Votación fue de nueve de los quince magistrados de la CSJ en favor de los militares
No extradita a acusados Caso Jesuitas
08/05/2012
- Opinión
El estado salvadoreño no concederá a España la extradición de 13 ex militares acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, según confirmaron a este medio, fuentes del Órgano Judicial que prefirieron el anonimato.
De acuerdo a las fuentes, la resolución fue tomada la tarde de este martes en Sesión de Corte Plena, con los votos de nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin que todavía se determine quienes votaron a favor.
Otros medios de comunicación recogen las declaraciones del Magistrado Ulises Del Dios Guzmán, quien fundamentó que Corte Plena se basó en el artículo 28 de la Constitución, para no concederle la extradición de los querellados al gobierno español.
El artículo interpretado por el magistrado, menciona: “La extradición no podrá estipularse respecto de nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos, resultaren delitos comunes".
El pasado 9 de enero, el gobierno español trasladó al salvadoreño, el pedido de extradición contra los ex militares, quienes presuntamente encabezaron a un comando especial de las Fuerzas Armadas que incursionó en el campus de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
En el operativo militar del batallón Atlacat fueron masacrados, además de los seis ordinarios de la Compañía de Jesús, una de sus empleadas y la hija de ésta. Días y horas antes del crimen en las radios oficiales se acusó a los jesuitas de ser instigadores de la guerrilla.
El caso es llevado en la Audiencia Nacional de España por el juez Eloy Velasco, a pedido de los familiares de los clérigos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno, todos de nacionalidad española.
El sacerdote jesuita salvadoreño, Joaquín López; y así como la colaboradora de ellos Elba Ramos y su hija, Celina, también fueron masacrados.
Posteriormente, el pedido de extradición de parte de España, recayó sobre los ex oficiales Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Avalos, Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Zarpate Castillo, Juan Rafael Bustillo, Joaquín Arnoldo Cerna, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Mauricio Guzmán, Humberto Larios y Oscar León Linares.
En su momento, la magistrada Mirna Perla manifestaba a ContraPunto, que el dictamen final sobre este caso sería la denegatoria del proceso de extradición, alegando que la mayoría de sus compañeros de Corte Plena defienden a los ex militares acusados.
En agosto y octubre de 2011, la CSJ determinó que no procedía la detención con difusión roja girada por Interpol para una veintena de militares retirados, que están implicados en España por la masacre de los sacerdotes jesuitas.
En aquel entonces, mientras el recurso era conocido en el Órgano Judicial, los ex militares evadieron la difusión roja, resguardándose en la Brigada de Seguridad Militar, la cual ha sido definida como el organismo encargado de administrar jurisprudencia al interior de la Institución Castrense.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuellar, no se mostró sorprendido ante la decisión y la enmarcó en lo que llamo “reajustes de los poderes fácticos para evitar el desorden de una Sala de lo Constitucional que intentaba echar a andar los verdaderos cambios en el país”.
A pesar de esto, Cuellar reparó en que las órdenes internacionales de captura dictaminadas por Interpol, todavía están vigentes contra los ex militares, por lo que observa que “tendrán como cárcel los 20 mil y pico de kilómetros cuadrados de este país”.
Igualmente destacó que el caso Jesuitas sigue en instancias internacionales, mencionando la demanda interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el proceso por fraude migratorio que se le sigue en Estados Unidos a Inocente Montano, otro de los acusados en la masacre.
“Es la luz al final de túnel que nos ayudará a salir de una situación en la que seguimos en guerra, luego de más de 20 años” (…) “Con esto no nos derrotan, nosotros seguimos adelante”, sentenció Cuellar.
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