“Me rehúso a creer que un ministro tenga una agenda distinta a la del país”, dijo Ebrahim Asvat, quien fuera director de la Policía Nacional a principios de la década de 1990. Se refería a la aparente confusión que existe en los mandos políticos panameños sobre la agenda militar del país. El Presidente de la República y su consejo de gabinete tienen poderes extraordinarios, cedidos por la Asamblea de Diputados, para aprobar un proyecto de seguridad militar elaborado por agencias especializadas de EEUU.

El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado D., circula discretamente una propuesta de Seguridad Ciudadana que hace gala de conceptos trasnochados y anticuados. Mientras que los políticos se ponen a leer la propuesta, se avanza rápidamente en la militarización de la Policía Nacional bajo la cuidadosa conducción de funcionarios norteamericanos.

Este movimiento se produce en el marco de una Constitución Política que expresamente señala que Panamá no tiene fuerzas armadas y prohíbe la organización de un ejército.

La agenda militar del país se remonta a la década de 1930 cuando EEUU se preparaba para la segunda guerra mundial y decidió darle a la Policía panameña de aquel entonces nuevo armamento y personal militar. La “carta militar” llevó a la Presidencia al coronel Remón (asesinado por esbirros norteamericanos en 1955), Torrijos (accidentado por la CIA en 1981) y Noriega (preso en Miami desde 1989). En la década de 1990, EEUU quiso imponer un acuerdo para establecer en el istmo un Centro Multilateral Antidrogas cuya acción se extendería a lo largo del siglo XXI. Por fortuna el rechazo popular dio al traste con la iniciativa.

En el último lustro se han entrenado en EEUU casi dos mil jóvenes panameños en técnicas militares. Todos regresan para trabajar en la Policía Nacional. Mientras más militares ocupan puestos de policía, mayor la delincuencia y la falta de seguridad en el país. Los militares pueden ser excelentes soldados, pero desconocen el oficio de policía. Mientras que el soldado es entrenado para matar al enemigo, el policía es formado para trabajar con la comunidad en la prevención del crimen. En la medida en que se confunden los dos oficios los resultados son desastrosos. Panamá tiene una larga experiencia en esta materia.

La seguridad de Panamá y su gente dependen de su capacidad de integrar a todos en un proceso de desarrollo. Los recursos nacionales tienen que estar al servicio de ese objetivo. En la medida en que los gobiernos panameños destinan esfuerzos para apoyar a EEUU en su estrategia bélica global, se debilitan las estructuras políticas del país. Eso significa una disminución de las libertades de los panameños, la pérdida de oportunidades para fortalecer las instituciones democráticas y las condiciones para una nueva invasión militar norteamericana.

Los acuerdos militares con EEUU obligan al país a poner por encima de sus propios intereses las demandas de ese país. La relación desigual le da a EEUU carta blanca para dirigir el aparato militar que se crea en el país e imponer su propia agenda. En el fondo, el problema para EEUU no son los militares. La historia nos enseña que pueden desecharlos fácilmente. El problema es del país y su gente. La agenda militar es someter a Panamá a un régimen de seguridad sin libertad y que acabe con cualquier proyecto de democracia.

Panamá, 24 de julio de 2008.

- Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA)