Allá por 1982, cuando vivía en Brasil, en el sur del país existía un auge de plantaciones de tabaco.
 
Las grandes tabacaleras transnacionales y brasileñas, otorgaban créditos a los pequeños y medianos campesinos para que construyeran su secadora, compraran insumos y plantaran con la condición de entregar la producción a la empresa durante cinco o diez años. Como garantía, la tierra quedaba hipotecada a favor de las compañías.
 
Muchos campesinos que cambiaron la producción diversificada por el monocultivo de tabaco no llegaron al plazo del acuerdo. La producción no les dio para pagar el crédito y las empresas se quedaron con sus tierras, que luego transfirieron a grandes propietarios.
 
Otros tantos vieron su tierra destrozada por el tabaco, bajó la producción y tuvieron que traspasar sus pocas hectáreas a grandes propietarios, y así pagar los créditos y quedarse, por lo menos, con unos sueltos.
 
Los promotores de las tabacaleras, cuando llegaban a las pequeñas fincas, prometían a los campesinos un negocio en el que no tenían que poner “nada de dinero, solo su tierra”, porque el dinero lo prestaban en forma “solidaria” las empresas y en algunos casos el Banco del Estado. Habían logrado transformar la solidaridad en una palabra hueca, vacía...
 
Ese modelo se aplicó con la soya y otros cultivos, teniendo en cuenta la particularidad de cada producto, pero en todos los casos fomentando el monocultivo y la concentración de la tierra.
 
Algo similar ocurrió con los pequeños y medianos agricultores que se dedicaron a la producción de alimentos para grandes supermercados, exportadores o empresas agroalimentarias. Recibían el crédito del supermercado, de la empresa agroalimentaria o de un Banco estatal y se comprometían a venderles su producción dentro de una “cadena productiva”.
 
Cuando la cosecha iba mal y no podían pagar, la “solidaridad” desaparecía y se quedaban con su tierra o le obligaban a venderla a un productor más grande.
 
Dentro de esta nefasta cadena se incluyó una cláusula que tenía un nombrecito algo así como “exigencia de normas fitosanitarias para proteger la salud” de los consumidores.
 
Pero en realidad las exigencias sanitarias eran tan altas y tan irreales que solo buscaban, y lo lograron, eliminar la comercialización directa de los productores. Lo que significó el golpe de gracia para los pequeños y medianos agricultores, quienes se sometieron al poder de los monopolios..
 
Ese modelo expulsó a millones de campesinos del campo brasileño. Pero los expulsados de la tierra se resistieron a abandonarla y junto a otros desplazados por la construcción de grandes represas formaron el mayor movimiento social de América y uno de los más grandes del mundo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que vi forjarse en los campamentos al costado de las carreteras y en las grandes haciendas ocupadas.
 
Ese modelo que consolida monopolios agroalimentarios, expulsa del campo a los pequeños y medianos agricultores, y atenta contra la soberanía alimentaria porque grandes empresas monopolizan la alimentación de un país, es el que se busca aplicar en Ecuador, de acuerdo al Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria que en las últimas horas cayó en mis manos.
 
Este Proyecto de Ley fue elaborado por una comisión conformada por el Poder Ejecutivo en la que participaron algunas personas con una mirada de cambio y muchas otras que buscan fortalecer a los grandes agronegocios e importadoras de agroquímicos. Lamentablemente estas últimas impusieron su visión.
 
Los promotores de las empresas tabacaleras de Brasil en los años 70 y comienzo de los 80, promovían a los campesinos un negocio para el cual no necesitaban “nada de dinero, solo su tierra”. Finalmente éstos se quedaron sin tierra y sin dinero.
 
Ahora, los promotores de esta ley y ciertos cuenteros que la auspician dicen que promueve un “negocio incluyente” buscando someter al campesino a las denominadas cadenas productivas mediante las cuales solo podrán producir para determinados grandes supermercados o empresas agroalimentarias.
 
Además, normas fitosanitarias mediante, los campesinos perderán la posibilidad de comercialización directa.
 
Si el Mandato Agrario aprobado por la Asamblea Constituyente, favoreció a los importadores de agroquímicos y a las empresas agroalimentarias, este Proyecto de Ley multiplica ese favor. En pocos años se fortalecerán los monopolios y la concentración de la tierra.
 
Más allá de algunos articulitos perdidos, lo de soberanía alimentaría es un cuento. Podrían denominarla tranquilamente “Ley de Negocio Incluyente” o algún otro nombre sugestivo propuesto por los promotores, quienes además apoyaron en su momento el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que proponía normas fitosanitarias similares.
 
Resta esperar, que cuando el proyecto llegue a la Comisión Legislativa, exista una activa participación y movilización social para transformarlo en una verdadera Ley de Soberanía Alimentaria.
 
Si eso no ocurre, ojalá que ningún asambleísta que diga defender la soberanía alimentaria se preste para legitimarlo firmándolo como propio, como ocurrió con el mandato agrario.
 
El modelo agrario que promueve este proyecto de ley y algunos /as ministros /as, es tan conocido como el modelo neoliberal, y se opone al modelo de soberanía alimentaria y economía solidaria establecido en la nueva Constitución.
 
Si ese proyecto no cambia totalmente su sentido, en pocos meses podremos decir: ¡chao soberanía alimentaria!..