Hacia la regulación de las drogas ilícitas

Marco A. Gandásegui h.

19/07/2012

Opinión

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No existe un “buen” prohibicionismo ni la mejor “guerra contra las drogas”, advierte Juan G. Tokatlián, sociólogo colombiano. Todo intento por confundir el actual debate sobre despenalización con la legalización busca generar miedo a nivel del ciudadano. En mi artículo publicado la semana pasada hice referencia a las políticas represivas antidrogas - a escala global - de EEUU. Estas sólo contribuyen a aumentar el tráfico de los ilícitos, incrementan el lavado de dinero y provocan la pérdida de más vidas inocentes. Ahora corresponde analizar una posición que presenta una alternativa viable para enfrentar el flagelo de las drogas ilícitas y el lavado de dinero.

Según el Informe Mundial de las Drogas de 2011, preparado por la ONU, en el mundo hay cerca de 200 millones de personas que consumen drogas. De acuerdo con el informe, los que abusan sistemáticamente del consumo de marihuana, cocaína, heroína o metanfetaminas suman entre 15 y 39 millones de personas. Representan mucho menos que el uno por ciento de la población mundial. El informe de la ONU afirma que hay 150 mil hectáreas de coca sembradas. No hay datos precisos sobre la marihuana cuya producción se concentra en EEUU. El lavado de dinero se ubica entre el 2 por ciento y el 5 por ciento del producto (económico) mundial. Es decir, entre 800 mil millones de dólares y dos millones de millones de dólares.

Según Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella en Buenos Aires (Argentina), los grupos sociales (personas) afectadas directamente con las prácticas coercitivas y persecutorias son los campesinos y trabajadores temporales vinculados al cultivo de plantíos y al levantamiento de las cosechas. Igualmente, los indígenas y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas de erradicación forzada y química de plantaciones. Los habitantes de barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales violentas en la que participan traficantes adiestrados, cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones criminales. Los jóvenes que son víctimas de luchas entre mafias y tantos otros que constituyen el eslabón débil de una cadena que culmina en un negocio lucrativo para unos pocos.

El análisis de Tokatlián demuestra que los grupos vulnerables terminan muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una vida digna. Los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas y también de su fama social entre clases pudientes que suelen darles la bienvenida a los “nuevos ricos”. Se benefician de su inserción económica y política y ante un Estado parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales. La dualidad prohibicionista sólo ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales. Por ello, no existe un “buen” prohibicionismo ni la mejor “guerra contra las drogas”. El problema no se puede retocar parcialmente, hay que reformularlo.

Hay que distinguir entre legalizar y despenalizar, dice Tokatlián. Despenalizar es distinto a legalizar. La legalización implica la liberalización completa de las drogas. Puede determinarse legal el consumo de una o varias drogas o establecerse la legalidad de toda la cadena vinculada al fenómeno de las drogas. La despenalización, por su parte, es una iniciativa que modifica específicamente la legislación de drogas. Pueden despenalizarse algunas drogas (por ejemplo, Holanda despenalizó las llamadas drogas “blandas” como la marihuana) o todas (por ejemplo, Portugal). Pueden establecerse topes precisos a la dosis personal. Por ejemplo, la República Checa contempló la despenalización siguiente: hasta 15 gramos de marihuana, 1,5 gramo de heroína, un gramo de cocaína, dos gramos de metaanfetamina y cinco píldoras de éxtasis.

¿Qué se puede hacer? Tokatlián propone tres ideas: En primer lugar, hay que poner fin a la persecución criminal de la ciudadanía. Hay que cuestionar la legislación contra las drogas ilícitas que entran en contradicción con el régimen de derechos humanos, con el de medio ambiente y con el de salud, entre otros.

En segundo lugar, agrega el sociólogo colombiano, es bueno tener en cuenta que la mejor política antinarcóticos es una buena política pública en materia de educación, empleo, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, relaciones cívico-militares, entre otras. El problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican. De lo contrario, se tenderá a reforzar la idea de que se necesita un arsenal de medidas cada vez más punitivas para afrontar los dilemas derivados de la cuestión de las drogas. Por último, la polémica prohibición o legalización es ideológica y puede volverse cada vez más dogmática. Una alternativa para evitar una controversia frustrante es mediante la consideración de una política de regulación modulada.

Hay que diseñar y ejecutar un tipo de regulación específica por droga de acuerdo con los daños que cada sustancia psicoactiva ilegal causa. En consecuencia, se busca desagregar el universo de las drogas ilícitas existentes, pues no todas son idénticas en su naturaleza y efecto. Por lo tanto, se requiere el establecimiento de distintos regímenes de regulación, concluye Tokatlián.

Panamá, 19 de julio de 2012.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.

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