Mientras los integrantes del gabinete presidencial reciben sueldos y compensaciones sumamente jugosas, miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país carecen de los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Parte de los últimos, son los casi 10 mil jornaleros indígenas que se ubican en el valle de San Quintín, en Baja California, que por décadas --al igual que buena parte de los empleados en nuestro país— carecen de los servicios elementales como trabajadores.

En el papel, el marco legal ampara a quienes intercambian su fuerza laboral a cambio de una suma económica, con prestaciones laborales básicas, que a la postre, garantiza la continuidad del trabajo y la recepción de los recursos económicos del empleado.

Pero en los hechos no sucede así. Como muestra, los campesinos de esta parte de Baja California, que producen millones de alimentos que llegan a mesas en el territorio de los Estados Unidos, se han manifestado para obtener, entre otras, servicio médico, día de descanso, prima dominical y, un pago justo por sus actividades.

Un pequeño grupo logró trasladarse a la ciudad de México, con la intención de llegar con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Osorio Chong; al no lograrlo, acudieron al Poder legislativo; en la Cámara de Diputados el influyente Manlio Beltrones dijo “logramos que autoridades federales los atiendan”.

Y no se equivocó. Este fin de semana los jornaleros indígenas esperaban el arribo del subsecretario de la Segob, Luis Enrique Miranda, pero no acudió. Por el contrario, la fuerza policial a cargo del gobernador Francisco Vega de la Madrid, los reprimió, agredió, y a algunos los arrestó.

Habría que recordar que Vega de la Madrid llegó al poder bajo una alianza entre el PAN y el PRD, con la supuesta intención de quitarle el poder político al PRI en aquella entidad que conecta con los Estados Unidos, pero llama la atención que la propia cúpula del sol azteca se ha manifestado en contra de la represión de la administración del también conocido gobernador.

Este precedente coloca al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a nivel internacional como un trasgresor de los derechos humanos, al igual que en el caso Ayotzinapa, el caso Iguala, o el de la casa blanca. Los jornaleros no piden ningún favor a nadie, solo que se aplique la Ley.

Punto Cero

Los asesores del gobierno federal deben estar en alerta total ya que la imagen de México en el mundo se deteriora cada vez más. Un país corrupto, sin garantías a derechos fundamentales, a grupos vulnerables, represor, le deberían preocupar al propio Enrique Peña Nieto.

Pero parece que principal objetivo, ahora, es preservar el poder. En la víspera de las elecciones intermedias lo que importa es asegurar el voto al partido en el gobierno, El PRI. ¿Lo podrá lograr?, al interior de este partido existen por lo menos tres bandos, quienes se destrozan por lograr el llegar consolidar su propio gabinete presidencial.

- José Víctor Rodríguez Nájera es periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz