En los últimos cinco meses el mundo entero fue testigo de la capacidad de movilización de los estudiantes chilenos en su lucha por una educación más popular e inclusiva.

 

Como en todo reclamo por conquistas sociales de semejante envergadura, los manifestantes contemplaron varios cursos de acción. Uno de los más utilizados por los estudiantes fue la toma de establecimientos educativos, con el fin de paralizar el sistema en su conjunto. Esta modalidad representa una manera efectiva de incluir a toda la comunidad universitaria o escolar, en la problemática que afecta a todos, aunque no siempre de manera tan directa.

 

En consecuencia, el presidente chile Sebastián Piñera -que las últimas semanas abogara por el diálogo y el consenso- adoptó un giro repentino –aunque esperable- en su formal manera de proceder.

 

En efecto, el mandatario anunció que impulsará una reforma del Código Penal cuya intención de fondo fue leída como una búsqueda por transformar en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales; ya sean fiscales, municipales o privados.

 

" El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales", advirtió el presidente.

 

Al detallar el proyecto que apunta a endurecer las penas contra los “encapuchados” y establece la figura de saqueo el mandatario explicó que “ya no será gratis atentar contra la propiedad pública y privada ni un simple control de identidad y al día siguiente todo igual”.

 

El anuncio se produjo a sólo tres días de instalarse formalmente la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes para debatir, básicamente, sobre la demanda de gratuidad de la educación pública.

 

Tampoco se debe olvidar que las movilizaciones derribaron a un 22 por ciento la popularidad de Piñera, mientras que los estudiantes aumentaron a un 89 por ciento el apoyo ciudadano a sus demandas.

 

El proyecto del presidente Sebastián Piñera incorpora nuevas figuras delictuales como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos: transportes, salud o agua potable. También regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar encapuchado.

 

 

Giorgio Jackson, uno de los voceros del movimiento estudiantil y presidente de los estudiantes de la Universidad Católica sostuvo que las ocupaciones de los institutos han sido pacíficas, por lo que “no se ve por qué las tomas tengan que ser penalizadas con sanciones que oscilan desde 541 días a los tres años de cárcel”, como lo propone el proyecto presidencial.

 

Camila Vallejo, la presidenta de la Confederación Chilena de Estudiantes (Confech) no pudo evitar comparar estas medidas con la época de Pinochet: “De alguna forma nos volvemos a acercar a este terrorismo de Estado, que ya se ha venido evidenciando con secuestros, torturas, represión, infiltraciones en las manifestaciones. Y no puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea entendida como un acto de vandalismo que es condenable"

 

 

“Es un paso importante en el compromiso que adquirimos: tipifica en forma clara y precisa los delitos contra el orden público, que ‘desgraciadamente no estaban bien definidos’”, señaló el mandatario.

 

Recordó luego, que esos delitos “venían de 1874 con una descripción vaga e imprecisa que muchas veces lograba que los criminales salieran con total impunidad”, y asegurando de paso que las penas ahora serán “más duras y rigurosas”.

 

Y su declaración más tajante sin dudas fue cuando admitió que para él se trata de una “batalla” que tiene que darse “todos los días y noches, sin cuartel, sin contemplaciones, sin dudas, porque estamos haciendo lo correcto: defender a los inocentes y castigar a los delincuentes”.

 

No obstante, es válido recalcar la existencia de muchas voces que se oponen al proyecto oficial, que desbordan al movimiento estudiantil. Y aquí también se materializa ese apoyo en aumento que fueron cosechando tras largos meses de movilización.

 

Piñera critica insistentemente a los jueces por dejar en libertad a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas estudiantiles, y a los fiscales, por “la ineficacia con la que persiguen a los delincuentes”.

 

José Delgado, el dirigente regional de los jueces, respondió señalando que será el Congreso el que debe decidir sobre el proyecto del presidente, pero advirtió que “seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido”.

 

Luego remarcó que la legislación procesal chilena “es un ejemplo a nivel latinoamericano (...) por lo que me parece que hacer más cambios es apuntar mal al problema, hay que centrarse en la prevención del delito y no en la reacción penal o la modificación de las leyes procesales”.

 

El propio alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, un crítico acérrimo de la ocupación de colegios, advirtió que “es muy complejo aplicarles penas de cárcel a los niños que toman los colegios”.

 

Hugo Llanos, nada más y nada menos que el presidente nacional de los magistrados, fue más duro y calificó las críticas como “improcedentes, por inmiscuirse en las facultades de otro poder del Estado”.

 

“Son infundadas, porque la persecución penal de los delitos corresponde a otros órganos del Estado”, en alusión a los fiscales, señaló Llanos.

 

Es válido retomar dos ideas: primero que siempre se evita hablar de intervención estatal o de violación de la independencia de poderes republicanos, cuando se trata de una medida que implica la quita de garantías civiles.

 

Solamente vale la pena denunciarlo cuando se trata de medidas populares tomadas por los gobiernos partidarios de la unidad continental, como fue el caso de la reforma de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue blanco de innumerables críticas por violar supuestamente la independencia de poderes.

 

Segundo, que otra vez se confunde causa con consecuencia. Se apunta a fulminar la toma de establecimientos educativos como si fueran hechos aislados, que no poseen correlato con ninguna problemática social que le de origen.

 

El economista chileno Hugo Fazio mencionaba que la primera acción para resolver la problemática era comenzar por aumentar el presupuesto en educación. Entendiendo que el conjunto de problemas estructurales de Chile, no se resolverán de un día para el otro, si es necesario mostrar avances en cuanto a expandir el abanico de posibilidades de acceder al sistema educativo.

 

Sin embargo, Piñera parece hacer una lectura totalmente al revés, y decide comenzar por la desembocadura del problema, el modo de protesta, en lugar de atacar al corazón, el desmantelamiento del sistema educativo.

 

Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.

 

Sólo el 40 por ciento de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario directamente no se contempla la gratuidad.

 

Y para aumentar los pesares de Sebastián Piñera, del otro lado de la Cordillera existe un país dónde –en materia educativa- todo funciona a la inversa de su pensamiento y nutre de ejemplo a la protesta estudiantil chilena.