En cumplimiento del acuerdo tomado en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, mayo del 2009), el Tribunal Internacional de Justicia Climática realiza hoy en Cochabamba, Bolivia, su Primera Audiencia, para juzgar éticamente a las multinacionales y los Estados responsables del calentamiento global y de vulnerar los derechos de los pueblos y de la Madre Naturaleza.

En su Primera Audiencia, el Tribunal Internacional de Justicia Climática estudiará denuncias contra las empresas Doe Run y Minera Volcán de Perú, la organización Face Profafor, los Gobiernos de Suramérica que desarrollan los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IIRSA) y una empresa que produce etanol en el Valle del Río Cauca de Colombia.

El tribunal está integrado por Ricardo Navarro, de El Salvador; Miguel Palacín, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas; Nora Morales de Cortiñas y Beverly Keene de Argentina; Joseph Henry Vogel, de Costa Rica; Tom Kucharz, de Alemania y Brid Brenann, de Holanda.

El caso peruano que examinarán se refiere a los impactos en el medio ambiente y la salud de la población de la ciudad y las comunidades de la Región Pasco, producto de las actividades de las empresas mineras Doe Run y Volcan. La capital de esta Región, Cerro de Pasco y la ciudad de La Oroya están entre las más contaminadas del mundo, con alarmantes cifras de plomo en la sangre principalmente de niños y niñas.

Face Profafor es un proyecto de la empresa europea Face y el gobierno ecuatoriano, que ha tomado extensas áreas para plantar pinos y otras especies exóticas en el marco de los “créditos de carbono”, causando impactos a las comunidades locales. La producción de etanol en el valle del Cauca, en Colombia, es similar, con el cultivo masivo de caña de azúcar para producir agrocombustibles. Ambos se inscriben dentro de las “falsas soluciones” al cambio climático, que en lugar de revertir el calentamiento global impactan en la biodiversidad y los derechos de los pueblos.

Finalmente, los megaproyectos de la IIRSA, además de provocar serios impactos en el medio ambiente y el modo de vida de las comunidades, jamás fueron consultados a los pueblos afectados, como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

El Tribunal Internacional de Justicia Climático reúne a un conjunto de organizaciones indígenas del Abya Yala, así como instituciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa del medio ambiente. Su propósito es también incidir ante la comunidad internacional para el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza y la creación de una Corte Internacional de Delitos Ambientales.

 Cochabamba, 13 de octubre de 2009.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas