Evaluación del primer año del gobierno de Rafael Correa

René Báez

20/07/2008

Opinión

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La evolución del continente al despuntar el siglo XXI continúa signada por la secular controversia entre el monroísmo/panamericanismo y el nacionalismo de raíz bolivariana, confrontación que salió a primer plano con los periplos paralelos por América Latina de George W. Bush y Hugo Chávez en marzo del 2007.

Ofensiva reciente del panamericanismo

La decadencia de los Estados Unidos, expresada en su derrota político/militar/ideológica en Medio Oriente y la aparatosa caída del dólar, no supone -conforme se lamentan sus panegiristas- el abandono de su geoestrategia en el hemisferio. Por el contrario, una constelación de nuevas acciones de Washington da cuenta de su tozuda vocación intervencionista: la Alianza de la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) orientada a remarcar la subordinación de México y Canadá, el plan de Bush para la anexión de Cuba, la concreción de TLCs con diversos países del área, las maniobras belicistas del Pentágono frente a las costas venezolanas, la adscripción de nuestro vecino norteño al Plan Puebla Panamá, el sostenido respaldo de la Casa Blanca a la fementida cruzada contra el “narcoterrorismo” centrada en el Plan Colombia, la progresiva instrumentación del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sud América)...

El convenio bioenergético para la producción y comercialización del etanol suscrito entre Bush y el ex izquierdista Lula da Silva busca reforzar la penetración de Wall Street al sur del Río Grande, afianzar el proceso de reprimarización de la economía latinoamericana (la vieja/nueva división internacional del trabajo) con el previsible efecto de destrucción de la Amazonía y bloquear a los proyectos de integración de signo defensivo como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Dialéctica de la dominación, dialéctica de la resistencia. Se alude, en concreto, a acontecimientos recientes ocurridos en el área andina.

Del lado del panamericanismo y la dominación, la reelección con el respaldo de las genocidas AUC de Álvaro Uribe en Colombia y la elección del aprista Alan García en el Perú con el voto de la derecha coaligada, así como la aprobación por el Congreso estadounidense del TLC acordado entre Washington y Lima. Del lado de la resistencia, los avances en un proceso no carente de conflictos de la Revolución Bolivariana en Venezuela con la confirmación para un tercer período de Hugo Chávez, los difíciles logros de la política nacionalista de Evo Morales en Bolivia (defensa del Estado unitario, recuperación de las riquezas naturales de manos de corporaciones transnacionales, lanzamiento de la reforma agraria), así como el triunfo del “outsider” Rafael Correa en las presidenciales ecuatorianas del 2006, victoria refrendada en el plebiscito de abril del 2007 cuando se dirimió la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en septiembre de ese mismo año, cuando el oficialista Alianza País arrasó en la votación para elegir asambleístas.

Correa y la prueba de la práctica

Correa es un economista de extracción pequeñoburguesa que se define como izquierdista moderno, antineoliberal y nacionalista/bolivariano/alfarista.

Como se recordará, Chávez y Morales flanquearon al líder de Alianza País, el 14 de enero del 2007, en su asunción simbólica del mando presidencial cumplida en Zumbahua, una olvidada aldea de la provincia de Cotopaxi, donde el actual inquilino de Carondelet cumplió un voluntariado en los años 80. Según un reporte de ese episodio: “Los yachaks –sabios indígenas- le cubrieron con sus cintas proyectándolo a los cuatro puntos cardinales. Agitaron en su cuerpo las hierbas sagradas y soplaron el aguardiente que limpia el aura del elegido entre los sahumerios de las maderas y especias. Fue conducido por un yachak, quien lo obligó a dejarse guiar. Recibió el bastón de mando, el poncho y una bufanda blanca. Ungieron su coronilla con agua de su cerro y su laguna, que hasta ahora no han sido privatizadas...” (Altercom: 17 de enero del 2007)

En la ocasión, Correa Delgado reiteró su convicción de que también en estas tierras ecuatoriales “empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI”. Al día siguiente, al asumir la Magistratura en forma oficial, refrendó su promesa de campaña de presidir una revolución ciudadana y emprender en vastas transformaciones en las esferas política, ética, económica, educación/salud y relaciones internacionales, en función de construir una país soberano y sepultar la dogmática neoliberal.

La alegría, el optimismo y una recuperada autoestima se extendieron entre vastos contingentes sociales, especialmente entre los jóvenes, no obstante la molestia que provocara la nominación de un gabinete con predominio de figuras identificadas como defensoras del carcomido establecimiento.

En nuestro estudio “Ecuador: ¿Cómo superar el fundamentalismo liberal?”(1), apuntábamos que tales desafíos comportan obrar con firmeza en dos ámbitos íntimamente relacionados. De un lado, emprender en acciones orientadas a defender y recuperar la soberanía, y por otro, instrumentar cambios para sustituir el patrón monopólico y rentista de acumulación impuesto por el capital financiero internacional en connivencia con grupos plutocráticos nativos (la denominada “partidocracia”).

A continuación se explora el desempeño gubernamental especialmente en la primera de esas esferas.

La Base de Manta y las relaciones frente al eje Washington-Bogotá

El fin de la Guerra Fría determinó que la Casa Blanca rediseñara su estrategia hemisférica sustituyendo la “lucha contra el comunismo” por la “guerra contra las drogas”, ampliada después del 11-S con la divisa del combate al “terrorismo internacional”, para, de este modo, dar continuidad a la “criminalización” de las sociedades periféricas como medio de legitimación de su sojuzgamiento.

En lo que concierne a América Latina, la política exterior estadounidense, antes y después de la Guerra Fría, ha tenido como propósito medular asegurar el control y la explotación de los recursos naturales, mineros y energéticos del subcontinente por parte de las corporaciones yanquis. En la actualidad, ese móvil estratégico tiene -como insinuamos- su núcleo principal al Plan Colombia (2), en vías de complementación con el Plan Mérida acordado entre Bush Jr. y Felipe Calderón.

En nuestro estudio “Ecuador escala la guerra colombiana”(3), apuntábamos que la inconstitucional cesión de la Base de Manta al Pentágono decidida por el demócrata cristiano Jamil Mahuad, en 1999, y la aprobación por el Congreso norteamericano, a mediados del 2000, de una gigantesca asignación presupuestaria para el Plan Colombia, financiamiento destinado marginalmente al Ecuador, involucraron abiertamente a nuestro país en la guerra civil que asuela a la hermana república desde hace medio siglo.

En el marco de la administración correísta, y no obstante que el líder de la Revolución Ciudadana ha reiterado su compromiso de campaña de no renovar la concesión de la Base de Manta después del 2009 (“excepto que Estados Unidos admita la instalación de un fortín militar ecuatoriano en La Florida”), desinformaciones básicas respecto de los fines y medios de la política norteamericana han llevado a que el Ecuador persista en una diplomacia extraviada y reactiva frente al belicoso eje Washington-Bogotá.

Así, voceros gubernamentales no pierden ocasión para formular autos de fe en la cruzada contra las drogas naturales, soslayando que la misma no es sino una coartada de Washington y Wall Street para lograr réditos políticos y económicos de una guerra que gobiernos clientelares y los uniformados bajo sus órdenes libran contra sus propios pueblos.

Lo anterior explica que frente a las recurrentes provocaciones del títere Álvaro Uribe, Carondelet haya seguido una línea zigzagueante. Si bien se ha resistido a catalogar a las FARC como “grupo terrorista”, oponiéndose a las presiones del Palacio de Nariño; en cambio, ante las sanguinarias incursiones del Ejército “paisa” en territorio nacional para perseguir y ajusticiar a guerrilleros izquierdistas e incluso a inermes compatriotas, o a los incumplimientos por parte del vecino norteño de compromisos bilaterales en materia de las fumigaciones aéreas fronterizas con glifosato (operativos de terrorismo de Estado ejecutados por mercenarios de la DynCorp), la respuesta de la ex canciller María Fernanda Espinosa se limitaran a inocuas notas de protesta (algunas de ellas ni siquiera respondidas por Bogotá), a lastimeros pedidos de indemnización económica para los campesinos afectados y a anuncios -hasta ahora incumplidos- de llevar la querella a la Corte Internacional de la Haya… Amén de la preparación de un nuevo Plan Ecuador –el primero de ellos fue mentalizado por el socialcristiano Heinz Moeller en tiempos del gobierno de los hermanos Noboa Bejarano- bajo la inocente expectativa de captar mayores asignaciones estadounidenses para financiar el combate al comercio de las drogas psicoactivas vernáculas y a la captura de desesperados migrantes.

Petróleo: ¿La Patria ya es de PETROBRAS?

La política petrolera del régimen de Correa se ha desenvuelto bajo una tónica fluctuante entre el nacionalismo/bolivarianismo y la subalternidad a intereses consustanciales a las transnacionales petroleras.

Mientras, por un lado, han resultado plausibles los acuerdos suscritos con Venezuela, incluido el protocolo firmado en agosto del 2007 entre Hugo Chávez y Correa y por el cual PDVSA financiaría la construcción de una refinería de crudo en Jaramijó (Manabí), así como las iniciativas ambientalistas del ex ministro de Energía Alberto Acosta, el incremento del 50 al 99 por ciento en la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de la las compañías extranjeras y la reafiliación del Ecuador a la emblemática OPEP; por otro lado, decisiones más recientes del Ejecutivo han puesto en entredicho la línea nacionalista y la integración energética latinoamericana.

Inicialmente, al interior del gobierno pugnaron dos posiciones: la de Acosta, que, coincidente con uno de los pilares de la revolución ciudadana, priorizaba la preservación del medio ambiente, y la del ahora ex presidente de PETROECUADOR, Carlos Pareja Yannuzzelli, favorable a la entrega de ricos yacimientos orientales a un consorcio integrado por SINOPEC (China), ENAP (Chile) y PETROBRAS. En un reportaje sobre “La guerra entre Acosta y Pareja” (4) se apuntaba que una de las principales discrepancias entre los dos funcionarios radicaba en que “la cartera de Energía ve el riesgo de que el crudo del ITT (de realizarse la concesión al citado consorcio) termine saliendo por el eje Manta-Manaos a Brasil o China, antes de ser procesado en Ecuador”, lo cual, sumado a la inclinación de Carondelet a inscribir al país en el “modelo de los biocombustibles” -necrocombustibles, según Frei Betto- que vienen impulsando Washington y Brasilia –aliados competidores en la dominación de Sudamérica (5)-, profundizaría nuestra inveterada condición de economía primario-exportadora, soporte último de la racionalidad del neoliberalismo.

Enfrentado a ese dilema, Correa resolverá deshacerse de Acosta, acción interpretada desde la izquierda como una victoria de las mafias petroleras extranjeras y criollas afines a PETROBRAS.

Con la designación para la cartera de Energía del abogado petrolero Galo Chiriboga, denunciado por sus nexos con la indonesa PERTAMINA y con la china Andes Petroleum, y el otorgamiento, el pasado octubre, de la licencia ambiental a la referida transnacional brasileña, por parte de la ministra Ana Albán, para que inicie la explotación del Bloque 31, contiguo al ITT (Ishpingo, Tambococha, Tipituni)) –Bloque 18-, considerado como la mayor reserva de crudos pesados del país, Carondelet estaría soldando lazos de subalternidad con Brasilia. Y mediante la oferta de pozos en explotación de PETROECUADOR a la tristemente célebre Halliburton, no solamente que estaría pautando la privatización/liquidación de la estatal ecuatoriana, sino buscando congraciarse con la petrolera administración de la Casa Blanca.

Episodios dignos de constar en La historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, jalonan este extraño nacionalismo de la revolución ciudadana.

El libro colectivo Ecuador: peaje global. ¿De la hegemonía de USA a la hegemonía de Brasil?(6) describe algunos antecedentes y sórdidos entretelones del affaire PETROBRAS. En él, Fernando Villavicencio, uno de los coautores del libro, escribe: “Un acontecimiento que sacudió el escenario económico y político ecuatoriano en los últimos años fue la caducidad del contrato de la compañía Occidental (OXY), que de carambola echó al basurero el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Descontando la legalidad y el acierto soberano en la salida de la OXY, es necesario preguntarse a quién más benefició o quién pretende beneficiarse de la salida de la petrolera gringa? Podría echar luces sobre el tema de la estrategia de Brasil en Ecuador el análisis de la enorme presión (ejercida por Brasilia) para mantener y ampliar su presencia en bloques petroleros, en particular en zonas de alta concentración de biodiversidad, como el Parque Nacional Yasuní, donde se ubica el proyecto más grande de crudos pesados de Ecuador (ITT), el Bloque 31, el propio Bloque 15 recuperado de manos de la OXY...” (7). Más adelante apunta: “Si la economía dominante está (actualmente) en los países del Pacífico, el objetivo es construir corredores de salida, uno de los cuales ... y que le permitirá a Brasil contar con un gran puerto en el Océano Pacífico es el Eje Multimodal Manta-Manaos-Belem, que le garantizaría a la burguesía brasileña poder llegar hasta el Puerto de Manta, para avanzar a una posición dominante en el subcontinente... Entre los objetivos estratégicos del régimen de Lula da Silva... se contempla (gigantes) proyectos de inversión de PETROBRAS...”. (8)

Más adelante explica:

“PETROBRAS... desembarcó en Ecuador el año 2002, sin haber ganado ninguna licitación pública, sino a través de una ilegal compra de derechos que la argentina Pérez Companc tenía en los bloques 18 y 31 de la Amazonía ecuatoriana y generando un cuadro de corrupción sin precedentes en la historia petrolera nacional, como se desprende del Informe de la Comisión Especial creada por el ministro Alberto Acosta..., documento que concluye recomendando al gobierno de Rafael Correa la caducidad del contrato del Bloque 18 y la reversión al Estado del Campo Palo Azul (Palo Rojo)”. (9) “Del Informe se desprende además que: ‘El Bloque 18 cuenta con 2.28 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio día de 170 barriles, mientras el campo denominado Palo Azul (Palo Rojo) de PETROECUADOR registra 100 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio de 40.000 barriles de petróleo por día’, es decir, el Bloque 18 nunca fue ni es comercial, sino que a través de un fraude técnico y al margen de la Ley varias autoridades de PETROECUADOR, del ministerio de Energía y representantes de la compañía anexaron el campo Palo Rojo de PETROECUADOR al bloque 18, sin ser unificado, llamándolo Palo Azul”. (10)

Conforme al propio Villavicencio, en la galería de responsables de la ilegal cesión de derechos y de la declaratoria de común del Campo Palo Azul deberían constar al menos los siguientes personajes: Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, Pablo Terán Ribadeneira, Samia Peñaherrera Solah, Rodolfo Barniol, Rosendo Santos, Carlos Quiroz, Kléber Peláez, Galo Román, Galo Balda, Francisco Silva, Fernando Lozada, Luis Ayala, Genaro Peña, Galo Carrillo, Patricio Sáenz, Stalin Salgado, Miguel Montalvo, Fernando Robalino, Carlos Pareja Yannuzzelli, Galo Chiriboga, José María Borja, Ítalo Cedeño, José Páez, Gonzalo González Galarza... (11)

A modo de conclusión anota: “La salida de Occidental del Bloque 15 dejó abierta la trocha a PETROBRAS, no solo para el control del ITT, sino incluso para llevarse la operación del Bloque 15, administrado deliberadamente fuera de PETROECUADOR bajo la figura tramposa de Administración Temporal, para luego de resuelta la demanda de la OXY en el CIADI, integrarlo a la operación del ITT y del Bloque 31 como un megaproyecto. Todas las fichas encajan en este rompecabezas, hasta la designación de Wilson Pástor como gerente del Bloque 15, un ferviente defensor e impulsor de PETROBRAS en Ecuador...” (12)

En este marco, la autorización ambiental a PETROBRAS provista por la censurada ministra Albán apareció como la guinda en el pastel.

Los entretelones del affaire Halliburton aún permanecen en las sombras, aunque, al respecto, resulta altamente sintomática el respaldo público de la embajadora estadounidense Linda Jewell a la gestión correísta.

Casi huelga señalar que la sinuosa política petrolera de Carondelet tiene ya correlatos tan deplorables como la salvaje represión a los pobladores de Dayuma a fines del 2007 y el virtual fracaso de la campaña de preservación ambiental y energética publicitada por Correa Delgado incluso en el seno de la Asamblea General de la ONU.

Minería: retorno a los tiempos del colonialismo hispano

Pese a la explotación histórica, Ecuador tiene enterradas en sus entrañas reservas de cobre, oro y plata avaluadas en la bicoca de 143 mil millones de dólares.

La política minera del régimen de Alianza País se ha desenvuelto, asimismo, bajo el signo de una creciente debilidad. El hecho es que las recurrentes e iracundas movilizaciones protagonizadas por pobladores de distintas provincias, especialmente sureñas, han desnudado un pavoroso cuadro de extrañamiento de recursos del subsuelo y depredación humana y ambiental, panorama que ha hecho rememorar los tiempos de la conquista y colonización europeas hace medio milenio.

Según se conoce ahora, los gobiernos de la última década han suscrito 4.112 concesiones mineras que abarcan 2.8 millones de hectáreas para extraer los metales arriba citados. Entre las firmas que operan en el país se cuentan las canadienses Ascendat Cooper, Conerstone, I Am Gold, Aurelian Resourses y Dinasty Metal, y la estadounidense Lowell. Conforme a los dirigentes de las revueltas, las riquezas minerales han sido festinadas sin siquiera consultar a las comunidades directamente afectadas, conforme exige la Ley.

Si bien esta deprimente realidad es imputable esencialmente a gobiernos anteriores, la administración de Correa aparece dispuesta a proseguir por la misma ruta entreguista de sus predecesores. En efecto, abocado a la iracundia social y a las demandas para se expulse a las transnacionales y se estatice su producción, la respuesta del oficialismo continúa siendo la represión, cuando no vagas ofertas de revisión de contratos o penosas declaraciones de impotencia frente a los inversionistas foráneos.

En una nota periodística titulada “Correa abre una puerta a la minería” se puede leer: “Durante la última cadena radial de los sábados, (el presidente) dijo que en el país si se puede hacer actividades mineras ‘siempre y cuando cumplan con los adecuados controles y las consultas a la comunidad sobre los beneficios que conlleva la explotación minera’. Minería sí, pero con los adecuados controles, con adecuadas consultas a la comunidad, respetando a la comunidad, al medio ambiente y al Estado”. (13). Conforme a la misma fuente, César Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de Minería, habría acotado que “las empresas mineras afincadas en el país cumplen con esos parámetros”. (14)

¿Será que los pobladores rurales ecuatorianos han perdido el sentido de la realidad?

Extraña postura frente al TLC del mar

Los reclamos diplomáticas frente a los intentos de Washington y Lima por vulnerar la soberanía marítima nacional a propósito de las maniobras UNITAS cumplida a comienzos del 2006, ha tenido como contrapartida una extraña –por decir lo menos- postura de Carondelet de cara a la CONVEMAR (Convención del Mar), instrumento jurídico aprobado en Montego Bay (Jamaica, 1982) que se encuentra vigente desde 1994. Este Tratado, promovido por las grandes potencias, cuenta actualmente con la adhesión de 150 países, la mayoría de ellos beneficiarios de la ampliación a 12 millas de su mar territorial.

¿Por qué resulta cuestionable la posición del gobierno de cara a esta sensible cuestión?

Concretamente, debido a la campaña impulsada por el propio Correa, la ex canciller Espinosa, la ex titular de Defensa Lorena Escudero y la cúpula militar en orden a persuadir al Congreso y ulteriormente a la Asamblea Constituyente para que ratifiquen la adhesión del país a ese instrumento colonialista. Igual postura ha mantenido en esta materia la nueva ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador.

¿Qué es lo que oculta el elegante nombre CONVEMAR?. En una carta que Marcelo Larrea, ex candidato bolivariano a la presidencia, le remitiera al titular del Ejecutivo el pasado mayo, puede leerse: “... el mar territorial de nuestro país es cuatro veces superior al territorio continental, tiene hoy una dimensión de 1’095.445 km2, pero si llegase a suscribir la CONVEMAR, por ese solo hecho, el Ecuador perderá su soberanía territorial marina sobre 1’029.718 km2. Este sería el resultado de renunciar a nuestros legales y legítimos derechos sobre las 200 millas de mar territorial y subordinarnos a un instrumento internacional diseñado entre otros objetivos... para arrebatar a nuestra nación su mar geológico e histórico con sus riquezas, y con ellas, el derecho inalienable a su supervivencia”. (15) Más adelante apunta: “En ese camino se ha pretendido vender la idea de que la figura jurídica de la Zona Económica Exclusiva es equivalente casi totalmente al concepto de mar territorial y que, en consecuencia, suscribiendo la CONVEMAR, el Ecuador tendría 12 millas de mar territorial y 188 de Zona Exclusiva. Como es obvio... el cambio de palabras no es gratuito, revela las argucias de la diplomacia colonial para forzarnos a renunciar a nuestros legítimos derechos... (No) existe sustento jurídico alguno para que el Ecuador por sí y ante sí, renuncie al ejercicio de su soberanía territorial sobre 200 millas de mar y se someta a la CONVEMAR, cuyo objetivo esencial es la transnacionalización y privatización de los mares del planeta... Las llamadas ventajas de la suscripción de la CONVEMAR, expuestas en la página web de la Comisión Nacional sobre Derecho de Mar, me han recordado con dolor las crónicas de los canjes de oro con espejos”. (16) En otro pasaje, la misiva cuestiona la curiosa percepción del problema por parte del mandatario Correa: “He leído en la página A2 de la edición del 22 de mayo de 2007, del diario El Tiempo, de Cuenca, declaraciones atribuidas a usted, transcritas textualmente de la siguiente forma: ‘Manifestó que no es negociable la soberanía marítima, y destacó que pidió al Congreso Nacional la aprobación para la adhesión del Ecuador Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, CONVEMAR. Indicó que dicho tratado regula todas las actividades humanas en el mar, entre las que se incluyen la explotación de recursos vivos y no vivos y, las investigaciones científicas en beneficio de la humanidad’”. (17) (Subrayados R.B.). Una opinión similar la expresó el comandante de la Marina, para quien la firma de la CONVEMAR no comporta ningún cambio respecto del actual status territorial marítimo, ya que supondría únicamente la sustitución de la palabra “autorización” por la palabra “notificación”, en cuanto concierne al requisito que deberían cumplir las naves militares o comerciales que busquen ingresar al mar territorial ecuatoriano. De Ripley.

¿Se proyectarán estas chapucerías jurídicas a la Asamblea Constituyente?

Entre la integración y el “libre comercio”

La suspensión de las negociación del TLC con Estados Unidos el 2006, bajo presión de las aguerridas protestas campesino-indígenas contra el régimen de Alfredo Palacio, hicieron que el lema “No al TLC recolonizador” fuera asumido también por Correa-candidato. De otro lado, los referidos acuerdos de Correa-presidente firmados para materializar la integración energética con la Venezuela bolivariana, así como el respaldo de Quito al proyectado Banco del Sur, parecían colocar al Ecuador en la ruta del ALBA, un proyecto de integración-integradora al cual han adherido, aparte de la nación llanera, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y que ha sido diseñado para neutralizar en alguna medida el sistemático socavamiento de la soberanía de nuestros países impuesto por las metrópolis y su lógica mercantil.

A últimas fechas, Rafael Correa ha reiterado que “el TLC con Estados Unidos está más hundido que el Titanic” y que no “implorará la ampliación del ATPDEA”.

Semejantes definiciones, sin embargo, se han visto desdibujadas por acciones como la entusiasta aproximación del régimen correísta a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) neoliberal, presidida actualmente por el “paraco” Uribe, y recientemente tonificada en esa postura con la incorporación del Chile de la “socialista” Bachelet, y el inicio por parte de la citada Comunidad de negociaciones con la Unión Europea para llegar a un Acuerdo de Asociación que, según coinciden diversos analistas, tendría similares consecuencias recolonizadoras que los TLCs ofertados por Washington.

¿Será que la Revolución Ciudadana desconoce que los núcleos centrales del capitalismo, esgrimiendo el señuelo del “libre comercio”, coordinan esfuerzos para potenciar su capacidad de extorsionar y depredar a las zonas pauperizadas del planeta? ¿A qué esquema unionista respaldará la inminente Asamblea Constituyente ecuatoriana? ¿Al que lidera el bolivariano/latinoamericanista Hugo Chávez o al de corte recolonizador que promueven figuras como Lula y Calderón siguiendo la partitura de la Casa Blanca?

¿Cambio de modelo económico o fuga hacia delante?

La recuperación real de la autodeterminación económica supone avanzar en la desconexión de la globalización corporativa (18); este proceso solo puede sustentarse en una economía relativamente autocentrada y regulada. De ahí que, al menos en el caso ecuatoriano, un modelo propiamente alternativo al neoliberal-aperturista predominante en las últimas tres décadas únicamente podría emerger de insustituibles vectores nacionalistas y latinoamericanistas.
En la línea de desmontar el modelo neoliberal/monetarista en la variante esquizofrénica vigente en nuestro medio (Estado del bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres), el régimen de Correa, en su primer año de gestión, ha emprendido en algunas iniciativas cuestionadoras del establecimiento, como el referido repudio al TLC con Estados Unidos, la ruptura nominal con el tutelaje del FMI a partir del pago de un saldo pendiente con ese organismo y la no utilización de algunos créditos otorgados por el Banco Mundial, el incremento del gasto fiscal en educación y salud, el alza de los aranceles para unas 800 partidas arancelarias y la elevación del 50 al 99 por ciento de la participación estatal en los beneficios extras de las petroleras extranjeras.

No obstante, la tónica predominante de las medidas correístas luce más bien asistencialista y clientelar: el incremento del “bono de la pobreza” y del subsidio para la vivienda, los microcréditos aprobados para distintos segmentos poblacionales, el incremento de sueldos a los militares, la “tarifa de la dignidad” en el consumo de energía eléctrica para las familias de bajos ingresos. O administrativas, como el diferimiento de plazos a los deudores del Banco de Fomento; la intervención en algunos nidos de corrupción de los “pelucones” nobles y plebeyos (CATEG, PACIFICTEL, ANDINATEL, ELEVAL, Aduanas); la refiscalización de poderosos grupos empresariales, entre otras.

Ambos órdenes de medidas están lejos de conformar una ruta sólida para superar al establecimiento neoliberal.

Más allá de la Agenda Económica y el Plan de Desarrollo 2007-2010 preparados por el Ejecutivo, con sus contenidos de inspiración desarrollista/intervencionista, decisiones en vitales áreas como la agrícola, la petrolera y la minera llevan a pensar que el clasemediero régimen de Alianza País, más que por un genuino cambio de modelo económico estaría apostando a corto plazo a la reactivación productiva y la redistribución de ingresos mediante la utilización, frecuentemente dispendiosa, de los ingresos provenientes de una sostenida alza de la cotización internacional del crudo –el precio del barril de petróleo ecuatoriano ha llegado a superar los 100 dólares en los últimos meses- y de las abultadas remesas de los emigrados –estimadas en unos 3 mil millones de dólares para el 2007.

A mediano plazo, el propósito no sería otro que fundar el crecimiento en los ingresos que generaría el impulso a producciones primarias (caña de azúcar, palma africana) requeridas por Estados Unidos y Europa para impulsar la producción industrial de biocombustibles. Es decir, por la vía de una refrendada adscripción del país a la vieja/nueva división internacional del trabajo tan cara al capital financiero internacional; lo cual significaría, por un lado, diferir para las calendas griegas la reforma agraria y la soberanía alimentaria, y por otro, que la proterva racionalidad del capital metropolitano de convertir los desastres que provoca en jugosas oportunidades de negocios, se afiance en estas latitudes..

Todo esto explicaría que la banca usuraria se mantenga intocada, a la espera de “soluciones de mercado” para reducir las tasas de interés. O que el planteo inicial de “renegociación soberana” de la deuda externa-interna haya devenido en la tesis de la “renegociación amistosa”, y, ulteriormente, en la teoría del “reacomodo financiero” del presupuesto ejecutada por el ministros de Economía Ricardo Patiño y por su sucesor Fausto Ortiz.

- René Báez. Miembro de la International Writers Association y del Foro Mundial de Alternativas (Capítulo Ecuador)

Marzo/2008

Notas.-

(1)   Cf. www.paginadigital.com.ar/articulos/2007/2007prim/noticias/fundamentalismo-040307.asp

(2) En un artículo recientemente publicado por la prestigiosa Foreign Police titulado “The Global War en Drugs Can Be Won”, Ethan Nadelmann desnuda los cinco mitos con que actualmente la Casa Blanca busca sustentar su cruzada antidrogas. Tales mitos son: “1) Podemos reducir la demanda de drogas, 2) La solución es reducir la oferta de drogas, 3) La política antidrogas de USA es la del mundo, 4) Hay que impedir la producción de opio en Afganistán y 5) Nunca habrá legalización”. Cf. Gustavo Pérez Ramírez, “¿Se puede ganar la guerra contra las drogas?” (www.gustavoperez ramirez.blogspot.com/index.html ).

(3)   Cf. www.revistapueblos.org/article.php3?id.article=330

(4) Rev. Vanguardia, no. 82, 17-23 de abril del 2007.

(5) La contradictoria unidad entre el imperio estadounidense y el subimperio brasileño se puede inferir de informaciones como las siguientes: “El hindú Rajendra Pachauri... es una persona agradecida. En cuanto recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore, pagó su deuda con el imperialismo occidental sugiriendo la expropiación de la Amazonía: ‘No voy a opinar sobre lo que debe hacer el gobierno brasileño, pero las selvas como el Amazonas son las mayores fuentes naturales para la captación del carbono. En el futuro debemos tener políticas claras y un acuerdo internacional para garantizar que la protección forestal aumente en el mundo... La reacción de la élite brasileña a la creciente presión de desbrasileñizar la Amazonía ha sido diversa. En el campo político, la famosa diplomacia de Itamaraty se ha quedado dormida, al igual que la de Venezuela, permitiendo, por ejemplo, que la Organización del Tratado de la Amazonía (OTCA) –bajo la conducción de la funcionaria Rosalía Arteaga, nombrada por Lucio Gutiérrez- abriera las puertas del ‘oro verde’ al imperialismo europeo (España, Alemania, Francia) y estadounidense”. Heinz Dieterich, “Nobel de la Paz pide expropiación de la Amazonía”, artículo puesto en circulación por el Bloque Regional de Poder Popular, el día 17 de octubre del 2007.

(6) Napoleón Saltos et al , PH Ediciones, Quito, 2007.

(7) Ibid., pp. 31 y 32.

(8) Ibid., p.32.

(9) Ibid., 43.

(10) Ibid., 44.

(11) Ibid., 51 y 52.

(12) Ibid., 39

(13) La Hora, 30 de octubre del 2007.

(14) Ibid.

(15) Documento inédito.

(16) Ibid.

(17) Ibid.

(18) Según Wim Dierckxsens: “La lucha social por una alternativa supone la desconexión del proceso de globalización (corporativa). La desconexión del proceso de globalización es una condición necesaria para recuperar la soberanía en todos los sentidos: económico, político, social, cultural, etc. El proceso de globalización niega dicha soberanía y promueve más bien la progresiva anexión de los países periféricos en general y de América Latina en particular en beneficio cada vez más exclusivo de unas cuantas empresas ligadas al capital financiero internacional. Esta desconexión, planteada, por ejemplo, en el ALBA, tiene mejores perspectivas conforme se acentúa la crisis del neoliberalismo en general y con una crisis cada vez más profunda de la hegemonía norteamericana en particular, condiciones que se cumplen hoy en día de manera cada vez más clara” (“El proceso de desconexión y la transición”, ALAI, 12 de junio del 2006)

https://www.alainet.org/en/node/128787?language=es