¿Les llegó el turno a los campesinos colombianos?
17/10/2014
- Opinión
A propósito del primer Informe de la Misión Rural, presidida por el destacado académico y ex ministro José Antonio Ocampo y con la participación de conocidos expertos, es pertinente una reflexión sobre el mundo rural colombiano y su secular exclusión, que es parte sustancial de la explicación acerca de porque los ciclos de la violencia han estado íntimamente ligados al mundo campesino.
Un punto de referencia son los conflictos agrarios de los años 20s y 30s, ligados unos a la disputa entre colonos que habían tumbado monte para hacer sus parcelas y reales o supuestos propietarios que buscaban su desalojo, otros a la disputa entre aparceros y hacendados por la prohibición de los hacendados a los aparceros de la siembra de café, en estos dos tipos de conflicto lo que estaba en disputa era la posesión y la propiedad de la tierra y un tercer tipo de conflictos alrededor de jornaleros y hacendados, por el valor del jornal. Para hacer frente a esa conflictividad social el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió la Ley 200 de 1936 en la que creó la jurisdicción agraria para darle una salida institucional a estos conflictos, inspirado en la norma constitucional de 1936 que establece la función social de la propiedad y para que los predios rurales fueran adecuadamente explotados.
Posteriormente los efectos de esta Ley de Tierras se fueron marchitando y lo que va a imponerse en buena parte del mundo rural va a ser la lógica del despojo violento de la tierra ligado a las distintas violencias, la de conservadores y liberales, que tuvo como efecto el despojo de miles de predios; más tarde la violencia reciclada de los años 60s y decenios siguientes, va a producir igualmente un despojo masivo de la tierra, especialmente por parte de los grupos paramilitares. A esto hay que decir, se debe agregar el efecto inocuo de la Ley 135 de 1961 o de Reforma Social Agraria que solo hizo una redistribución de la propiedad absolutamente marginal y un poquito de titulación de baldíos.
En los años 70s y siguiendo las políticas del Banco Mundial, se va a implementar, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) que buscaba estimular el desarrollo de los productores campesinos menores de 20 hectáreas con un programa que incluía crédito, asistencia técnica, capacitación, organización para el mercadeo, reforestación y apoyos en construcción de vías, electrificación rural, salud, educación. Pero tuvo un gran fallo, excluir la variable tierra, de hecho el DRI era una especie de sustituto de la reforma agraria que había sido prioritaria en el decenio anterior.
Para la época todavía existía una importante institucionalidad estatal para apoyar al sector agropecuario. Esta fue sistemáticamente demolida en el decenio de los 90s y primera década de los 2000, con el argumento de siempre, que era una burocracia estatal que había que acabar y dejar que la lógica del mercado fuera la que determinará el desarrollo del sector.
Las primeras recomendaciones de la Misión Rural generan una expectativa positiva, incluyen transformaciones institucionales –debemos reconstruir parte de la institucionalidad de apoyo al sector rural que se destruyó-, diseño de modelos productivos incluyentes para los campesinos, eliminación de subsidios directos que ha sido la respuesta fácil pero poco eficaz de los gobiernos frente a la protesta o descontentos rurales, reformas al sistema de financiación del sector rural. Si a eso le sumamos los acuerdos entre Gobierno y FARC para implementar programas territoriales de desarrollo rural integral y abordar el tema de dotación de tierras, de clarificación de la propiedad y titulación -uno de los graves vacíos en el sector rural-, podríamos decir que renace la esperanza para el mundo rural.
El gran reto es la capacidad y voluntad política que tenga el Estado colombiano y sus distintos gobiernos de implementar las políticas públicas y ahí la historia permite ser muy optimistas.
- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.
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