Bogotá

La presidencia de Uribe es parte de un proceso que empieza antes que él y no se acabará con él. Simplemente no existiría una presidencia de Uribe sin la concurrencia de tres factores: un Estado paramilitarizado, un conflicto y una guerrilla. Y todos no son más que instrumentos de un proyecto que los incluye e intenta controlarlos y manipularlos.

El Estado, las oligarquías y el conflicto

Los conflictos armados generan desplazamiento, pero esta interpretación en el caso colombiano tiene que ser invertida. En Colombia el desplazamiento es el origen del conflicto. La tierra de las comunidades indígenas, afro descendientes y de los campesinos es la primera razón de la guerra.
Las oligarquías rurales, entre las más reaccionarias del continente, y las empresas nacionales y transnacionales, con sus aliados paramilitares y narcotraficantes, sueñan con adueñarse del generoso suelo y subsuelo colombiano.

Para que pase esto se necesitan dos condiciones: la primera que el Estado esté ausente o mejor inexistente; la segunda, que exista un conflicto. Ambas condiciones siempre han existido en Colombia. No importa el tipo de conflicto, sus razones o sus actores, lo importante es que exista conflicto armado.

La guerra justifica la violencia, confunde los abusos y la resistencia en una nube gris, transforma sindicalistas, movimientos sociales y activistas en subversivos, y convierte la represión violenta en algo socialmente aceptable por una sociedad acostumbrada a la misma, como un mal endémico que no se puede curar nunca definitivamente.

El conflicto es permanente, el enemigo necesario: a los paramilitares le siguen los “grupos emergentes”; al cartel de Medellín, la "oficina" de "Don Berna" y al cartel del Valle, la "oficina" el grupo de “Don Mario”; las FARC mismas podrían disolverse en una serie de pequeños ejércitos regionales al servicio de carteles de narcotraficantes. Se acaban los grupos pero no las condiciones que los han generado, para que se perpetúe el conflicto, para que siempre exista un “enemigo”, que a veces es más bien un “amigo explotado”. Todas son fichas en un juego de guerra que legitima los abusos, el destierro, la represión y la reproducción de la clase dominante.

Todo esto lo vienen denunciando muchos de los movimientos sociales colombianos que han vivido la guerra en carne propia, han pagado con muertos su resistencia o simplemente su existencia, pero ahora, por primera vez, se rompió un engranaje y las relaciones entre elites rurales, paramilitares y la esfera empresarial han salido a la luz del sol.

El paramilitarismo

Una sentencia de mayo del 2006 de la Corte Constitucional ha transformado la “ley de justicia y paz”, o sea la ley que reglamenta el proceso de paz de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) con el gobierno Uribe. La sentencia convirtió en obligatoria la confesión total de los crímenes de los paramilitares para poder gozar de las penas de máximo 8 años que prevé el proceso de paz. Antes, en la versión presidencialmente correcta de la ley, la confesión era facultativa.

Por esta razón, los jefes paramilitares se han visto obligados a contar al mundo la historia del paramilitarismo colombiano. Nada nuevo, nada desconocido, solo que esta vez son las bocas de los verdugos y no los gritos de las víctimas los que cuentan las mismas historias, las mismas relaciones con políticos y empresarios, las mismas masacres, los mismos asesinatos. Paradójicamente los verdugos han sido escuchados más que los masacrados, y hasta la justicia parece creerles más.

De estas versiones libres, se ha desencadenado el que se conoce como el escándalo de la parapolítica: 70, entre parlamentarios y senadores investigados por la Corte Suprema de Justicia por compra venta de votos y creación, financiamiento y apoyo a los grupos paramilitares de las AUC, probablemente el grupo paramilitar mas sangriento de América Latina.

Casi la mitad de estos representantes están en la cárcel y diez ya confesaron sus crímenes. La mayoría de los investigados pertenecen a partidos que apoyan al presidente Uribe, entre estos, su primo Mario Uribe, compañero político desde el principio de su carrera.

De las versiones libres de los paramilitares, o sea de sus confesiones, además del escándalo de la parapolítica, se puede desentrañar el secreto fundacional de los grupos paramilitares, su función y en general las dinámicas del conflicto colombiano. Los "paras" no fueron nada más que fichas en manos de las elites, una creación de éstos, un actor endógeno al Estado, un instrumento de represión de las protestas, más que todo sindicales, para poder desplazar el campesinado y seguir en una, nunca acabada, contrarreforma agraria.

Los "paras" permitieron la manipulación de las elecciones con violencia y amenazas, y aportaban fondos a las campañas electorales, consintiendo la perpetuación en el poder de los mismos políticos que los apoyaban.

Éver Veloza, el jefe paramilitar conocido como H.H., a diferencia de los otros jefes no ha sido todavía extraditado a los Estados Unidos. Sus versiones libres y sus entrevistas con los diarios el Espectador y Washington Post son fundamentales para entender el rol de los paras.

Veloza cuenta que, según él, la extradición de los otros jefes paramilitares es una estrategia para enterrar las verdades incómodas: “He visto que ha sido muy difícil tomarles versión a los otros comandantes que fueron extraditados. Ha sido imposible. Entonces creo que la verdad si quedará mocha […] de todas maneras justicia y paz está aclarando quiénes apoyaron, quiénes financiaron, quiénes se beneficiaron de las autodefensas, y yo creo que la gente está más temerosa de que nosotros sigamos hablando. […] todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar.”

La decisión del presidente de extraditar a los jefes paramilitares ha sido cuestionada duramente por muchas de las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos. La víctima de esta decisión es la verdad, y no se puede no pensar que esta sea la verdadera finalidad.

H.H. habla también del rol de los paramilitares en el conflicto colombiano, la razón misma del conflicto y quiénes son los que se benefician de ello: “Y vea cómo estamos. En la cárcel, otros extraditados, otros muchachos se están rearmando por falta de oportunidades. La mayoría del a gente que está en la guerra no está por voluntad, sino porque no hay qué hacer. La guerra se volvió una bolsa de empleo. Creo que faltaron más compromisos del Gobierno para generarles condiciones a los muchachos que se desmovilizaron. En la civilidad, ellos no han encontrado ninguna condición. […] Es que hay que contar la verdad, porque de esta guerra sólo se beneficiaron los ricos de este país. En esta guerra perdieron los pobres y nosotros, que estamos en la cárcel. Nosotros pusimos muertos y puso muertos el pueblo. Pero los ricos se beneficiaron. Hay que contar la verdad para que esas personas no sigan utilizando la guerra para beneficiarse económicamente”.

Si la parapolítica está llevando a la luz pública la red de relaciones entre paramilitares y políticos, el capítulo de las relaciones de éstos con el mundo empresarial está apenas empezando; la única excepción es la multinacional Chiquita Brands que ha aceptado el cargo frente a un tribunal federal de los EE.UU. de haber financiado a los paramilitares de las AUC.

H.H. cuenta cómo se gastaba esta plata y cual era la razón por la cual una empresa extranjera pagaba a un grupo terrorista internacional: “Nosotros llegamos a recuperar el control en el Urabá, ya que se venían presentando paros que perjudicaron a las empresas, y hacían paros cuando los barcos estaban afuera esperando, y la fruta, perdiéndose. Cuando llegamos al Urabá en febrero del 95, no hubo un solo paro más. Porque yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras. Por eso yo también he dicho que estas empresas deben responder a esas víctimas”.

H.H. se ha declarado culpable de, por lo menos 3000 homicidios en Colombia, pero será extraditado a los EE.UU. que lo pidieron por haber exportado y distribuido “5 o más kilos de cocaína”. De 3000 muertos es responsable uno solo de los jefes paramilitares, un número igual al total de víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile.

La guerrilla

Las FARC asumieron un rol político fundamental en los últimos años, pero opuesto al que probablemente se proponían.

Los atentados precedentes a las elecciones del 2002 y la ruptura de las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana empujaron hacia la victoria al candidato de la opción militar, Álvaro Uribe. Luego, cada una de las ya numerosas derrotas de la guerrilla contribuyeron a sacar al gobierno de sus peores crisis, y aun más a reforzar en la opinión pública la idea de que el gobierno iba por el buen camino y de la necesidad de una perpetuación del mismo Uribe en el poder. Esta misma serie de derrotas son las que mantienen los índices de popularidad del presidente a niveles inverosímiles. Las FARC tienen un rol político fundamental a favor de este gobierno. Si las FARC no existieran, el gobierno tendría que lidiar con los problemas del país real, como los altísimos niveles de pobreza y desempleo.

Las FARC, además, atraviesan un momento de increíble dificultad después de haber recibido los golpes más duros de su historia. Desacreditada frente a la población, como demuestran las marchas del pasado 4 de febrero y del 20 de julio, aisladas como nunca a nivel internacional, también en el campo militar han sufrido importantes derrotas. En marzo, murieron tres integrantes del secretariado, organismo que siempre se había considerado intocable: Raúl Reyes, muerto en una incursión en territorio ecuatoriano; Iván Ríos, traicionado por su mismos hombres a cambio de una generosa recompensa (como en las películas del Oeste) y el jefe histórico, Tirofijo, muerto probablemente por causas naturales.

Además de los integrantes del secretariado, han caído también algunos mandos medios fundamentales como por ejemplo el Negro Acacio, hombre clave para la financiación a través del narcotráfico y Martín Caballero, encargado de los secuestros.

A nivel de inteligencia, el Estado colombiano ha demostrado su ya abismal superioridad, gracias a la cooperación y entrenamiento de ex militares israelitas y de EE.UU. Historias como la del pequeño Emmanuel, que las FARC prometía liberar, cuando ya estaba en las manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el anuncio de la muerte de Tirofijo por boca del ministro de defensa, Juan Manuel Santos, y la más reciente operación Jaque, demuestran lo que ya se sabía: que existe un aislamiento entre los diferentes frentes y que por ahora las comunicaciones están restringidas a los correos humanos .

Hay que tener en cuenta que, en más de 40 años, con los titulares de prensa que dan a las FARC por acabadas, se podría cubrir toda la plaza Bolívar de Bogotá. El grupo guerrillero cuenta todavía con una estructura burocrática prácticamente intacta, una jerarquía de comando, nueva pero en pie y reconocida, y miles de hombres en armas. Si el Estado sigue dando fuertes golpes militares, existe la posibilidad de una fractura del grupo guerrillero en frentes separados con alcances regionales, bajo el mando de personas no ideologizadas, guiadas solo por las enormes ganancias que ofrece el narcotráfico y dispuestas a hacer alianzas con grupos paramilitares o carteles de la droga. En la óptica de una verdadera resolución del conflicto sería evidentemente mejor negociar con una guerrilla unida e ideológica que con una decena de bandas armadas.

El nuevo comandante de las FARC es Alfonso Cano, que saltó de la tercera la línea de mando a ser el número uno; después de un solo mes en la dirigencia tuvo que enfrentar la enorme derrota que ha representado la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados.

Cano representa también un cambio fundamental: el nuevo secretariado, con la excepción del "Mono Jojoy", ya no está compuesto por viejos campesinos que tomaron las armas para defenderse en la época de la violencia, sino por un grupo de ex estudiantes universitarios que prefiere el aspecto político, es una generación urbana, con mayor formación política, académica y cultural. De pronto, por esta imagen que lo acompaña, es posible que los primeros actos de las nuevas FARC sean de tipo militar, para convencer a las tendencias más militaristas de la legitimidad de los nuevos líderes. De hecho una serie de atentados recientes, aparentemente imputables a las FARC, parecen comprobar esta teoría. No es automático que vaya a empezar una nueva temporada de negociaciones a corto plazo. Es más fácil que la guerrilla se repliegue en las áreas en donde todavía mantiene mayor control territorial, metabolice las derrotas y estudie nuevas tácticas más efectivas en el escenario actual. En la organización, probablemente se debate si es necesaria una negociación a corto plazo para reorganizarse, útil también al Estado para aprovechar las ventajas acumuladas y probablemente no sustentables a largo plazo. O si prepararse para un proyecto a largo plazo para las próximas décadas, teniendo en cuenta que la actual ofensiva militar se funda sobre dos pilares que no pueden durar por siempre: la plata del Plan Colombia, y un gasto militar del 8% del PIB.

Uribe y el post Uribe

El futuro político de Uribe depende de la resistencia de la coalición social y política que lo apoya. Mientras en estos días han sido depositadas las 5 millones de firmas para llamar a un referéndum constitucional que permitiría un tercer mandato presidencial, el presidente todavía no se ha pronunciado sobre esta posibilidad.

En medio de los escándalos, la presidencia Uribe, sobrevive solo gracias a los altos índices de popularidad, cosa que se parece cada vez más a una burbuja de popularidad, y por lo tanto sujeta a explotar o desinflarse rápidamente. En los últimos meses la percepción que los ciudadanos tienen del país y del gobierno diverge de la del presidente. Los primeros empiezan a mostrar una falta de confianza en el futuro y en el ejecutivo, mientras la percepción del presidente sigue subiendo. En la última encuesta trimestral, realizada por Gallup Colombia, se evidencia cómo el país pide en su mayoría una negociación con las FARC y se muestra preocupado por su situación económica más que por la seguridad; en lo especifico los colombianos creen que el país está empeorando en la lucha contra la pobreza (40%), desempleo (51%), costo de la vida (73%). El riesgo para el presidente es que tarde o temprano, los colombianos relacionen el hecho de que su vida está empeorando con quiénes no están haciendo nada para que mejore.

Algunos sectores del Uribismo, sobre todo industriales, están buscando un escenario post-Uribe, o un Uribismo con una cara presentable frente a una posible presidencia de Obama en los EE.UU. y frente a los vecinos latinoamericanos. Hasta Luis Carlos Villegas, presidente de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y hombre muy cercano al establecimiento estadounidense ha declarado que: “Uribe pasará a la historia como el mejor Presidente de Colombia […] no vale la pena que lo haga, por su apego al poder”. Los industriales no se olvidan de los costos económicos de las crisis con los países vecinos, sobre todo con Venezuela, único país que compra manufactura colombiana. El comercio entre los dos países se ha incrementado en un 40% en el último año, y una crisis ulterior tendría efectos aún más graves sobre la economía colombiana que está entrando en una fase de recesión imputable, entre otras cosas, al bajo precio del dólar frente al peso, una de la monedas más sobre evaluadas del mundo por efecto de los grandes capitales ilícitos provenientes del narcotráfico que ingresan en el país. Otro tema es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. cuya aprobación está suspendida en el congreso de mayoría demócrata, por temas relacionados al atropello de los derechos humanos por parte del Estado Colombiano. Parece difícil una aprobación del TLC mientras Uribe sea presidente.

Existe entonces un aparente contra sentido: mientras el presidente experimenta índices de popularidad tan altos -al parecer inverosímiles- quienes lo han llevado al poder buscan alternativas. De un lado las elites rechazan las aspiraciones plebiscitarias del presidente, que se acerca demasiado al modelo de Fujimori en Perú, un presidente demasiado fuerte que les quita capacidad de negociar a las elites mismas. Cuando hay que negociar acuerdos, los gremios prefieren hacerlo con un partido y no con un hombre solo, aun menos si es popular como el presidente Uribe. Por el otro lado, estos gremios son históricamente institucionalistas y respetuosos de la forma de la democracia colombiana, forma que tiene que parecer perfecta, si se quiere que el contenido no lo sea. Los continuos escándalos y las crecientes peleas del presidente con los otros poderes institucionales, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Banco Central hacen temblar esta forma de la democracia colombiana.

Uribe y los paramilitares eran, entonces, parte del mismo proyecto oligarca y el uno servía para legalizar a los otros escondiendo la verdad. Ambos ya no son tan útiles. Además, el primero cree ser tan popular para perpetuarse en el poder solo y los otros han empezado a revelar sus relaciones turbias. Esto ha llevado a medidas que si no fuesen trágicas serían cómicas. El congreso más corrupto de la historia del país, además de apoyar al paramilitarismo (como prueba la parapolítica), apoya al presidente Uribe, que sin el voto de los paras se quedaría sin mayoría. Este mismo congreso rechaza autoreformarse, para evitar ulteriores infiltraciones de los grupos ilegales, pero propone una reforma política y legislativa con el único objetivo de poder quitar de las manos de la Corte Suprema las investigaciones sobre los representantes, siendo esta la única instancia de la justicia que funciona. Al mismo tiempo, el presidente extradita algunos de los criminales más sanguinarios de la historia de América Latina a EE.UU., donde serán juzgados por tráfico de unos kilos de cocaína.

Es tiempo de cambiar las fichas para seguir en el mismo juego, el juego de una oligarquía necrófila que vive agazapada sobre los sepulcros de los campesinos y que se alimenta de sus cadáveres, dolor y masacre. ¿Grupos emergentes y Juan Manuel Santos a la presidencia?

- Simone Bruno es periodista italiano.