Las consecuencias de ese mal llamado “modelo” -  porque para que lo sea debe ser bueno para el mayor número de personas y para el mayor número de países y este ciertamente no es el caso – han sido nefastas para las mayorías del país por las siguientes razones debidamente fundamentadas en el Informe: porque conlleva una política social débil o nula, hay altas tasas de subutilización laboral, solamente el 47.6% de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral y de cada 100 personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), 7 están desempleadas y 44 subempleadas; persisten elevados niveles de pobreza y déficits sociales, 4 de cada 10 hogares salvadoreños son pobres, la escolaridad promedio apenas alcanza los 6 años, del total de la población que se enferma en el país, el 40% no recibe servicios de salud, y aproximadamente sólo el 20% de la población tiene algún seguro de salud; del total de la PEA, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones; el 68.9% de la población carece de vivienda aceptable, 21.3% no dispone de servicio de agua por cañería, y el 9% no cuenta con servicio de electricidad.

El modelo alternativo propuesto por el Informe está fundamentado en el paradigma del desarrollo humano y en el enfoque de derechos. Con lo primero se busca asumir con seriedad el postulado que sostiene que la verdadera riqueza de un país está en su gente, por tanto, se hace necesario hacer inversiones crecientes y sostenidas en el desarrollo de las personas, y en la creación de un entorno que permita su aprovechamiento. Con lo segundo (enfoque de derechos), se asume la Constitución de la República como el fundamento y horizonte que rigen el orden económico, social y político del país. El modelo, por consiguiente, buscará incorporar dentro de sus objetivos la plena realización de los derechos humanos de todas las personas.

De la conjugación de estos dos enfoques el Informe plantea los siguientes principios orientadores del modelo: Bienestar, el desarrollo centrado en las personas debe ampliar las libertades reales de cada uno, de manera que pueden llevar adelante los planes de vida que consideren valiosos; cohesión social, producto de consensos entre la ciudadanía, las fuerzas sociales, económicas y políticas, y el Gobierno, basados en la justicia social, el respeto al estado de derecho y la primacía de los intereses generales sobre los particulares; productividad, se debe asegurar la plena participación de las personas en el proceso de generación de ingresos con trabajo decente; equidad, los ciudadanos y ciudadanas debe tener acceso a la igualdad de oportunidades y participar equitativamente en todas las esferas de la sociedad; ciudadanía plena; la gente debe participar en los diversos procesos que afectan sus vidas y asegurarse de que sus intereses estén plenamente representados; sostenibilidad, hay que mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes, pero sin comprometer esa calidad de condiciones de reproducción para las generaciones futuras.

Estas bases para un modelo de desarrollo centrado en la gente, nos hace recordar un texto histórico sobre el “verdadero desarrollo” formulado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana y expuesto en los documentos de Medellín (1968). Veámoslo:

“El verdadero desarrollo es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas. Menos humanas: las carencias materiales de los que están privados del mínimum vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas: las estructuras opresoras, que provienen del abuso del tener y del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de las injusticia de las transacciones. Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz…”. (Introducción, n.6).

Un texto, ciertamente,  interpelador de las falsas nociones de desarrollo e inspirador para la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ético para el mundo y para nuestro país. En suma, la necesidad de un desarrollo centrado en la gente tiene al menos dos rasgos básicos: la inclusión y la integralidad. Habrá desarrollo humano cuando se expanda el potencial humano, es decir, cuando se accede a una vida digna y saludable, al conocimiento, a los recursos necesarios para un nivel de vida decente, cuando se vive en libertad política, social, económica y cultural. No se trata, pues, solo de crecimiento de ingresos económicos, sino de la expansión de capacidades de la gente (de su ser y hacer), de la expansión de bienes y servicios, de satisfacción de necesidades básicas. Se trata de un desarrollo con justicia porque, como decía Monseñor Romero, “De qué sirven hermosas carreteras y aeropuertos, hermosos edificios de grandes pisos, si no están más que amasados con sangre de pobres, que no los van a disfrutar” (homilía 15/07/79). Unificar desarrollo con inclusión, integralidad y justicia es uno de los principales retos que tienen  los responsables de la conducción del estado salvadoreño.