Gobernabilidad e Internet (II)

María Cristina Rosas

23/09/2011

Opinión

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Hay otras formas en que la red es regulada por los gobiernos, una de las más evidentes, la negación de información a través de filtros. Mucho se ha criticado, por ejemplo, a la República Popular China, por estas prácticas, que, a los ojos de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, constituyen una muestra más del autoritarismo y la represión imperantes en aquella federación. Sin ir más lejos, recientemente se divulgó que en 2010 Beijing cerró más de un millón de sitios de Internet.1 Sin embargo, las naciones occidentales más “democráticas” y “respetuosas de los derechos humanos” cotidianamente bloquean y filtran información, negando a los usuarios, el acceso a la misma. “La filtración puede ocurrir de diversas formas, aunque la más común es la inserción en el software de rutas de información a lo largo de los senderos de Internet, de dominios prohibidos, palabras clave, direcciones de IP, o de URLs. Esto significa que cualesquiera de los nodos principales (…) es un sitio potencial para el control de los flujos de información”.2

En contraste con el análisis de Deibert, J. P. Singh sostiene que las crecientes interacciones que se producen en el ciberespacio modifican y, de hecho, reconstituyen las identidades de las cosas y los actores, generando una suerte de metapoder. Asimismo postula que en la red se libra una gran batalla: por una parte entre las empresas, que buscan el apoyo de los Estados más poderosos –léase Estados Unidos–, para preservar un orden particular que beneficie sus intereses; mientras que por otro lado se encuentra la sociedad civil global, la que lucha por definir un concepto alternativo de relaciones multilaterales con o sin la ayuda de los Estadosnaciones. Al orden propuesto por las empresas –con el apoyo de los gobiernos– Singh lo denomina multilateralismo estatista, en tanto que al orden impulsado por las organizaciones de la sociedad civil se le define como multilateralismo en red.3

A través de dos estudios de caso, Singh refiere la manera en que esta lucha afecta a la agenda de la seguridad en el mundo. El primer caso que analiza es el de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI o WSIS por sus siglas en inglés) que desde 2001 ha tratado de enfrentar la hegemonía y el control que ejerce la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (CIANN o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) que es respaldada por Estados Unidos. El segundo caso, muy delicado, por cierto –y que es producto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra los estadounidenses– es la insistencia por parte de Washington, de que las aerolíneas comerciales les entreguen información sobre sus pasajeros a las autoridades de E.U. antes de aterrizar en su territorio. En el primer caso, como se explicará a continuación, se han impuesto los intereses comerciales al amparo del apoyo de una gran potencia. En el segundo caso, que será motivo de análisis en otra oportunidad, los intereses comerciales, a regañadientes, han debido acceder a las presiones de Estados Unidos que se amparan en la agenda estadounidense de seguridad. 4

El desarrollo de la CMSI merece un análisis pormenorizado que rebasa las posibilidades de la presente reflexión. Sin embargo, vale la pena recordar que dicha cumbre fue el resultado de una resolución (la 56/183) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 21 de diciembre de 2001, a unos meses de los ataques terroristas contra Estados Unidos.

En dicha resolución se aprobó la creación de la CMSI en dos etapas: la primera, en un encuentro celebrado en Ginebra, Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003 y la segunda, en Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005. Cabe destacar que la organización de la cumbre recayó en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de la ONU.

En la primera fase se buscó redactar y generar una declaración de voluntad política y buena fe, a través de medidas concretas para preparar los fundamentos de la sociedad de la información para todos, que incorporara los distintos intereses en juego. A la reunión, que se desarrolló en Ginebra, asistieron alrededor de 50 jefes de Estado o de gobierno y vicepresidentes, 82 ministros y 26 viceministros procedentes de 175 países, además de que también concurrieron representantes de organismos internacionales, empresas y de organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos aprobaron la declaración de principios y el plan de acción de Ginebra.

En la segunda fase, el objetivo central era poner en marcha el plan de acción de Ginebra y hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet, mecanismos de financiamiento y el seguimiento y la aplicación de los documentos de Ginebra y Túnez. A la reunión de Túnez asistió medio centenar de jefes de Estado o de gobierno y vicepresidentes, además de 197 ministros, viceministros y subsecretarios de 174 países, más representantes de organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, quienes apoyaron el compromiso de Túnez y su programa de acción para la sociedad de la información.

Antes de continuar con la evaluación de los resultados de la CMSI es pertinente explicar la importancia de la ICANN, sobre la que existen muchos mitos. La ICANN se define como una entidad no lucrativa creada el 18 de septiembre de 1998 con sede en Marina del Rey, California, Estados Unidos. En su página web (http://www.icann.org/en/about/ ) afirma que su razón de ser es mantener una Internet segura, estable e interoperativa. Aclara que no se propone controlar los contenidos en la red, como tampoco puede detener el spam ni se involucra con el acceso a la red. Su surgimiento fue producto de una pugna entre la propuesta de una coalición global que favorecía una gobernabilidad internacional de la red a través de la sociedad civil, y la de los intereses industriales privados, respaldados por Estados Unidos, que temían la pérdida de privilegios si Washington no se involucraba en esta entidad. Al final, por supuesto, se impuso la segunda y se mantiene, a pesar de que, a todas luces, la CMSI se proponía retomar ese debate generado en los orígenes de la ICANN.

Por lo tanto, no debe sorprender el fracaso de la CMSI. Hay quienes señalan que la agenda de Túnez estaba sobresaturada y que dada la variedad de temas y de actores fue muy difícil llegar a cualquier consenso. Hay también quienes sostienen, sin embargo, que este fracaso no es culpa ni de la CMSI ni de la UIT sino del poder que poseen la ICANN, Estados Unidos y la comunidad empresarial internacional. Se cuenta, por ejemplo, que Google estaba muy preocupado por la posible pérdida de autoridad de la ICANN, dado que ello podría derivar en la fragmentación de los nombres de los dominios, reduciendo la interoperatividad en la red.5

Con todo, uno de los rubros en los que la CMSI tuvo un relativo éxito fue en llamar la atención acerca del dominio que ejerce Estados Unidos en la asignación de nombres de dominios y la falta de consultas a nivel internacional en el proceso. Numerosos países en desarrollo han denunciado la lentitud con la que la ICANN procesa la asignación de nombres de dominios multilingües. Tanto el ICANN como el gobierno de Estados Unidos tomaron nota, pero, fuera de ello, la sensación que deja la CMSI es que a pesar de la cuestionada legitimidad de la ICANN, ésta mantiene el dominio en la gobernabilidad de Internet con el apoyo de Estados Unidos, mientras que los países en desarrollo y las representaciones de la sociedad civil, en general perciben que una vez más sus voces no son escuchadas.

Hay otras esferas, a propósito de la gobernabilidad de Internet, que son dignas de mención, en particular las que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual y los llamados conflictos de jurisdicción. A propósito de los derechos de propiedad intelectual, los intentos para normar su protección en los entornos virtuales encuentran algunas pautas en la Convención de Berna6 y en el acuerdo de medidas de propiedad intelectual relacionadas con el comercio (TRIPS) emanados de la Ronda de Uruguay del extinto Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).7 “Sin embargo, debido a que los regímenes legales difieren marcadamente en cada país, resulta difícil tratar de establecer un marco de referencia internacional para la protección, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Entonces, el tema en cuestión consiste en decidir cuál será el marco de referencia y las normas de protección que se convertirán en el modelo internacional”.8

Relacionados con la problemática anterior figuran los conflictos de jurisdicción, dado que no es tan sencillo, cuando surge un conflicto en la red, determinar la jurisdicción aplicable, problema que, al menos en parte, deriva de la falta de una regulación uniforme en el derecho internacional privado.9 Al respecto, existen diversas propuestas encaminadas a resolver esta problemática, mismas que pueden ir desde el acuerdo previo, entre los países, respecto a las leyes que regirán en caso de controversia a nivel internacional, hasta la aplicación –y verificación– de las normas que, por ejemplo, para acceder a la red deben ser aceptadas por el usuario al emplear el software que corresponda. La Unión Europea cuenta con la Directiva satelital y de cable 93/83/EEC del 27 de septiembre de 1993, referida a las reglas de copyright y derechos relacionados con éste aplicables a las transmisiones satelitales y las transmisiones por cable, misma que establece que el país en el que se originan las señales que violan la ley es el país donde se debe realizar el juicio, en apego a las normas de dicho país. Claro que en el caso de la Unión Europea ayuda mucho la homologación legislativa que se ha producido como parte del proceso de integración, lo cual resuelve, al menos en parte, los problemas de las normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y los de jurisdicción, claro, siempre que dichos problemas se originen en el mercomún europeo.

¿Hacia dónde va el gobierno de Internet?

Como se ha visto, el tema de la gobernabilidad de Internet involucra aspectos como infraestructura; seguridad y cibercrimen; apertura y diversidad; economía, comercio y finanzas; regulación de la red y de las telecomunicaciones; el marco legal nacional e internacional y la estabilidad y accesibilidad, entre otros.

Aunque en los debates sobre la gobernabilidad y la normatividad que debería existir en Internet involucra una participación multilateral y multisectorial con la concurrencia de representantes del sector público –gobiernos y organizaciones intergubernamentales–, del sector privado –empresas y particulares con intereses en la red–, y la sociedad civil –necesidades y derechos de los usuarios–, las decisiones finales son aún tomadas de manera vertical, de arriba hacia abajo. Los actores involucrados discuten, analizan e intercambian puntos de vista, como se ha visto en foros como la CMSI, aunque al final siempre es la junta directiva de la ICANN la que tiene la última palabra.

El ciberespacio no es en modo alguno una extensión sin gobierno, sino más bien el resultado de la convergencia de diversos intereses: los de los gobiernos, los de las empresas, los de la sociedad civil, los de los delincuentes y criminales, entre otros, quienes hacen acto de presencia en la red para promover sus respectivos intereses. En este sentido, el ciberespacio es testigo de la lucha por el poder por otros medios, y donde pareciera que, al igual que en el mundo real, prevalecerán los intereses y las agendas de los más poderosos. El sentir de algunos, respecto a la promesa de la democratización en el proceso de toma de las decisiones y la incidencia de la sociedad civil en ese entorno virtual, aunque entendible no es acertado y todavía está muy lejos la posibilidad de incidir, desde esa plataforma virtual, en una transformación global encaminada a generar un entorno más armónico, seguro y próspero. Todavía millones de seres humanos no tienen acceso a la red y enfrentan carencias educativas y de infraestructura que harán difícil su incorporación y participación en calidad de cibernautas. Asimismo, el predominio de los intereses comerciales de grandes empresas, apoyadas por los países más influyentes, hacen difícil pensar en una transformación favorable a la concreción de una sociedad de la información para todos.

Hay un rubro, sin embargo, donde los consensos y avances respecto a la gobernabilidad del ciberespacio parecen avanzar de manera acelerada: el combate del cibercrimen. Al respecto, el pasado 6 de julio de 2011 se dio a conocer en Londres la Alianza Internacional de Protección y Seguridad Cibernética, con la participación de gobiernos europeos, empresas internacionales –como McAfee y Trend Micro, entre otras– y agencias policiales como la Interpol y la Europol. Esta alianza se encargará de mejorar la aplicación de la ley internacional, así como de proteger a las empresas y a sus clientes de amenazas informáticas. El financiamiento para la citada alianza provendrá de los gobiernos y de la misma Unión Europea.10 En este sentido, la Europa comunitaria, creadora de la primera convención, en 2001, para luchar contra el cibercrimen, ratifica así la preocupación en torno a las acciones de la delincuencia organizada en el ciberespacio. Al respecto hay que recordar que recientemente Estados Unidos y la Gran Bretaña dieron a conocer que cualquier ciberataque que reciban de parte de otra nación, será considerado como un acto de guerra.11 En este sentido, los gobiernos responden con un esfuerzo concertado para redefinir a las actividades cibernéticas “no autorizadas” como crímenes contra la seguridad del Estado y la del capital y actuar en consecuencia.

Por último, no debe asumirse que la relación entre las grandes corporaciones de las tecnologías de la información y los gobiernos, como el estadounidense, es tersa y dulce. Las empresas, a quienes no les agrada la posibilidad de que los gobiernos las regulen en el ciberespacio, han introducido, “voluntariamente” las llamadas autorregulaciones, encaminadas a advertir a los usuarios sobre contenidos que podrían resultar lesivos. Para este fin se creó la Asociación para calificar el contenido en la red (RSAC, por sus siglas en inglés) donde participan empresas como IBM y Verisign, con la idea de frenar, en este caso, la intervención del gobierno estadounidense, en la regulación de los contenidos en la red. Una institución similar, el Instituto para la seguridad de la familia en línea (FOSI, por sus siglas en inglés), tiene entre sus miembros a Google, Microsoft, Kingston Communications, Sprint, Norton, Telefonica, Telmex, Time Warner Cable, etcétera. Nuevamente aquí queda demostrado que lejos de ser un espacio sin gobierno, Internet tiene “muchos gobiernos”, aunque no necesariamente caminando en la misma dirección

Notas

1 La decisión fue tomada como producto de la censura por parte del gobierno chino a sitios operados por exiliados disidentes políticos y grupos de derechos humanos, además de que se mantiene el bloqueo a las páginas de Facebook, YouTube y Twitter. Véase “China cerró en 2010 más de un millón de sitios de Internet”, en etcétera, disponible en http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=8439

2 Ronald J. Deiberts y Rafael Rohozinski, Op. cit., p. 261.

3 J. P. Singh (2010), “Negotiating Internet Governance. Security Implications of Multilateral Approaches”, en Anne L. Clunan y Harold A. Trinkunas (editors), Op. cit., pp. 232-233.

4 J. P. Singh, Op. cit., p. 234.

5 J. P: Singh, Op. cit., p. 241.

6 La Convención de Berna es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Su primer texto fue firmado el 9 de septiembre de 1886, en Berna, Suiza. Ha sido revisado en varias ocasiones, su más reciente modificación el 28 de septiembre de 1979.

7 En el acuerdo TRIPS se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual encaminados a homologar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial. Fue uno de los acuerdos más polémicos a la luz de la presiones de los países desarrollados y de las empresas, como las farmacéuticas, a fin de generar una normatividad acorde con sus intereses.

8 María Gimena Rabinad, Op. cit., p. 100.

9 María Gimena Rabinad, Op. cit., p. 102.

10 Beatriz Arias (July 6th, 2011), “Crean organismo internacional para combatir cibercrimen”, en Netmedia.info, disponible en http://www.netmedia.info/featured/crean-organismo-internacional-para-combatir-cibercrimen/

11 Efraín Ocampo (May 31st, 2011), “EU y Reino Unido consideran ciberataques de países extranjeros como acto de guerra”, en Netmedia.info, disponible en http://www.netmedia.info/featured/eu-y-reino-unido-consideran-ciberataques-de-paises-extranjeroscomo-guerra/

María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

etcétera, 23 de septiembre, 2011

http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=9242

https://www.alainet.org/en/node/152810?language=es