La amenaza de Juicio Político impulsada por la oposición conservadora que tiene el Presidente Fernando Lugo en Paraguay, precipitó la renuncia de uno de los ministros más consecuentes y con mayor apoyo popular. La derecha, el vicepresidente y los medios de comunicación, junto a la embajada estadounidense, en una nueva escalada destituyente contra el Gobierno.

La elección del ex obispo de San Pedro como presidente del Paraguay en las elecciones del 20 de abril de 2008 despertó esperanzas de cambio para revertir postergadas reivindicaciones sociales y nacionales. Después de un largo ciclo hegemonizado por el Partido Colorado, el actual es quizás el momento político más importante para avanzar en esta incipiente transición democrática, luego de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). Sin embargo, a dos años de la asunción de Fernando Lugo Méndez, el 15 de agosto de 2008, el gobierno es prisionero de la derecha opositora en su vertiente más conservadora, que despliega todo su poder, ahora en el Parlamento, boicoteando así toda iniciativa de cambio promovido por el Ejecutivo.

A pesar de que el presidente Lugo ha demostrado pocas señales para romper las viejas estructuras de poder, la aparición de nuevos actores políticos y sociales, así como la presencia de algunos secretarios de Estado comprometidos con un proceso de transformación, empezó a incomodar cada vez más a esta derecha que históricamente ha sido favorecida por el Estado. Estos grupos que manejan la economía del país, están ligados a la economía extractiva, a la agroganadería, al latifundio y a las mafias que lideran la economía informal a gran escala, el narcotráfico y el contrabando, por detallar sólo algunos. Estos grupos siguen manteniendo una fuerte influencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial y la usan para frenar cualquier iniciativa de cambio.

Los sectores ganadero y agroexportador, durante el actual gobierno, han obtenido ganancias inéditas gracias a las exportaciones de carnes y granos; pero el Banco Central en lugar de cobrarles las enormes deudas que tienen con la banca pública, se las ha refinanciado. A pesar de este panorama totalmente favorable a sus intereses, estos grupos se oponen a cualquier presencia estatal que les exija mayor responsabilidad.

En la actual coyuntura es notoria la presencia activa de representantes ligados al viejo esquema político, que de manera fáctica participan en la obstrucción, abierta o encubierta, de cualquier intento de cambio que pudiera peligrar sus privilegios, lanzando campañas de desprestigio con el objetivo de desestabilizar al gobierno del presidente Fernando Lugo y criminalizar a la izquierda y demás sectores progresistas. Los poderosos medios de comunicación son los voceros de la línea política a seguir, ya sea para promover la destitución del presidente en el menor tiempo posible o encauzar al gobierno hacia la restauración conservadora.

En ese aspecto, el Congreso Nacional ni siquiera le ha permitido al gobierno nombrar a un sólo embajador en los países vecinos, lograr la incorporación plena de Venezuela al MERCOSUR, y de Paraguay a UNASUR; este boicot se traduce en el recorte de los presupuestos destinados a programas sociales y, paradójicamente, se impidió la aplicación del Impuesto a la Renta Personal, gravamen considerado clave para generar equidad tributaria y lograr transparencia en la economía paraguaya. Asimismo, y por vacilaciones propias, el presidente Fernando Lugo no pudo mantener en el cargo a su ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini ante la amenaza de un ridículo juicio político por el robo de tres fusiles de una unidad militar y por haber recriminado a través de una carta a la embajadora estadounidense Liliana Ayalde por inmiscuirse en la política interna paraguaya, aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados.

Sumado a esto, la nueva arremetida opositora gira de manera grosera sobre la enfermad de Lugo (cáncer linfático) y la utiliza como un elemento importante para exigir que el Presidente renuncie o, en el menor de los casos, pida un permiso -figura ésta que no contempla la Constitución Nacional- por seis meses como una “salida inteligente”, tal como lo afirmó el diputado liberal Pedro González y reprodujo ABC Color, diario conservador y principal vocero opositor, para que, de esta manera, asuma el vicepresidente Federico Franco, contradictoriamente antagónico al gobierno del cual forma parte. Los médicos tratantes, sin embargo, aseguran que la enfermedad del presidente se puede controlar sin problemas y la misma no lo afecta en el desempeño de sus funciones.

La “instalación” mediática de una supuesta guerrilla rural denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pasó a dominar gran parte de la política paraguaya cuando arreciaban los rumores de Juicio Político al presidente Fernando Lugo. Éste, a su vez, buscando congraciarse con la oposición, declaró la vigencia del Estado de Excepción en cinco departamentos del país durante 30 días.

A días de asumir la presidencia, ya Fernando Lugo había denunciado un intento de golpe de Estado. El general Máximo Díaz Cáceres le había informado acerca de la preparación de un complot cívico-militar para destituirlo, liderado por Lino Oviedo y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos. En esa ocasión, Lugo destacó y enfatizó la lealtad de las Fuerzas Armadas a las instituciones democráticas, su subordinación a la Constitución Nacional y a su Comandante, basándose en que fue un General en actividad quien le comunicara la conspiración. Esa intentona no fue la única que denunciaría Lugo desde el comienzo de su mandato. El haber renovado la cúpula militar en varias ocasiones y de manera ampliada, probablemente, haya traído conflictos en el interior de las Fuerzas Armadas ligadas a la oposición, y haya generado resquemores más intensos hacia la figura presidencial. En el momento de realizar la cuarta remoción de la cúpula, el Presidente comunicó la existencia de “bolsones golpistas” en las Fuerzas Armadas, sin dejar de destacar el actual apego constitucional de las mismas y su conducta institucional.

La amenaza al proceso y la destitución de Bareiro Spaini

La destitución del General (en Situación de Retiro) Luis Bareiro Spaini del ministerio de Defensa Nacional demuestra hasta qué punto es capaz la derecha paraguaya de darle curso a su propia agenda y debilitar al gobierno, logrando esta vez destituir a uno de los secretarios de Estado más consecuentes con el proceso de cambio. Esta situación también demuestra las contradicciones del gobierno de Lugo frente a un pueblo que exige políticas sociales favorables y cambios profundos, enfrentándose en sus objetivos a una oligarquía que no acepta ningún tipo de reformas.

Los ministros de Defensa del Paraguay, históricamente, estuvieron al servicio de los dos grandes partidos tradicionales, de las oligarquías locales y de los intereses del imperialismo estadounidense. Una actitud política y una gestión contraria a esos intereses son imperdonables para esos sectores. Es por esto que el ministro de Defensa Bareiro Spaini, comprometido con una verdadera transición, logró unir a toda la derecha del Congreso que votó en su contra y decidió iniciarle un Juicio Político (instrumento nunca utilizado contra un secretario de Estado). Sin embargo, en situación similar de juicio político pero con causales comprobadas por mal desempeño de sus funciones, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Bajac, logró su desprocesamiento en tiempo record por la misma Cámara que procesó al General Bareiro Spaini, no teniendo siquiera que pasar su caso por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Bareiro Spaini cometió el grave error de denunciar una “reunión conspirativa” realizada meses atrás en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, tras el informe presentado por el viceministro de Defensa, el General Cecilio Pérez Bordón (quien ahora reemplaza a Bareiro Spaini), por lo que queda demostrado que la influencia de la embajada estadounidense en la política interna paraguaya continúa tan fuerte como siempre. Otro hecho relevante fue que Bareiro Spaini tuvo la osadía de reafirmar su posición en defensa de la soberanía del Paraguay y alentar la consolidación de UNASUR, una de las expresiones más importante que ilustra los tiempos de cambio que vive América Latina.

En medio de la arremetida de la derecha parlamentaria contra el ministro de Defensa, aterrizó en Asunción el secretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Frank Mora, para respaldar a la embajadora Liliana Ayalde. Frank Mora permaneció en el país durante una semana y se reunió con autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente Fernando Lugo y el nuevo ministro de Defensa Cecilio Pérez Bordón; además dictó conferencias en la Universidad Nacional de Asunción, en una unidad castrense y en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En sus primeras declaraciones como ministro de Defensa, Pérez Bordón anunció que la cooperación militar de los Estados Unidos seguirá firme en Paraguay. Es bueno destacar la negativa del ahora ex ministro Bareiro Spaini de firmar la “Carta Acuerdo sobre la Iniciativa en la Zona Norte (IZN) entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América”. En la práctica, la firma de este acuerdo llevaría a que el Ministerio Público, la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Nacional pasaran a depender de la contraparte estadounidense y así ésta podría obtener información de primera mano y consideradas estratégicas para una nación soberana.

Lo que no estaba en los planes de la derecha conservadora, cuando prepararon el juicio político contra el ministro de Defensa, era convertir al General (SR) Bareiro Spaini en un referente de la izquierda y del progresismo, con una muy importante ascendencia tanto en sectores militares como civiles, principalmente campesinos, el sujeto político más dinámico en Paraguay.

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