Las organizaciones de sociedad civil de América Latina, América del Norte y el Caribe, convocados en la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias, en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 17, 18 y 19 de septiembre del 2009, con motivo de la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, y en preparación del IV Foro Social Mundial de las Migraciones y el III Foro Global sobre Migración y Desarrollo, declaramos:

 

   1. Que asistimos a una nueva dinámica migratoria derivada de la forma como se ha reestructurado el capitalismo a escala planetaria, que acentúa las asimetrías entre países, profundiza las desigualdades sociales y exacerba el éxodo masivo de trabajadores provenientes de los países del Sur. Este fenómeno, que desemboca en la actual crisis multidimensional (financiera, de sobreproducción y ambiental), ha tenido como telón de fondo el abaratamiento de los costos laborales del grueso de la población mundial en beneficio de una estrecha elite asociada a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y el capital financiero-especulativo.

 

   2. Que si bien este éxodo masivo de trabajadores incorpora, cada vez más, nuevos perfiles profesionales y científicos, afecta especialmente a segmentos vulnerables de la población, que están siendo obligados a buscar en otras tierras su propia subsistencia y la de sus familias. El desplazamiento que imponen las migraciones forzadas impacta con especial dureza a las mujeres, las y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, comunidades rurales y comunidades afro descendientes.

 

   3. Que sin desconocer la contribución que los migrantes hacen a sus familias, comunidades y regiones de origen, resulta fundamental poner de relieve que su aporte principal es a las sociedades de destino y que ese aporte representa, a su vez, un importante desangre para las sociedades de origen, que no es compensado por el flujo de remesas, por cuantioso que éste sea. Resulta fundamental trascender la visión unilateral dominante acerca del vínculo entre migración y desarrollo, que intenta invisibilizar la importante contribución de los y las migrantes a los países de llegada, así como los significativos costos materiales y humanos implicados en el fenómeno migratorio. Ello, además de alimentar las prácticas xenófobas y discriminatorias que predominan en los países de recepción, cierra la posibilidad de avanzar hacia políticas de responsabilidad compartida y de cooperación para el desarrollo, basadas en el principio de la reciprocidad. 

 

   4. Que las remesas enviadas por los y las migrantes a sus familiares en sus países de origen han evitado un crecimiento aún mayor de los índices de pobreza en el hemisferio; sin embargo, las remesas, por sí solas, no han sido, ni serán, la llave para el desarrollo de los países de origen, como muchas veces se afirma, mientras no estén en vigencia nuevas políticas de desarrollo integral de nuestros pueblos.

 

   5. Que los tratados de libre comercio subsidian a los productos agrícolas de los países más desarrollados y propician la ruina de miles de campesinos, con graves consecuencias en términos de soberanía alimentaria, promoviendo, aún más, la escalada de flujos migratorios en el continente.

 

   6. Que como parte de los procesos asimétricos de internacionalización de la producción que prevalecen en la actualidad comandados por las grandes corporaciones transnacionales, emergen nuevas formas de explotación de la fuerza laboral que dan pie al resurgimiento de economías de enclave en el concierto latinoamericano. Esto ha propiciado el desmantelamiento y reintegración de los aparatos productivos de nuestros países, el surgimiento de amplios contingentes de la población sumergidos en la esfera de la informalidad y el consecuente éxodo masivo de trabajadores en condiciones desventajosas y de alta vulnerabilidad.

 

   7. Que persiste la exclusión del tema migratorio y de derechos humanos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, donde se privilegia la libre circulación de capitales y mercancías, mientras se restringe la libre circulación de personas. Lo mismo ocurre con los tratados de libre comercio promovidos por los Estados Unidos con diversos países de la región.

 

   8. Que hay avances importantes e innegables en el reconocimiento normativo y la implementación de políticas públicas que garantizan los derechos de los y las migrantes y sus familias, en algunos países de América del Sur, los cuales deben ser emulados y llevados efectivamente a la práctica en el conjunto países latinoamericanos, a fin de dar muestra fehaciente de coherencia en la implementación de buenas prácticas que aseguren el goce efectivo de los derechos humanos de los y las migrantes.

 

   9. Que es importante reconocer la emergencia de nuevas formas de organización de los y las migrantes y sus familias en los países de origen y de llegada, así como la conformación de nuevas redes de organizaciones de sociedad civil que luchan por los derechos humanos, la interculturalidad y la participación política.

 

 10. Que con el anuncio de instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, el conflicto armado interno amenaza con desbordarse en la región. Es innegable que este conflicto sigue provocando el éxodo de millones de personas dentro y fuera de este hermano país andino, agregando a las filas de los y las migrantes económicos, millones de personas desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, dando lugar a una crisis humanitaria y de derechos humanos de enormes proporciones que no puede ni debe ser subestimada ni desatendida.

 

 11. Que en Europa, los Estados Unidos y otros países de destino se promueven e implantan políticas restrictivas y violatorias de los derechos humanos frente a los y las migrantes, que están provocando la muerte de miles de personas que intentan ingresar a esos países, detenciones masivas, deportaciones ilegales y la proliferación de formas de estigmatización, xenofobia y criminalización. En este marco, la militarización de las fronteras y la construcción de muros son expresión de una visión reduccionista y miope del fenómeno que pretende reducirlo a un asunto de seguridad. La vergonzosa directiva europea del retorno, la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, y todas las formas de persecución y criminalización de los y las migrantes, se inscriben en esta perspectiva.

 

 12. Que la crisis global por la que atraviesa la humanidad evidencia el fracaso del paradigma capitalista neoliberal implantado a lo largo de las últimas tres y media décadas, poniendo en entredicho las supuestas bondades del “libre mercado” como mecanismo por excelencia para reducir las asimetrías entre países, mitigar las desigualdades sociales y abrir una avenida para el desarrollo de nuestros pueblos. Ante esta clara debacle, es imperativo privilegiar el impulso a un nuevo modelo de desarrollo integral y sustentable en la región, que haga realidad nuestros legítimos anhelos de justicia y bienestar social.

 

Con base en lo anterior, proponemos y demandamos:

 

   1. Un nuevo diálogo político Norte-Sur y Sur-Sur en temas migratorios que sitúe en el centro de la agenda los derechos humanos y el desarrollo. Para este diálogo es imprescindible desplazar el sobre énfasis conferido en las políticas migratorias de los países del Norte al tema de seguridad nacional, que atiende ante todo los efectos del fenómeno, para concentrar la atención en el desarrollo de los países emisores y atacar con ello las causas de fondo de la migración forzada. El diálogo debe llevarse a cabo en espacios multilaterales que propicien una perspectiva de integración alternativa entre los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europa.

 

   2. En el marco de este diálogo, resulta imperativa la participación activa y propositiva de la sociedad civil para la construcción colectiva de políticas públicas en materia de migración y desarrollo. La participación efectiva de la sociedad civil, el goce pleno de los derechos y los enfoques diferenciales, deben erigirse en ejes centrales para articular los debates sobre seguridad, derechos humanos (laborales y ciudadanos) y migraciones, que coloque la seguridad de los migrantes en el epicentro de las políticas.

 

   3. Conminamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a mantener una posición digna y firme en torno a la exigencia de respeto a los derechos fundamentales de los y las migrantes en Europa y los Estados Unidos. En particular, urgimos a los gobiernos latinoamericanos a estar alertas y no avalar la propuesta de los países del Norte Global -que seguramente será planteada durante el III Foro Global sobre Migración y Desarrollo, en Atenas, Grecia- de imponer los programas de empleo temporal como eje de la política migratoria. La experiencia internacional demuestra que este tipo de programas violentan los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y fomentan formas de servidumbre que nada tienen que ver con las más elementales normas de libre movilidad humana. En el mejor de los casos, este tipo de programas responden a intereses y necesidades parciales del mercado laboral del país de destino, pero nunca podrán convertirse en el pilar de una política integral sobre migración y desarrollo, con el riesgo, además, de justificar una nueva oleada de criminalización para quienes no puedan acceder a este tipo de programas.

 

   4. Convocamos a todas las organizaciones y redes a continuar enarbolando las banderas de apertura de fronteras, ciudadanía universal e interculturalidad como referentes para construir una política de movilidad humana con visión de largo plazo, y las invitamos a participar activamente en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en tanto escenario idóneo de diálogo político encaminado a hacer realidad los derechos de los y las migrantes y sus familias. Los conminamos a mantener, con renovada energía, nuestra exigencia de ver y tratar a las personas migrantes a partir de su identidad básica de seres humanos, portadores de derechos inalienables, universales e indivisibles, y reafirmar que las leyes nacionales de inmigración y sobre personas migrantes deben estar plenamente identificadas con este principio.

 

   5. En similar tenor, convocamos a los gobiernos de la región que enarbolan este principio y que lo han elevado a rango constitucional, a que lo implementen en todas sus políticas y prácticas y que éstas vayan acompañadas de mecanismos de verificación y seguimiento, que aseguren pasar del formalismo de las normas a la cristalización efectiva de los derechos humanos de los y las migrantes y sus familias.

 

   6. Instamos a la comunidad internacional a apoyar la convocatoria de una Conferencia Humanitaria y de Derechos Humanos en torno a las y los desplazados y refugiados en la Región Andina, como un escenario para hacer visible y buscar salidas a la crisis humanitaria que provoca el conflicto armado interno en Colombia.

 

   7. Llamamos a todas las organizaciones y redes de migrantes a condenar el golpe de Estado en Honduras, a exigir la inmediata restauración de la democracia en ese país hermano y a expresar toda nuestra solidaridad a la resistencia del pueblo hondureño.

 

   8. Valoramos y apoyamos el surgimiento de nuevas organizaciones y redes, con marcados liderazgos femeninos que reafirman a las mujeres migrantes en su protagonismo como sujetas y luchadoras sociales que promueven sus derechos y los de los demás.

 

   9. Rechazamos enérgicamente la aprobación, por el senado italiano, de la “ley de seguridad” que ha tipificado como delito la entrada y estancia irregular de los y las migrantes, violando expresamente las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, en particular el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, y sus Protocolos.

 

 10. Condenamos el proceso de reformas a la Ley de Extranjería de España, cuyo anteproyecto criminaliza a los y las inmigrantes en situación irregular; incumple la Convención de los Derechos del Niño cuando se trata a las y los “menores extranjeros no acompañados” -ante la comisión de ciertos delitos- con la misma dureza y rigidez que a los adultos; convierte al internamiento en un instrumento represivo y no en una medida cautelar; y restringe el derecho a la reagrupación familiar, entre otros aspectos fundamentales.

 

 11. Condenamos asimismo las redadas, las expulsiones y las deportaciones sistemáticas, en especial en los Estados Unidos, que han provocado una dramática situación debido a la separación de padres y madres inmigrantes e hijos e hijas que poseen la nacionalidad estadounidense. De igual forma, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la privatización de los centros de detención de los y las migrantes en situación irregular.

 

 12. Instamos a promover una alianza estratégica con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que permita impulsar y fortalecer el establecimiento de programas defensoriales especializados en la promoción y protección de los derechos humanos de los y las migrantes y sus familias, entre otras iniciativas, en las sociedades de acogida y en los países de tránsito, como los propuestos en el Acuerdo Defensorial adoptado en el “Primer Encuentro de Defensoras y Defensores del Pueblo de la Región Andina y Centroamérica para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad y sus Familias”, efectuado en el marco de la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias.

 

 13. Finalmente, reafirmamos, una vez más, la urgencia de favorecer los procesos genuinos de organización propia, empoderamiento en la titularidad de sus derechos, la autogestión de su desarrollo y la inclusión en las sociedades de acogida de las poblaciones migrantes y refugiadas. Los llamamos respetuosamente a unir esfuerzos para construir un mundo mejor y hacer del sujeto de las migraciones un ciudadano universal debidamente habilitado para participar en los procesos de toma de decisiones y diseño de políticas públicas que afectan la vida de los y las migrantes y sus familias.

 

Quito, septiembre 19 del 2009

 

Comité Organizador Internacional:

 

Alianza Social Continental (ASC), Comisión Andina de Juristas (CAJ), Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Espacio Sin Fronteras (ESF), Grito de los Excluidos Continental, Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales del Ecuador (MTML), Migrants Rights International (MRI), National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (NALACC), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Red Andina de Migraciones (RAM), Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), y Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

 

Delegaciones de sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela