Más de una década después de la introducción comercial de cultivos y alimentos genéticamente modificados (GM), o transgénicos, la controversia que les rodea sólo parece crecer, como bien se ha documentado en informes recientes del Programa de las Américas.[1] ¿Cuales son los impactos ambientales y socioeconómicos de estos cultivos? ¿Son seguros para consumo?

Estas interrogantes son especialmente relevantes para América Latina, pues es la región productora y exportadora de transgénicos más grande del mundo después de Estados Unidos y Canadá.[2] Argentina y Brasil son, respectivamente, el segundo y el tercer mayor productor de cultivos transgénicos en el mundo, Paraguay es séptimo y Uruguay noveno. Argentina sola es responsable de 19% del área sembrada de transgénicos del mundo.

¿Qué herramientas metodológicas existen para evaluar los riesgos de esta nueva tecnología? Tales métodos, procedimientos y líneas de investigación han sido gradualmente desarrollados a lo largo de las últimas dos décadas y son colectivamente conocidos como "bioseguridad".

La bioseguridad es un nuevo y creciente campo dedicado específicamente a atender las preocupaciones en torno a la seguridad e inocuidad de la ingeniería genética y los organismos transgénicos. Reconoce que los organismos transgénicos son esencialmente distintos de sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto presentan riesgos únicos y sin precedentes que requieren de una evaluación de riesgo apropiada.

Estas preocupaciones son atendidas a nivel internacional por el Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas, conocido también como el Protocolo de Cartagena.[3] "Por primera vez en el derecho internacional hay un reconocimiento implícito de que los organismos genéticamente modificados (OGM) son inherentemente distintos de los organismos de origen natural, y traen riesgos y peligros especiales, y por lo tanto necesitan tener un instrumento legal con fuerza de ley", dice Lim Li Lin, coordinadora del Programa de Bioseguridad de la Red del Tercer Mundo.[4] "El Protocolo reconoce que los OGM pueden tener impactos sobre la biodiversidad, la salud humana y de índole socioeconómica, y que estos impactos deben ser objeto de evaluaciones de riesgo o tomados en consideración a la hora de tomar decisiones sobre transgénicos."

El Protocolo, firmado por 147 países para el verano de 2008, fue adoptado en 2000 tras años de contenciosas negociaciones y entró en vigor en septiembre de 2003.[5] Su ratificación fue lograda gracias a los esfuerzos de las delegaciones de países en vías de desarrollo, organizadas como el "Grupo de Igual Parecer".

En el bando opuesto, las delegaciones de países que no querían un protocolo con fuerza de ley y que eran hostiles incluso al concepto mismo de bioseguridad, estaba el "Grupo de Miami". Este pequeño pero poderoso grupo fue dirigido por Estados Unidos e incluyó a Argentina, Chile y Uruguay. Ninguno de los miembros del Grupo de Miami ha firmado el Protocolo.[6]

Para firmar el Protocolo los países deben también ser miembros de la Convención de Biodiversidad de la ONU (CBD), un acuerdo internacional para la protección y uso sustentable de la biodiversidad firmado por 191 países para el verano de 2008.[7] La Convención fue firmada inicialmente en la Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo, conocida también como la Cumbre de la Tierra, que tomó lugar en Brasil en 1992. Estados Unidos se negó a firmar la CBD y el Protocolo, pero un número de productores de transgénicos lo firmaron, incluyendo Brasil.[8]

El Protocolo se negocia regularmente en sesiones conocidas como las reuniones de las partes (MOP, por sus siglas en inglés). Las MOP toman lugar justo antes de la reunión bi-anual de la CBD, conocida como la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), por lo cual se les conoce conjuntamente como las COP-MOP. Las últimas reuniones COP-MOP tomaron lugar en Curitiba, Brasil (2006), y Bonn, Alemania (2008). La próxima será en Nagoya, Japón, en 2010.

El Protocolo y el campo de la bioseguridad se fundamentan sobre el principio precautorio, un concepto científico formulado para ayudar con la protección de la salud humana y el ambiente ante factores de riesgo e incertidumbre. El principio postula que cuando la sociedad balancea riesgos causados por actividades humanas (como por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías), la falta de certeza científica no deberá ser usada como excusa para no tomar acción preventiva para proteger la salud humana y el ambiente.[9] Hay referencias al principio en el Artículo 1 del Protocolo y en el Principio 15 de la Declaración de Río,[10] un documento de consenso producido en la Cumbre de la Tierra.

El principio precautorio pone el peso de la duda en los promotores de nuevas tecnologías y no sobre aquellos que expresan reservas y advierten sobre peligros. "En el uso general de la tecnología, aquellos que alegan la existencia de efectos no probados se han visto obligados a demostrar que la actividad en cuestión causa daño a la salud y el ambiente", dice Anne Ingeborg Myhr, del Instituto de Ecología Genética de Noruega.[11] "Con el empleo del principio precautorio, la carga de la prueba se traslada al proponente, que ahora necesita demostrar que la actividad es necesaria y que no perjudicará la salud o el ambiente. Esto se refleja en el Protocolo de Cartagena."

Sin embargo, ni en la Declaración de Río ni en el Protocolo se mencionan las palabras "principio precautorio". En ambas instancias la delegación estadounidense y sus aliados (en el caso del Protocolo, el Grupo Miami) lograron exitosamente impedir que se mencionara y que se sustituyera por el ambiguo término "acercamiento precautorio".

Es por esto que el Principio 15 de la Declaración de Río dice: "Con el fin de proteger el ambiente, el acercamiento precautorio será ampliamente aplicado por los estados de acuerdo a sus capacidades. Donde hay amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de completa certeza científica no será usada como razón para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental."

Además, el Grupo Miami pudo eliminar cualquier referencia a organismos genéticamente modificados y sustituirlas con el ambivalente término "organismos vivos modificados."

El preámbulo del Protocolo dice: "En concordancia con el acercamiento precautorio contenido en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, el objetivo de este Protocolo es contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en el ámbito de la transferencia, manejo y uso seguros de organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos sobre la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta riesgos a la salud humana y específicamente enfatizando los movimientos transfronterizos."

Estancamiento

Sin embargo, el Protocolo y su cumplimiento se han estancado por un impasse sobre los temas gemelos de responsabilidad y reparación de agravios. El Artículo 27 del Protocolo provee para "responsabilidad y reparaciones para daños resultantes de movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados."

Según la Red por Una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), esto es esencial porque evita que el Protocolo se convierta en un mero texto de directrices sin poder legal vinculante.[12] Un régimen de responsabilidad con fuerza de ley implica, entre otras cosas, evaluar los daños causados por los productos de la ingeniería genética, quién será responsable por estos daños y pérdidas, cómo serán compensadas las víctimas y cómo se restaurará el ambiente afectado.

RALLT entiende que la cláusula vinculante es esencial si el Protocolo va a cumplir con su propósito declarado. El texto del Protocolo dice que busca "asegurar un nivel adecuado de protección en el campo de la transferencia, manejo y uso seguros de organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos sobre la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, tomando también en cuenta riesgos a la salud humana, y específicamente enfocándose sobre movimentos transfronterizos."

"Los países en vías de desarrollo siempre habían argumentado que si los organismos genéticamente modificados son tan seguros como la industria y los países productores alegaban que eran, entonces no tenían que preocuparse por provisiones fuertes de responsabilidad y reparación de agravios, lo cual aumentaría la confianza en sus productos", según Lim Li Lin.[13] "De hecho, la inclusión de provisiones sustantivas de responsabilidad y reparación de agravios en el Protocolo de Bioseguridad era vista como crucial para su éxito, y durante las negociaciones muchos delegados apoyaron la campaña de las organizaciones no gubernamentales, 'Sin responsabilidad no hay Protocolo' y luego 'Sin responsabilidad no hay bioseguridad'."

La responsabilidad y la reparación de agravios han sido asuntos contenciosos desde que el Protocolo fue concebido en la década de los 90. Durante las negociaciones que llevaron a su versión final el Grupo de Igual Parecer y el Grupo de Miami estaban trancados en torno a este tema hasta que el Grupo de Igual Parecer accedió a posponer la discusión y retornar al asunto después que el Protocolo entrara en vigencia.[14] El Artículo 27 dice, por lo tanto, que en la primera reunión MOP se empezarían trabajos encaminados a establecer un mecanismo para responsabilidad y reparación de agravios y que éste deberá concluir en cuatro años.

¿Quién es responsable? Buscando un régimen con fuerza de ley

La primera MOP fue en 2004, así que un régimen de responsabilidad y reparación de agravios debió haber sido acordado para el tiempo de la MOP de 2008 en Bonn. Pero ese no fue el caso. En camino a la reunión de Bonn, un acuerdo todavía lucía improbable. Después de la MOP de 2004 se formó un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad y Reparación de Agravios en el cual no se hizo ningún progreso.

La última reunión, un último intento de llegar a un acuerdo, tomó lugar en la ciudad colombiana de Cartagena en marzo de 2008, sólo dos meses antes de la MOP de Bonn, co-presidida por los jefes de las delegaciones colombiana y holandesa. Para facilitar la negociación se formó un grupo de Amigos de los Co-Presidentes.

Durante la reunión de los Amigos seis corporaciones de biotecnología propusieron un acuerdo contractual de compensación, el cual llamaron un Compact. Alegaban que era una alternativa a las difíciles negociaciones, las cuales algunos observadores ya comenzaban a pensar que estaban sentenciadas al fracaso.

"El Compact es un acuerdo entre sus miembros corporativos para proveer recurso para daño 'real' a la diversidad biológica si sus productos son la causa", explica Lim Li Lin.[15] "Los términos y condiciones y su gobernanza son definidos por los miembros del Compact. Los estados se hacen 'terceras partes beneficiadas' si consienten y si su reclamo es reconocido."

Muchos delegados y observadores de sociedad civil estuvieron consternados ante esta iniciativa de la industria. "El Compact propone redefinir los roles de los estados y las corporaciones", de acuerdo a Lim Li Lin. "Las corporaciones están tratando de crear derechos y obligaciones legales, y a los estados se les permite, como terceras partes, tratar de hacer valer esos derechos."

El sector de organizaciones no gubernamentales (ONG) condenó el Compact rotundamente y lanzó una declaración a ese efecto. "La industria sería a la vez acusado y juez de los reclamos por daños , " y la privatización del derecho internacional establecería "un mal precedente dentro del sistema entero de la ONU".[16] Las ONG exhortaron a que el Compact sea "despachado con el desprecio que merece".

A pesar de los esfuerzos de los Amigos de los Co-Presidentes, los negociadores se fueron de Cartagena sin un acuerdo que llevar a la MOP de Bonn. Durante la reunión de Bonn Malasia intentó romper el empate con la formación de un Grupo de Amigos de Igual Parecer. Eventualmente más de 80 países se unieron a este grupo, cuya propuesta pretendió llegar a algún tipo de régimen vinculante de responsabilidad a la vez que tomaba en consideración las objeciones de países como Japón, que estaban totalmente en contra de la responsabilidad y estaban bloqueando las negociaciones.

Los únicos países que no aceptaron ni siquiera esta propuesta fueron Japón, Perú, Paraguay y Brasil. En ese punto en las negociaciones la delegación peruana dijo que no veía la necesidad de negociación, ya que "la biotecnología no tiene riesgos". Según RALLT, más tarde salió a luz que el negociador de Perú era un representante de la industria de biotecnología.[17] RALLT también denunció que la delegación paraguaya estaba siendo asesorada por el ministerio de agricultura argentino. Como fue ya mencionado, Argentina es miembro del Grupo Miami, no firmó el Protocolo y es además el segundo mayor productor de cultivos transgénicos del mundo.

No hay duda que el gobierno argentino, encomendado al modelo agroexportador de transgénicos, ha desempeñado un importante papel en socavar la bioseguridad y adelantado los intereses de la industria de biotecnología en negociaciones internacionales como la COP-MOP de Bonn. Según el Grupo de Reflexión Rural, una ONG argentina, Moisés Burachik, líder de la delegación argentina en Bonn, no era servidor público sino un cabildero corporativo.[18]

Cuando la reunión de Bonn terminó sin llegar a un acuerdo, los participantes decidieron tener dos reuniones adicionales de negociación de responsabilidad y reparación de agravios antes de la próxima MOP en 2010. México ha ofrecido ser el anfitrión de una de las dos.

¿En dónde queda la bioseguridad?

"No podemos sino entender esto como un fracaso, pues si n duda el mensaje que la MOP envía a la industria biotecnológica y a las firmas comercializadoras es que gozarán, al menos por ese período, de impunidad en sus acciones; y que aún puede seguir utilizándose la estrategia de la contaminación", comentó RALLT mirando retrospectivamente lo ocurrido en Bonn.

La "estrategia de contaminación", según ONGs y científicos en varios países (ver recuadro), consiste en sembrar—legal e ilegalmente—extensos campos de cultivos GM para que eventualmente la biodiversidad se pierda por causa de la contaminación genética, y el asunto de la conservación de la biodiversidad no sea relevante.

RALLT añadió que la falta de progreso hacia la regulación de la bioseguridad indica que "los gobiernos no reconocen la evidencia existente de múltiples daños derivados de la utilización de OGMs, y lo que es más grave, de la potencialidad de consecuencias de mayor envergadura en el futuro ... La presencia de la industria, que en esta MOP fue evidentemente más fuerte que en Curitiba, indica que el sector privado ha redoblado sus esfuerzos por garantizar la cooptación de los ámbitos de negociación multilateral".[19]

Según el científico etíope Tewolde Egziabher, uno de los líderes del Grupo de Igual Parecer, "No sorprende que el proceso de negociar (el Protocolo) haya sido muy divisivo. Igualmente, no sorprende que no satisfaga completamente a todo el mundo. El tiempo dirá si negociarlo ha sentado un buen precedente para asegurar la seguridad de nuevas tecnologías emergentes".[20]

"El Protocolo es sólo el comienzo de un largo y difícil camino hacia una efectiva regulación internacional de la ingeniería genética", dice Lim Li Lin. "Queda mucho por hacer, y los países deben actuar para que la verdadera bioseguridad se haga realidad".[21]

Los transgénicos, ¿Son seguros o no?

A pesar de las aseguranzas de la industria de biotecnología y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), hasta el día de hoy no se ha demostrado que los alimentos GM sean seguros. La FDA no realiza sus propios estudios sobre productos transgénicos. Lo único que hace es aceptar estudios hechos por las compañías de biotecnología sobre sus productos GM. La mayoría de estos estudios son información confidencial empresarial, y por lo tanto no están sujetos a escrutinio público.

"El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento", dice el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro Genetic Roulette (Ruleta Genética). "Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco."

La FDA "depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología de que llevaron a cabo su propia evaluación de seguridad de los cultivos GM que quieren difundir comercialmente", según los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. "La FDA no tiene laboratorio propio y nunca subvenciona la seguridad de cultivos y alimentos transgénicos".

La agencia llevó a cabo sus propias pruebas sobre alimentos GM sólo una vez. Los documentos ahora desclasificados de esta investigación muestran que los científicos de la agencia estaban divididos en cuanto a la seguridad de estos productos y que algunos de ellos abiertamente expresaban reservas acerca de ellos. Sin embargo la FDA aprobó los alimentos transgénicos para uso de consumidores.

La literatura científica publicada sobre las implicaciones de salud humana de alimentos GM consiste de apenas más de 20 estudios, un número alarmantemente bajo. En un estudio publicado en Nutrition and Health, I.F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios sobre alimentos transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los que son financiados por la industria nunca encuentran ningún problema. Un informe de William Freese y David Schubert titulado "Safety Testing and Regulation of Genetically Engineered Foods" (Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 2004) concluye que el proceso de evaluación de alimentos GM en Estados Unidos no es efectivo, ya que se basa en investigación pobre y premisas erróneas.

Las pocas instancias en las que pruebas de seguridad realizadas por la industria han salido a la luz pública han dado bastante razón para uno preocuparse. Un informe interno de Monsanto filtrado en 2005 reveló que ratas alimentadas con su maíz transgénico Mon 863 tuvieron problemas de salud significativos, incluyendo conteos de células blancas sanguíneas anormalmente altos, necrosis del hígado, reducción en el peso de los riñones y altos niveles de azúcar en la sangre.

El tema de la ingeniería genética se complica más aún debido a que sus productos son organismos vivos, que pueden—a diferencia de los productos de otras tecnologías—reproducirse y esparcirse. Este proceso se conoce como contaminación genética. En las palabras de la bióloga agrícola suiza Angelika Hilbeck, "la difusión de organismos biológicos capaces de reproducción es potencialmente irreversible y añade una dimensión de complejidad a introducciones tecnológicas previas."

El GMO Contamination Register, un servicio informativo establecido por Greenpeace Internacional y Genewatch UK, ha reportado 142 instancias de contaminación genética alrededor del mundo desde 1996. Brasil es uno de nueve países que ha reportado más de cinco incidentes de contaminación.

La presencia furtiva de maíz transgénico en México, donde está prohibido por ley, fue reportada por primera vez por los científicos de la Universidad de California Ignacio Chapela y David Quist en la revista Nature en 2001. Científicos y institutos pro-industria llevaron a cabo una campaña de gran envergadura para desacreditar los hallazgos de Chapela y Quist, pero en 2002 un estudio comisionado por el gobierno mexicano encontró que 95% de los campos de maíz en los estados de Oaxaca y Puebla tenían contaminación genética.

- Carmelo Ruiz-Marrero es un periodista ambiental independiente y analista ambiental del Programa de las Américas del CIP (www.ircamericas.org), un becado (fellow) del Oakland Institute y (senior fellow) del Environmental Leadership Program, además de fundador y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (bioseguridad.blogspot.com). Su página web bilingue (carmeloruiz.blogspot.com) está dedicada a asuntos globales de ambiente y desarrollo.

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.

Referencias

Chapela, Ignacio & David Quist, "Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico," Nature, 2001.

Hilbeck, Angelika, "GMOs and the Environment: What are the Issues?" Presentation at the Institute for Gene Ecology, University of Tromso, Norway, 31 de julio del 2008. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms, Lim Li Ching y Terje Traavik, eds., Tapir Academic Press, 2007.

Pusztai, Arpad y Susan Bardocz, "Potential Health Effects of Foods Derived from Genetically Modified Plants—What are the Issues?" Biosafety First, Lim Li Ching y T. Traavik, eds.

Smith, Jeffrey, Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes! Books, 2007.

Recursos

Agrocombustibles, Biodiversidad y Nuestro Futuro Energético
http://www.ircamericas.org/esp/4559

El lado oscuro de la revolución biotecnológica en América Latina
http://www.ircamericas.org/esp/4829

El rol de la biología sintética en los agrocombustibles
http://www.ircamericas.org/esp/5276