y militarismo sumados a la alianza entre la clase política local y el narco. Pero el problema no es ninguna de las anteriores por sí misma, sino la conjunción de todas ellas pasadas por la thermomix del capitalismo, que produce horrores como el secuestro, tortura y desaparición de los 43 compañeros normalistas.

Ayotzinapa, como nos recuerda el EZLN, es una grieta en el sistema. Ayotzinapa supone una anomalía incluso para el horror cotidiano al que estamos acostumbrados en México, anomalía que debe ser utilizada como impulso para articular y cohesionar políticamente a un pueblo frente a las elites políticas y económicas que prefieren ver como se desangra el país que ver reducida su tasa de ganancia. Ese mismo pueblo que se echó a las calles semana tras semana y mes tras mes, pero en forma de multitud, protagonizando marchas multitudinarias donde no se podían identificar organizaciones o líderes de referencia, solo miles y miles de personas marchando.

Tan solo los padres de los normalistas emergieron como única figura legítima y catalizadora del descontento y la rabia. “Fue el Estado” representa el horizonte de interpelación, la posibilidad de transformar la rabia en un movimiento organizado en primer lugar, y en la posibilidad de recuperar un proyecto de nación desde y para las clases populares.

¿Y la izquierda?

La izquierda, la institucional al menos, no está y no sabemos si se la espera. Ningún partido político de la izquierda mexicana pudo tener ningún protagonismo en las marchas de protesta pues de una forma u otra, y en grados diferentes, los principales partidos tenían algún tipo de vínculo con lo sucedido, por acción u omisión. De hecho es significativo que ninguna formación política de la izquierda mexicana haya querido enarbolar la bandera de Ayotzinapa, manteniendo un perfil bajo ante la masacre, pues no cuentan con la legitimidad para representarles ni de los padres ni de la gente que marcha en las calles.

El 8 de junio tocará hacer el recuento de daños tras las elecciones de medio término, y es muy posible que encontremos una izquierda inmersa en la peor crisis de las últimas décadas, con un PRD que no termina de morir (a pesar de que el proyecto histórico ya lo enterraron los chuchos tras la firma del Pacto por México, las elecciones internas y su implicación en los sucesos de Iguala) y un Morena que no termina de nacer (las encuestas le sitúan en torno al 10-12% de intención de voto sin poder arrastrar gran porcentaje del voto cautivo y corporativo que mantiene el PRD, aunque sí sumando el voto de izquierda más ideologizado).

Elecciones que ganará, con un porcentaje superior al 30%, el PRI. Las encuestas le otorgan a todas las “izquierdas” (Morena-PT-MC-PRD) un porcentaje también de en torno al 30%, único dato esperanzador que puede permitir pensar en impulsar algún tipo de confluencia de cara a las presidenciales de 2018.

Dice Luis Humberto Méndez y Berrueta[4] que legitimado o no, el poder en México siempre se ha ejercido, en lo esencial, fuera de la legalidad. En México hoy se ha roto de manera definitiva el vínculo entre legalidad y legitimidad. Ayotzinapa implica el punto de quiebre, y una ventana de oportunidad para construir un proyecto desde abajo, desde las mayorías populares, que interpele el poder establecido todavía bajo un aparente manto de legalidad, y construya un proyecto nacional-popular que luche contra la corrupción y la crisis de legitimidad, representación política y seguridad que vive México.

En memoria de Julio Cesar Mondragón y los 43 normalistas; con todo el cariño y amor para sus familiares

Gracias a Luis Hernández Navarro por la revisión crítica del texto