En junio del 2011, el gobierno de Alan García se “acordó” de decenas de miles de peruanas y peruanos víctimas de la violencia política entre los años 1980 y 2000. Recién al irse emitió el Decreto Supremo 051-2011-PCM mediante el cual se regula el Programa de Reparaciones Económicas establecido años atrás para reparar, en parte, el impacto de la violencia sobre la población, por el terror iniciado por Sendero Luminoso y el MRTA, y una estrategia antisubversiva implementada con alto costo social.

 

De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) apuntó que los muertos y desaparecidos podrían llegar a 69.000 personas. Un 46% causados por Sendero Luminoso y un 30% por agentes del Estado. Hasta diciembre del 2011, el Consejo de Reparaciones había registrado 142.994 víctimas vinculadas a 20.674 muertos, 6.526 desaparecidos, 1.955 víctimas de violencia sexual, 588 víctimas con discapacidad y más de 44.000 afectados por desplazamientos, prisión injusta, etc.

 

Pero el DS de García trató a las víctimas como ciudadanos de tercera, como despreciables “perros del hortelano”, y su DS resultó ser solo una suerte de burla a las víctimas, más allá de que nunca cumplió con el personal de las FFAA y PNP, afectados en sus derechos y con las bonificaciones que les corresponden. A los civiles dispuso darles una “reparación” de cerca de S/. 10.000 soles por familia en cada caso, incluyendo cónyuge, padres e hijos. Y encima dispuso cerrar el registro para compensaciones a partir de diciembre 2011. Ello elimina el carácter permanente del Registro Único de Víctimas reconocido en el reglamento que aprobó el Plan Integral de Reparaciones, e implicaría cerrar el paso a 23.000 solicitudes pendientes de calificación.

 

La decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones de víctimas que demandan el cambio del DS 051-2011-PCM. Y el entonces primer ministro Lerner lo sostuvo y prometió, a nombre del gobierno, aumentar las reparaciones a las víctimas a unos S/. 38.000, como ocurre con los familiares de las víctimas de los Comités de Autodefensa.

 

Y hoy la metodología reduce la reparación económica a niveles insignificantes si el número de familiares es grande. Por ejemplo, en el caso de Lucanamarca (Ayacucho), si se toma la metodología y el monto indemnizatorio del DS, aplicado a algunas familias con siete miembros, haría que cada hijo reciba S/. 714. ¡Un absurdo! Y que quede claro: los familiares de terroristas están excluidos de reparación, como estuvo siempre definido.

 

El grosero DS 051 debe ser modificado. Hubo compromisos en la campaña y del mismo gobierno vía Lerner. Es hora de cumplir como en muchos otros casos, como el de aumentar el Salario Mínimo Vital o descriminalizar la lucha social en lugar de seguir con niveles de conflictos activos y desatendidos parecidos al periodo de García.

 

Por ello hemos presentado un proyecto de ley en favor de las víctimas y sus derechos. Por palabra empeñada y por justicia. Han pasado más de 30 años desde que se inició el conflicto interno y 20 años de la captura de Abimael Guzmán, sin que la mayoría de familiares de las víctimas hayan recibido una reparación que las redignifique como ciudadanos peruanos. Peor aún, muchos de los beneficiarios fallecen por su avanzada edad sin recibir reparación alguna (padres, madres y cónyuges de las víctimas).

 

Ya es tiempo de ser coherentes y no seguir tratando a las víctimas como ciudadanos de segunda o tercera. La mayor parte de ellos corresponde a aquellas poblaciones más vulnerables y que padecieron la violencia en su manera más cruel. ¿De qué nos sirve declarar un día contra el terrorismo si no tratamos con dignidad a las víctimas o al personal de las fuerzas del orden con discapacidad y viudas? El Libro 1 del Registro Único de Víctimas anota 66.892 familiares directos de muertos o desaparecidos, pero solo 1.923 beneficiarios habían recibido reparación económica. Es decir, solo un 2,8% del total del universo que deben ser reparados. ¿Hasta cuándo?