Las negociaciones sobre cambio climático, que se llevan a cabo en Durban, Sudáfrica, desde el 28 de noviembre, entran esta semana en la fase de negociaciones políticas de alto nivel. Si bien parece perfilarse una postura mayoritaria de que Durban no debe significar el sepelio del Protocolo de Kioto, bien podría ser -como señaló un representante de Greenpeace- que éste termine en la unidad de cuidados intensivos.

 

Hay dos temas centrales y cruciales en los debates en esta Conferencia de las Partes (COP17): la renovación de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco del Protocolo de Kioto, cuyo primer periodo vencerá en 2012; y los mecanismos y fuentes financieras del Fondo Verde Climático (FVC), considerado indispensable para la implementación efectiva de otra serie de acuerdos y mecanismos, como los planes de adaptación, mitigación y transferencia tecnológica para que los países en desarrollo puedan enfrentar el cambio climático.

 

Voceros de la sociedad civil y movimientos sociales presentes en Durban están escandalizados por la aparente falta de voluntad política de algunos de los actores más potentes de comprometerse con acciones contundentes y a corto plazo, ya que la situación actual y las amenazas de catástrofes exigen respuestas urgentes. Los plazos y metas necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel más sostenible ya fueron reconocidos por la comunidad internacional en años anteriores.

 

El lunes, Nicolas Stern (autor del Stern Review sobre la economía del cambio climático), en una rueda de prensa, recordó las cifras: en los próximos 40 años, se tendrá que reducir las emisiones del nivel actual de unos 50 mil millones de toneladas anuales, a menos de 20 mil millones, para tener la posibilidad (aunque no la seguridad) de mantener el calentamiento global promedio por debajo de los 2 grados. Al mismo tiempo, 6 de los 7 mil millones de habitantes actuales del globo requieren de un crecimiento económico para satisfacer sus necesidades básicas, recordó.

 

No obstante, hasta ahora ni siquiera se han cumplido las metas globales -poco ambiciosas- de reducir las emisiones globales en un 5% hasta 2012 (sobre los niveles de 1995). Un estudio difundido por el Global Carbon Project a fines de noviembre revela que en 2010, las emisiones globales de carbono aumentaron en 5,9%, el mayor aumento anual registrado hasta ahora. El promedio de la última década ha sido un crecimiento del 3% anual, comparado con cerca de 1% en los años 90.

 

A pesar de esta situación, no se percibe en Durban un sentido de urgencia por parte de los grandes actores; incluso la mayoría de propuestas en discusión hablan de al menos ocho años más para seguir negociando, antes de asumir compromisos más radicales.

 

 

Los países del ALBA, que han venido concertando posturas comunes, expresaron públicamente sus preocupaciones con el estado de las negociaciones. “No hemos visto avances significativos en el Protocolo de Kioto y eso todavía nos preocupa”, señaló en rueda de prensa la jefa de la delegación venezolana, Claudia Salerno. Los países del ALBA están comprometidos en buscar “un resultado que sea significativo para el planeta”, lo cual implicaría compromisos substanciales de reducción de emisiones, y a corto plazo. “Si las fechas críticas se establecieron en el año 2009, no entendemos cómo ahora ciertos países desarrollados planteen hojas de ruta que pueden tomar muchos años y que concluirían quizás con mucha esperanza en el 2020”, puntualizó.

 

Paul Oquist, ministro de la Presidencia para Políticas Nacionales de Nicaragua, respondiendo a una pregunta de ALAI, señaló que los países con responsabilidad histórica para las emisiones, y que tratan de evadir su responsabilidad civil por los daños causados a los países en desarrollo, ahora podrían sumar una nueva responsabilidad histórica: el de decretar una década perdida. “No lo podemos aceptar”, sentenció.

 

En los últimos días, China modificó su posición al decir que podría aceptar nuevos compromisos vinculantes a partir del 2020, pero estableció cinco condiciones. Por su parte, Japón, Canadá y Rusia han dicho hace algún tiempo que no participarán en un nuevo periodo de compromisos, pero también han señalado que no obstaculizarán un nuevo acuerdo.

 

En cambio Estados Unidos, que ni siquiera firmó el Protocolo, viene planteando medidas dilatorias y buscando debilitar los acuerdos, como lo denunciaron miembros del Climate Action Network. Nuestro mensaje a Obama, dijo Kumi Naidoo, es que si no puede lograr que su equipo acá en Durban cambie su actitud negativa, entonces “que se haga a un lado para dejar que el resto del mundo avance”. Jim Leape agregó que “ninguna de las soluciones actualmente en la mesa nos salvarán de la tragedia”, y que falta ambición y voluntad política.

 

En entrevista con ALAI, el jefe de la delegación boliviana, René Orellana, identificó como principales obstáculos a superar, primero “que el segundo periodo de compromisos se dé sin condicionamientos”, es decir que los compromisos no deben ser negociables a cambio de algo, sino que son “una responsabilidad moral y ética”. Y segundo, que los países desarrollados que no entren al segundo periodo de compromisos “admitan, acepten y decidan tener un sistema de cumplimiento de sus ofertas de reducción”. Ello implica que sus ofertas de reducción (voluntarias) permitan cuantificar la reducción de emisiones, con “un sistema de control riguroso y un sistema punitivo”, en caso de incumplimiento. Bolivia ha presentado una propuesta en este sentido a la Conferencia, pues, según los actuales textos en debate, mientras que la mayoría de países, que sí aceptan compromisos vinculantes, se someterían a un sin fin de controles, monitoreos, restricciones y verificaciones, hasta ahora no se contempla nada similar para los países con metas voluntarias.

 

En los pasillos se comenta que probablemente algún tipo de acuerdo saldrá de Durban que mantenga en vida el Protocolo de Kioto, mientras se siga negociando un instrumento más contundente; pero hay poco optimismo que pueda estar a la altura de lo que el planeta y la humanidad requieren, ni con la urgencia necesaria.

 

 

La creación del Fondo Verde Climático ya fue acordada en Cancún, y durante el año se ha avanzado en definir el marco operativo, pero aun persisten marcadas diferencias sobre algunos aspectos. Se da por sentado que se llegará a un acuerdo sobre los mecanismos; no obstante, poco se está discutiendo las fuentes para llenar el fondo. Para los países del ALBA, se requieren compromisos claros y obligatorios de los países desarrollados. Ya se ha visibilizado el fracaso de los mecanismos voluntarios, afirmó Oquist.

 

Por su parte, Ecuador ha sometido a la conferencia una propuesta de monitoreo y verificación para los mecanismos de financiamiento, para saber cómo se están ejecutando los fondos comprometidos. De los fondos Fast Start establecidos en Copenhague hasta 2012, “ni el 9% han sido invertidos en los países en desarrollo”, destacó la ministra del Patrimonio, Mará Fernanda Espinosa. “Lo que vemos es una serie de baúles vacíos de recursos, pero llenos de retórica”, denunció. Esto deja en entredicho otros acuerdos de Cancún, cuyos mecanismos se están afinando en Durban, como adaptación, iniciativas REDD, mitigación, porque quedarán desfinanciados.

 

La posición de Bolivia en estas negociaciones se alinea con los demás países del ALBA presentes.  No obstante, afirma no haber dejado de lado los compromisos de Tiquipaya (Conferencia Mundial de los Pueblos, 2010). En este marco, señaló René Orellana, Bolivia ha presentado una propuesta muy rigurosa de manejo sustentable de los bosques, sin los mercados, que contempla la captura de carbono pero también una visión más integral, como espacio de vida que incluye alimentación, biodiversidad, agua. Algunos países han expresado interés, dice, pero la mayoría de países no han dado señal al respecto.

 

En otro tema, consecuente con el rechazo a los mercados como mecanismo de financiamiento expresado en Tiquipaya, se ha presentado una propuesta de impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a los buques de navegación internacional y la aviación (que no responden a ningún país). Esto se está negociando y Bolivia tiene esperanzas de que sea incluida.

 

En cuanto a si habrá una segunda Conferencia de los Pueblos, Orellana respondió que son los movimientos sociales del mundo los que tienen que definirlo: “Esa conferencia ya tiene que ser apropiada por ellos y ya no por un Estado. Nosotros por supuesto lo apoyamos,” acotó.