Hace dos décadas el sistema empresarial privado se instaló en las universidades públicas, distribuye la ideología neoliberal y entorpece la solución a problemas estructurales pero conservando el cascarón público mediante el uso de los principios originales adaptados a la gestión privada que los hace inservibles con fórmulas de organización, gestión, vigilancia y medición que eliminan la construcción colectiva, la universalidad y heterogeneidad del conocimiento, el respeto por las ideas, el sentido ético y la defensa de la humanidad.

Los hechos crecientes creados con bases de mercado resultan contundentes aunque no resisten el análisis social, político o humano. Las metodologías utilizadas no son neutrales, ponen los medios en el lugar de los fines y ocultan los crecimientos negativos que degradan derechos y socavan la ética y la legitimidad que son pilares de lo público. La privatización en la fase final del asalto a lo público impone el concepto y prácticas de la seguridad en cambio de preocuparse por ampliar y garantizar libertades. A cambio de solución a las desigualdades laborales repite contratos precarios a profesores, funcionarios y trabajadores. A cambio de superar los huecos fiscales y la desfinanciación estructural aumenta la autofinanciación. En lugar de proponerse ganar en legitimidad los gobiernos crean nuevas brechas entre academia y administración que sellan con autoritarismo y restricciones. En lugar de fortalecer las capacidades y riqueza del librepensamiento promueven sumisión y adhesión política.

La ideología neoliberal invalida el análisis por las causas, resalta las consecuencias y omite argumentar porque más corresponde a mejor o porque la calidad es un asunto de indicadores. La realidad estructural muestra a la naturaleza de la universidad pública hondamente debilitada, en riesgo de perder rápidamente lo poco que queda de su existencia publica, lo que no significa desaparecer. En un país todavía en guerra, sin políticas para jóvenes y estos convertidos en problema de 5 que debieran ingresar a la universidad pública solamente uno ingresa y de cada 5 que ingresan 2 deben retirarse por razones económicas, sociales, políticas, culturales, es decir son excluidos del sistema. De cada tres profesores solo uno tiene estabilidad laboral y dos permanecen con contratos temporales precarios sin garantías de estabilidad permanencia y expresión, iguales cifras y condiciones se reproducen con funcionarios y trabajadores, pasando de la lógica de nóminas paralelas a nominas en triple carril. Los salarios a profesores permanece muy por debajo de sus pares de otros países y de cada tres uno realiza alguna actividad de investigación con que carencia de condiciones y garantías sumando a indicadores de ranking pero no creando impactos sociales de transformación. La docencia es reproductiva basada en número de asignaturas y horas clase desde hace cinco décadas. Los recursos presupuestales procedentes de la nación decrecen y son insuficientes empujando a cubrir la desfinanciación estructural con créditos externos, compitiendo con posgrados de régimen privado, ampliando la demanda o vendiendo inclusive su autonomía.

 Los gobiernos imperantes no parecen oír, ver, ni sentir la cotidianidad de las universidades por las que hacen lo que sea para gobernarlas. Allí son frecuentes los obstáculos a la vida intelectual, el stress laboral, las enfermedades físicas y mentales producidas en el ejercicio laboral, las estigmatizaciones, persecuciones, exclusiones, hostigamientos, intimidaciones y discriminaciones a estudiantes, profesores, trabajadores sobre quienes también ocurren montajes judiciales. Hay protestas frecuentes violentamente reprimidas con saldos de mutilados, encarcelados y muerte de estudiantes. Hay impactos negativos por la presión para cumplir metas y aumentar cifras, afectaciones por contratos sin garantías laborales e intervenciones abyectas de sectores y partidos políticos por el control del aparato institucional. Son evidentes las injerencias externas sobre la autonomía, la dictadura presupuestal que ejerce el estado, la perdida de condiciones de calidad académica, el hacinamiento en aulas y oficinas, la destrucción de la estética universitaria, la conversión del campus en zona franca, las disputas por micropoderes y padrinazgos para ocupar cargos, la indiferencia con jubilados que caen al olvido. Las palabras y voluntad del poder convertidas en verdades irrefutables y retrasmitidas por las oficinas de propaganda oficial. Los actores del proceso académico lanzados a la periferia se hacen receptores pasivos de informes parciales emitidos en comunicados en pliegos de peticiones o denuncias públicas debidamente respaldadas por voceros legítimamente constituidos en organizaciones gremiales o estudiantiles.

No hay evidencia de fracasos académicos basados en el hacer intelectual, pero sí esfuerzos para provocarlos y fijar la percepción social de que la universidad pública es costosa, ineficiente e incompetente y una vez desvalorizada la condición intelectual y la importancia institucional vender barato lo que quede. Para el mercado la ciencia es una mercancía, las universidades son empresas, los estudiantes clientes, los profesores funcionarios y subalternos, los funcionarios intermediarios políticos y los directivos gerentes omnipotentes que deciden y mandan de manera vertical y jerárquica sin opción para disentir, menos para oponer o resistir.  Sin embargo mientras se consuma el asalto total, quien gobierne la universidad pública de hoy sin contar su concepción tiene la responsabilidad ética y política de preservarla del acecho del interés privado, salvaguardarla de la corrupción, el maltrato, la discriminación y la tiranía y acentuarla como el lugar preciado de la vida, no de la guerra ni la muerte, ni tampoco servir como medios o agentes liquidadores para llevarla al reino de lo privado que la aniquila.