35 años después

Marcelo Colussi

23/03/2011

Opinión

^-A ⁺A

Argentina, miércoles 24 de marzo de 1976: un nuevo golpe militar. Uno más en la larga historia de cuartelazos que signaron su historia política en el siglo XX. Un golpe de Estado más, un general más al frente del Ejecutivo… Pero no fue cualquier golpe. El Proceso de Reorganización Nacional –eufemismo con el que se pretendió rebautizar engañosamente una sangrienta dictadura– significó un quiebre en la historia institucional del país. Claro que, sin dudas, más allá del engaño del nombre, efectivamente fue una verdadera “reorganización”.

A lo largo de su historia institucional Argentina, igual que la gran mayoría de países latinoamericanos, conoció innumerables procesos militares, quiebres de su orden constitucional, gobiernos de facto. Pero ninguno de ellos alteró estructuralmente su situación. El país fue, desde principios del siglo XX, gran agroexportador de cereales y carne vacuna al par que el lugar más industrializado de la región, y eso se trasuntó en una relativa bonanza económica –en términos comparativos con sus vecinos– que no modificó ningún golpe de Estado.

Ello viene a demostrar que las formas políticas que adquiere una sociedad no son los verdaderos factores de poder que cimentan todo el andamiaje social. Es decir, y para utilizar una terminología hoy supuestamente “pasada de moda” (pero en realidad más vigente que nunca): la estructura económica sigue siendo la plataforma sobre la que se construye la superestructura jurídico-política. El gobierno de turno (civil o militar) no es sino un administrador de las riquezas sociales, que siempre pertenecen a un clase, aunque ello no se diga claramente y se encubra con la manoseada noción de “patria”.

Incluso la década de gobierno del general Juan Domingo Perón, hacia mediados del siglo pasado, no transformó esa estructura de base. Produjo cambios, sin dudas (una más equitativa repartición de la riqueza nacional dándole mayor participación a los sectores históricamente postergados), pero más allá de su corte reformador (“populismo redistributivo” para algunos, “germen revolucionario” para otros, y por supuesto “exabrupto de mal gusto” para la derecha), la estructura no se alteró: los terratenientes no perdieron sus tierras ni los banqueros sus bancos, y la cada vez más numerosa clase obrera urbana no se constituyó en poder soviético, como sí se logró, con los altibajos del caso, por ejemplo en Rusia. El supuesto “germen revolucionario” nunca tomó forma de revolución.

Durante todo el siglo XX pasaron civiles y militares por la casa de gobierno, pero ni con unos ni con otros cambiaron sustancialmente las cosas: el país siguió su acumulación capitalista con un considerable desarrollo industrial llegando a ser, en la década de los 60 –su punto máximo de expansión como unidad económica y cultural– quien aportaba el 50% de todo el producto bruto latinoamericano. Sin dudas la relativa prosperidad de Argentina, acrecentada luego de la Segunda Guerra Mundial que le dejó enormes ganancias por su papel de “granero del mundo”, no se cimentó en la ecuanimidad de gobiernos civiles. Por supuesto que los regímenes militares significaron siempre, como en cualquier otro país donde también tuvieron lugar, cierre de espacios políticos para las grandes mayorías populares, mayores cuotas de represión, pérdida de libertades civiles. De ninguna manera se los podría aplaudir, y ni siquiera minimizar diciendo que, en definitiva, la propiedad de fondo no se ve alterada. Eso es cierto, pero en sí misma una dictadura tiene rasgos negativos que deben ser denunciados por su forma política. Las mayores cotas de represión política y de conculcación de derechos tienen lugar con ellas. Los gobiernos civiles, en estas democracias representativas que desde hace dos siglos se presentan como el punto máximo del desarrollo político de la humanidad, permiten la sensación de mayores libertades. Libertades que no son tales, por supuesto; el dios-mercado es el que manda, es decir: los grupos de poder cada vez más monopólicos y hoy día planetarios son los que siguen controlando todo. Pero siempre dejando el espacio para hacer creer que la gente elige algo, todo lo cual propicia un clima de mayor “tranquilidad” social.

En la historia de Argentina durante el siglo XX, entonces, sus vaivenes políticos, la condición cívico-militar de los diversos ocupantes de la Casa Rosada, todo ello no impidió que la acumulación capitalista fuera mayor que en otros países de la región. Su desarrollo como nación relativamente próspera siguió una línea continua con las décadas; su potencial cultural (varios premios Nobel, importante producción intelectual), su economía (décima a nivel mundial en la inmediata post Segunda Guerra Mundial), su tecnología (industria propia en muchas ramas a diferencia de otros países vecinos, desarrollo nuclear, industria militar avanzada), su organización social (primeros sindicatos en Latinoamérica, seguro social, leyes laborales) fueron logros que obtuvo su colectivo social. En esa historia las administraciones de turno, salvo quizá la década peronista, no fueron quienes fijaron el rumbo. En todo caso, administraron.

El proceso que se abre con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 significa otra cosa: ahí sí cambió el rumbo, hubo una verdadera “reorganización”. A partir de ese momento efectivamente hay un nuevo proyecto de nación. Obviamente, nuevo para mal de las grandes mayorías. Pero sin dudas novedoso.

La cúpula militar fue quien puso la cara, y como en todas las dictaduras castrenses que barrieron Latinoamérica durante todo el siglo pasado, los principales beneficiados no fueron las mismas fuerzas armadas. Ellas, en definitiva, estuvieron –y siguen estando– preparadas para eso: para ser el brazo armado del sistema, su reaseguro último. En nuestra región, si alguna función importante cumplen es, básicamente, participar en lo que la doctrina militar dominante durante el período de la Guerra Fría llamó “seguridad nacional”. Es decir: defensa a muerte del statu quo de cada Estado-nación contra cualquier forma de enemigo interno.

Para la década de los 70 comienzan a operarse cambios profundos en el capitalismo planetario: el pensamiento neoliberal comienza a calar hondo en los grupos dominantes, y la globalización absoluta que permite el desarrollo científico-técnico (transportes, comunicaciones, informatización) ya va más allá de la unidad nacional. El capitalismo se torna cada vez más transnacional.

Lo que sucede en marzo del 76 en Argentina no fue un simple cuartelazo más: fue el inicio de estas políticas de transnacionalización a gran escala en el sub-continente latinoamericano, las mismas que ya habían comenzado como prueba en Chile unos años antes con la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Ése es el sentido final de este golpe. No, por supuesto, sacar de en medio un gobierno desprolijo; ése, en todo caso, fue el motivo manejado mediáticamente en su momento, no sin ocultar la profunda lógica antipopular (antiperonista para el caso) que anidaba en la medida de fuerza. Pero lo que significó y lo que trajo aparejado el golpe fue la instauración de medidas de corte neoliberal que achicaron el Estado, permitieron las leoninas privatizaciones de empresas públicas y prepararon las condiciones para un tremendo retroceso en términos políticos e ideológicos.

Si alguien se benefició con esta dictadura fueron los grandes grupos de interés transnacionales, representados en aquella ocasión por un miembro de las más rancias familias aristocráticas del país, aquellos que en general no dan la cara en el gobierno (pues para eso existen los políticos profesionales): el economista formado en Estados Unidos José Alfredo Martínez de Hoz, real hombre fuerte del Proceso de Reorganización Nacional; fueron también las compañías transnacionales que hicieron su gran negocio; e igualmente grupos de interés nacional, que como socios menores siempre toman parte en el festín. El movimiento obrero y todos los movimientos sociales con larga tradición organizativa y combativa fueron diezmados, acorralados, terriblemente golpeados. Los 30.000 desaparecidos y los horrores de la guerra sucia que enlutó al país por varios años cerraron, o al menos pospusieron por un buen tiempo, toda forma de organización y protesta popular.

Recordar hoy este infausto 35° aniversario por supuesto que debe servir para continuar pidiendo juicio y castigo a los hechores de tanta monstruosidad. Pero el recordatorio debe ir más allá. Si alguien tiene responsabilidad, y si contra alguien hay que seguir levantando las voces y dirigiendo la lucha, no es tanto contra el guardaespaldas de turno (las juntas militares del 76, o las que vinieron después, o los actuales uniformados, que no son golpistas, pero que siguen siendo el reaseguro del sistema, a no dudarlo) sino aquellos a quienes realmente defienden. Está claro que los beneficiados de tanta sangre derramada no fueron las mayorías populares, peronistas o no peronistas, ni tampoco fue la institución castrense como cuerpo corporativo, que en realidad salió bastante desfavorecida en términos políticos con el advenimiento de la “democracia” y el bochorno de la Guerra de Malvinas, última cortina de humo con la que intentaron lavar la cara. El beneficiado es el mismo que desde hace décadas maneja los destinos nacionales, que sigue con sus negocios tanto con militares como con civiles en la casa de gobierno, que ve siempre una potencial amenaza en cualquier atisbo de organización popular. Ese beneficiado tiene nombre y apellido: grupos tradicionales de interés (Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, Asociación de Bancos), nuevos grupos económicos surgidos de los años de la dictadura, empresas multinacionales. En definitiva, la lógica global la manejan grandes grupos transnacionales a los que la aristocracia local se une en calidad de socio menor. Lo que sucedió y está sucediendo en Argentina hay que verlo en esa dinámica: era un país que, por ejemplo, consumía demasiado petróleo y que no abría fronteras a la producción industrial del Norte siguiendo los dictados del desarrollismo cepalino del que fuera impulsor Raúl Prebisch. Los militares, quizá sin saberlo, hicieron el trabajo sucio que preparó la actual patria sojera y la desarticulación del movimiento sindical.

Pero si algo hay que seguir denunciando (y más aún: ¡combatiendo!) es aquello para lo que 30.000 desaparecidos sirvieron en este proyecto de nación del que los militares fueron los ejecutores: un país empobrecido, la feroz despolitización, el miedo que se fue acumulando, y quizá lo peor en términos de acción política: la falsa creencia que optando por “lo menos malo” (el posibilisimo reformista) estaremos mejor. Es decir, el terror que campea y permite asustarnos con el patético: “¡cuidado que viene el lobo!”

El que otrora fuera “el país de las vacas”, con un consumo de carne roja casi exagerado, a partir de las políticas neoliberales que comienzan a aplicarse desde la dictadura del 76, supo lo que es el hambre. No fue raro, incluso, que en más de una ocasión pobladores hambrientos saquearan un parque zoológico a fin de comer carne. Eso, más allá de la crónica sensacionalista en que pudiera enmarcarse, es todo un símbolo: la “reorganización” en juego con el proceso militar tuvo que ver con el nuevo papel que empezó a jugar Argentina en la arquitectura global. Su industria nacional fue prácticamente desmantelada, su clase obrera diezmada, y el papel que los grandes centros de poder le adjudicaron fue el de productor de ciertos productos para el mercado mundial (la soja transgénica, por ejemplo), y punto. El hambre, expresión máxima y descarnada del empobrecimiento en tanto unidad nacional, comenzó a trepar en forma alarmante. Hoy día, según cifras oficiales, la pobreza se extiende a un 12% de la población total (4,8 millones de personas), mientras que la pobreza extrema o indigencia afecta al 3,1%; aunque en realidad, según datos no maquillados, las cifras reales son el 30,5% y e13,5% respectivamente.

Los 30.000 desaparecidos son la expresión brutal del inicio de ese cambio, de esa profunda transformación que sufrió el país en estos últimos años. Lo que hoy evocamos no es la saña de unos cuantos fundamentalistas anticomunistas que dirigieron el país con mano de hierro; es el inicio de un cambio enorme en la historia político-ideológica y cultural. Luego de la dictadura, con el terror que dejó la guerra sucia, con la cultura del silencio que ello trajo como resultado, las condiciones estuvieron dadas para la profundización de esos planes de achicamiento del Estado, de entronización de la privatización, de apología del individualismo… y de grandes negocios para muy pocos. Claro que fue una pequeña porción de la población la que recibió los frutos de este cambio sin anestesia; para la gran mayoría significó más hambre, más postración. Y para grandes sectores urbanos de clase media significó la pérdida de los beneficios conquistados en varias décadas de acumulación. Haber tenido por varios años uno de los índices mundiales más altos de suicidio o de disfunción sexual masculina (al igual que el robo de algún animal de zoológico) no hacen sino evidenciar la catástrofe reciente de Argentina.

Si Japón, por ejemplo, representa un modelo de “milagro” como nación, pues luego del desastre de su derrota en la Segunda Guerra en unos pocos años pudo llegar a ser la segunda economía planetaria, el caso de Argentina es un “milagro” en sentido inverso: ¿cómo pudo retroceder de esa manera y descender tan estrepitosamente luego del grado de desarrollo obtenido en la primera mitad del siglo XX? El golpe militar del que ahora se cumplen 35 años es la llave para entenderlo: fue el inicio de un proceso de transformación del país, de cambio de minipotencia industrial regional a granja especializada en productos primarios, de reconversión de una clase obrera desarrollada y organizada en grandes masas de subocupados y desocupados crónicos mucho más fácilmente manejables, de primera economía en Latinoamérica a quinta. El terror de la desaparición forzada se trocó en terror económico por la falta de perspectiva, y la única salida del país pasó a ser… Ezeiza (al menos, para los sectores medios urbanos, aún bien preparados).

Al evocar hoy este infame 24 de marzo de 1976 tenemos que tener presente las 30.000 vidas sesgadas, por supuesto. Y debemos seguir exigiendo la revisión de esa historia negra con castigo a los culpables. Pero junto a eso debemos levantar las banderas contra el empobrecimiento que sufrió el país, contra el crecimiento imparable de las villas miserias, contra la precarización laboral, contra el retorno de enfermedades infecto-contagiosas, contra el analfabetismo que se disparó, elementos todos que ese golpe posibilitó.

Y junto a ello, con la misma fuerza tenemos que seguir levantando la voz contra ese abaratamiento de la política que fue tomando cuerpo donde una tibia propuesta reformista ya es vista como un enorme paso adelante. Ante tanto retroceso económico, político y social de estas últimas décadas, un gobierno como el del fallecido Néstor Kirchner, por ejemplo, aparece ya como un “avance”. En términos relativos quizá lo es, como al lado de cualquier dictadura también lo son las distintas “democracias de baja intensidad” que la Casa Blanca impulsó en estos años recientes (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, etc., etc.). Pero no hay que llamarse a engaño: seguir asustándonos con que “con una dictadura podríamos estar aún peor” es una forma de avalar reformismos gatopardistas que, en definitiva, sólo sirven para seguir postergando las soluciones de las grandes masas empobrecidas, y posibilitando grandes negocios a las mafias de turno, en muchos casos escondidas en las mismas oficinas de gobierno.

La perspectiva de lucha política en Argentina hoy sigue siendo la revisión de la historia, sin dudas. Pero ya ha corrido mucha agua bajo el puente como para seguir atados a ese fantasma de la dictadura militar. Los gobiernos tímidamente reformistas que siguen asustando con la “la vuelta del lobo” (que hoy día incluso puede tomar forma civil y no castrense) pueden terminar siendo tan nocivos como el “lobo” mismo.

mmcolussi@gmail.com

https://www.alainet.org/en/node/148530