Las máscaras que cubrían el pacto aprofujimorista van cayendo una tras otra. Aparecen –más claramente– sus planes políticos, sus acuerdos bajo la mesa y la ofensiva que preparan contra la creciente protesta social en demanda de un cambio de rumbo. Fracasaron varios de sus psicosociales. El Pacto Social al que pomposamente convocó García a empresarios, trabajadores y Estado para "pactar" mejores salarios, resolver los abusos de las "services", establecer condiciones propias de trabajo decente y derechos elementales como los de jubilación y seguridad social murió rápidamente: la Ley General del Trabajo sigue atracada en el Congreso por el aprofujimorismo y la derecha al servicio del gran capital, mientras García negó, el 28 de julio, el exigido aumento de sueldos y salarios para compensar la galopante alza del costo de vida.

La renuncia de la "criatura mediática" Carolina Lizárraga a la Oficina Nacional Anticorrupción –en el marco de una total parálisis ante la corrupción dio curso al entierro clandestino de la institución que solo brilló por los fuegos artificiales de su creación. Agoniza también el "plan de desarrollo de la sierra" que inventaron los magos alanistas tras el nombre de Sierra Exportadora: un fracaso de la improvisación que solo muestra la ausencia de un plan de seguridad y soberanía alimentaria del gobierno neoliberal en el marco de una crisis mundial de los precios de los alimentos que golpea severamente a los más pobres. Y, gracias a la gestión del pata y asesor de García, Julio Favre, a la cabeza de Forsur, la zona de desastre sigue como si fuera un museo viviente del terremoto y un terreno fértil para investigar los notorios indicios de mal manejo del dinero asignado para atender la reconstrucción: la gente, harta, anuncia una paralización masiva este 15. ¡Qué decir de anuncios meramente publicitarios, como el de un Ministerio de la Cultura o de miles de millones en nuevas obras públicas cuando, paralelamente, anuncian recortes en el gasto fiscal y se niegan a imponer una reforma tributaria que haga pagar más a quien gana más o imponga el impuesto a las sobreganancias mineras para financiar las necesidades fiscales!

Al caer las caretas de la demagogia, como la popularidad presidencial, el gobierno comienza a sacar las uñas. Por un lado, afiata sus alianzas con la derecha. Aseguran el arreglo con el fujimorismo vía las evidentes maniobras gubernamentales –ministros de Estado presionando sobre el INPE– para garantizar a un criminal vinculado a delitos de lesa humanidad el derecho a recibir serenatas en la cárcel, teléfono y visitas nocturnas hasta la madrugada. Se alían para la directiva del Congreso y jalan a los tránsfugas necesarios para el efecto. Alguno, como Torres Caro, aparece vinculado a acusaciones de un lobista argentino-uruguayo por pedir $10,000 dólares para conseguir una cita con el mismísimo García y nadie investiga ni rechaza su voto en el Congreso por el oficialismo.

Por otro lado, aseguran su manejo clientelar de las políticas sociales del gobierno. Cuando se creó el programa Juntos, el APRA votó en contra. "Como le vamos a dar dinero a Toledo para hacer clientelismo". Ahora han multiplicado los beneficiarios y, claro, ponen a Carlos Arana, un operador partidario experto en manipulación de masas, en programas claves como Foncodes, a pesar de sus problemas de irregularidades pendientes con Consucode y de sus evidentes vínculos con el supuestamente "apestado" Agustín Mantilla. A ello, suman el paralelismo gremial, buscando quebrar la organización de las mujeres del Vaso de Leche o revivir el insepulto cadáver de la CTP para desvirtuar los masivos reclamos de los trabajadores frente a la sobreexplotación a la que son sometidos: suben las ganancias de las empresas y la productividad del trabajo, pero caen los salarios y sueldos de los trabajadores peruanos.

Finalmente, criminalizan la protesta social y aceitan las armas de las fuerzas del orden buscando empujarlas a enfrentar –con impunidad total– el creciente movimiento de reclamo social. Claro, pretenden incondicionalidad militar y policial mientras camina a la quiebra y la liquidación la Caja de Pensiones Militar-Policial, y pretenden convertirla en una AFP más que pague pensiones miserables.

Las cosas están llegando a un límite de lo tolerable y los anuncios del escenario de confrontación que prepara el gobierno, frente a fuerzas sociales cada vez más hartas de la injusticia y la inequidad, de ser tratados como extranjeros indeseados en su propia tierra, y de ser amenazados de ser privados de sus tierras ancestrales y privados de sus recursos naturales.

Este 23 de agosto se reunirá la Asamblea Nacional de la Coordinadora Política Social. Frentes regionales, federaciones y confederaciones de trabajadores y campesinos, organizaciones juveniles y de mujeres, colegios profesionales y movimientos culturales, fuerzas políticas progresistas nacionales y regionales debatirán la situación y decidirán las acciones a tomar. El silencio del gobierno frente a la plataforma del paro del 9 de julio y su pretensión de seguir imponiendo el hambre y el abuso recibirán respuesta.

La República, 11 de agosto de 2008