El gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposiciónde EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

 

Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará a EEUU. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe. 

 

La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora (ésta fue utilizada para concertar la paz en la región en la década de 1980). La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro, área que se promovía para el turismo internacional. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta – y última - en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. 

 

Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU  profundizan la militarización de un amplio espacio territorial... desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia. Bogotá publicará la próxima semana los acuerdos firmados con EEUU para poner a su disposición siete bases militares. 

 

El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao. Se lamentó, además, que Yao no hiciera referencia al tráfico de drogas por Panamá. El presidente Martinelli, en defensa de su política, sólo logró articular algo sobre los astronautas. Yao fue invitado como orador para rendirle homenaje a los Soldados de la Independencia por el Municipio de la ciudad de Panamá, cuyo papel en la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 fue crucial.

 

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington:  “No son bases norteamericanas, son colombianas... pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

 

Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

 

Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

 

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

 

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos  y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de  atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

 

En su discurso el internacionalista Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”. 

 

Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EEUU podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.