Guatemala

Otra vez la fuerza represora del Estado

Rosalinda Hernández Alarcón

04/10/2012

Opinión

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Garantizar la gobernabilidad no significa reprimir sino atender las demandas sociales.

Pasarán días en los que múltiples voces solicitarán el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la Cumbre de Alaska, Sololá, donde fueron asesinadas seis personas, 31 heridas y otras más intoxicadas. Mientras ello ocurre, es imposible ocultar la indignación y tristeza por la pérdida de vidas, la reiterada negación del Estado a solucionar reclamos comunitarios y las justificaciones de utilizar la mano dura para responder a las protestas sociales.

En este momento cabe señalar algunas falacias pronunciadas por altos funcionarios ex militares o militares en activo, quienes de inmediato dijeron que sus subalternos respetaron la ley y calificaron de ilegales las manifestaciones de los habitantes de los 48 Cantones de Totonicapán, representación indígena ancestral con gran respaldo social.

Los titulares de Gobernación y Defensa aseguraron que sus efectivos carecían de armas de fuego, pero hay muertos y heridos de bala, además fotos que muestran a uniformados armados durante el desalojo de la carretera Interamericana. El ministro Mauricio López afirmó que las autoridades comunitarias de Totonicapán nunca habían solicitado diálogo, hay fuentes que confirman que desde meses atrás los cantones habían solicitado diálogos para detener los elevados cobros que hace la Distribuidora de Electricidad de Occidente.

Al escuchar al presidente Otto Pérez y el ministro López, es imposible dejar de ubicar algunas similitudes entre hoy y el ayer de la guerra contrainsurgente. Los planes militares de los años ochenta se referían al control de la población y el territorio, respaldaban las fuerzas de tarea, las operaciones sicológicas y la reorganización del ejército; además de impulsar las paramilitares PAC. En la actualidad, el gobierno aliado de manera abierta con las grandes empresas exportadoras trabaja para subordinar a la población a fin de que acepte su modelo basado en la explotación de recursos naturales; quienes opinen lo contrario son considerados “enemigos de la gobernabilidad y el desarrollo”, antes les llamaron “enemigos internos”.

Gobierno y empresarios se ufanan de las fuerzas de tarea y la instalación de nuevos destacamentos, así se confirma en San Juan Sacatepéquez. Además coinciden que lo primordial es garantizar la libre locomoción, cueste lo que cueste, aunque existen retenes militares o policiales que impiden el paso donde ellos consideren necesario o finqueros cierren caminos a su antojo con toda libertad.

En mayo de 2012 se estableció un Estado de Sitio en Barillas, Huehuetenango, como medida para garantizar la “gobernabilidad”, sus habitantes recordaron la época en que militares cometieron una serie de abusos, como las agresiones sexuales contra mujeres. Habitantes de Totonicapán hoy recuerdan cómo el terror se implantó en 2001, cuando igual ahí se decretó un Estado de Sitio, siendo Ríos Montt presidente del Congreso. Retomo las palabras de Gladis Tzul, lo ocurrido en ese entonces y el jueves pasado “representan una clara muestra de la fuerza represora del Estado contra las manifestaciones y demandas de los pueblos indígenas”.

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