México

Qué pasa en México (II)

Salvador González Briceño

26/10/2014

Opinión

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Infiltración, ingobernabilidad o Estado fallido

Medidas distractoras o no, la salida del gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, es apenas una muestra de la ineptitud de una autoridad estatal para resolver situaciones de crisis (¡no se diga para prevenirlas!) como la que se generó por el asesinato de tres alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa, y la desaparición de los 43 estudiantes que no han sido presentados con vida hasta la fecha. Pero el asunto no le compete únicamente a un estado sino a la federación en general. Es decir, los acontecimientos de Guerrero son de incumbencia del Estado mexicano.

Ingobernabilidad es el menor de los escenarios que explican lo sucedido. Cuando un gobierno carece de los controles adecuados al interior de su propia estructura, y en su relación con la sociedad —no obstante, en este caso se trata de un “aguerrido” estado— ocurren casos como Ayotzinapa. Porque lo imperante en el ambiente es la “colusión de autoridades”, lazos rotos en el control de actividades ligadas al narcotráfico, desde el momento en que se implica tanto al presidente municipal José Luis Abarca hoy prófugo, como a la esposa del mismo, Ma. de los Ángeles Pineda Villa, como los responsables de la desaparición de los estudiantes.

Injerencia, participación o no de la autoridad estatal, el caso es que como problema municipal debe ser atendido por la autoridad del estado. Lo mismo ocurre con la federación.

El nexo del gobierno municipal con los llamados “guerreros unidos”, una de las diez bandas que controlan las drogas y a su vez mantenían en nómina tanto a dichos funcionarios como a los propios “policías municipales”, es la muestra de que Iguala era o sigue siendo un municipio “infiltrado”, y con autoridades “coludidas”.

No se sabe, ni se ha mencionado hasta ahora, que el hoy exgobernador Aguirre haya tenido alguna relación de este tipo con el crimen organizado. Aún tras la desaparición de los estudiantes. Salvo que el problema no ha sido atendido con la celeridad que ameritaba porque transcurrido un mes no dio resultados. Ello es inaceptable, lo intolerable de los familiares y los propios estudiantes.

Ahora, la colusión como tal de un gobierno con el crimen organizado ya es un síntoma —aparte de criminalidad—, de representatividad. Que puede generar caos social por la falta de respuesta. Aparte problemas de gobernabilidad. Las expresiones de criminalidad, en ambos casos, se presentan ya como una amenaza constante para la sociedad. ¿Por qué Ayotzinapa? Porque su escuela es señalada “semillero de guerrilla”.

¿Es problema solo de Guerrero? No. Ese es el asunto. Cabe aquí la interrogante: ¿cuántos estados más en el país están en esa situación de “infiltración”? No pocos.

Hoy en día ser presidente municipal en México representa un cargo de alto riesgo. Porque padecen el acoso del crimen organizado. No se diga cuando el problema avanza y los gobiernos quedan al servicio de bandas como las del narcotráfico. No se sabe con certeza cuántos de estos gobiernos, particularmente municipales, estarían sometidos. Pero no son pocos.

Esa situación puede catalogarse como de peligro porque se trataría de “narcogobiernos”. Pero eso no alcanza para calificar de “narcoestados” aquellos estados en donde ha florecido el fenómeno criminal, así se trate de algunos como Tamaulipas o Michoacán, por mencionar solo a tres.

Menos para tipificar al Estado mexicano de “narcoEstado”, como suele hacerse desde el exterior. Eso sería empatar la calificación de “Estado fallido”. Tanto como hacerle el juego a los “halcones” estadounidenses que pretenden la afganización/balcanización de México.

Salvador González Briceño

Director de El Día en 2009. Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx

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