La aprobación de la Medida Provisional (MP) 422 por los diputados federales en la noche del martes, pocas horas después de salida de Marina Silva del Ministerio del Medio Ambiente, confirma que la defensa de la biodiversidad viene perdiendo la batalla contra la deforestación y el desarrollo a cualquier coste, defendido por diversos sectores del gobierno.

La recién aprobada MP 422 puede ser traducida como la “legalización del ‘grilagem’ (1)”. Ella establece la exención de licitación para la venta de tierras públicas de hasta 1.500 hectáreas –límite ampliado en mil hectáreas- bajo la tutela del Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria).

Ahora, la MP 422 aguarda la compañía del Proyecto de Ley propuesto por el senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), el PL 6.424, otro gran incentivo a la devastación, que reduce de 80 a 50% la exigencia de reserva legal (área de preservación de bosque) en propiedades en la Amazonia.

Ambas propuestas evidencian la prioridad del gobierno federal: ampliar terreno para el agronegocio, sea él cuál fuere. El sector del agronegocio es hoy protagonista del gran proceso de devastación de la Amazonia que, en los últimos cinco meses de 2007, excedió la medida de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque, de acuerdo con datos del Ministerio del Medio Ambiente.

No es por casualidad que los vientos apuntan hacia el Norte y el agronegocio sigue esa dirección. Es en la región amazónica que está concentrado el mayor volumen de tierras desocupadas del país. Esa es la base de un proceso de ocupación y devastación que, aliado al uso de la maquinaria estatal para fines privados, abre espacio para los diversos frentes del agronegocio que prevalecen en el mercado, en especial el extractivismo de madera, pecuaria y el monocultivo de la soja.

Sustituir el bosque por potreros es un proyecto antiguo. Se sabe que la iniciativa de ocupar la región con ganado se remonta a la década de 1950 y comenzó a dar pasos más firmes durante el gobierno militar, cuando en 1966 fueron aprobados los primeros proyectos agropecuarios para la región.

La Amazonia sufre hoy una exagerada dosis de ocupaciones ilegales realizadas por latifundistas ganaderos y productores de soja, desarrolladas por medio del “grilagem” de tierras y que van de la mano el pillaje de madera. Los últimos datos sobre el avance de la producción de ganado, por ejemplo, son emblemáticos y atemorizadores.

La extensión de áreas usadas para las actividades pecuarias en la región es de 32,6 millones de hectáreas, lo que corresponde a la suma de las áreas de los estados de São Paulo, Río y Espíritu Santo. De las 30,6 millones de hectáreas devastadas entre los años de 1990 y 2006, 25 millones fueron transformados en pasto.

La ruta es simple: primero es preciso cercar la tierra adquirida ante el Incra –generalmente de manera ilegal–, se vende la madera del área y entonces, después de una pequeña quemada para sembrar pasto, se dispone la tierra para criar ganado o, con más inversión, para la plantación de soja.

Un esquema que cuenta también con empresas exportadoras brasileñas y extranjeras. Un tercio de la carne producida en esas áreas ilegales, así como gran parte de la madera robada y de la soja, van fuera del país. Es decir, parte del superávit de la balanza comercial del país, principal “beneficio” del modelo del agronegocio, se sustenta en la devastación de la Amazonia.

Esto evidencia la tendencia del agronegocio en Brasil: usar la tierra que pertenece a todo el pueblo en función única y exclusivamente del lucro, sin tener en cuenta cuestiones ecológicas o de otra índole, atentando contra condiciones humanas de supervivencia.

El problema del pillaje de madera y de la ocupación por el ganado está lejos de ser resuelto. Por el contrario. Ahora la embestida de esos latifundistas es descaradamente travestida de asentamiento, a ejemplo de las denuncias que marcaron el fin de 2007, sobre proyectos irregulares en el Oeste de Pará, los cuales, en lugar de acoger agricultores, estarían siendo explotados ilegalmente por madereras.

El escándalo que reveló la existencia de un pacto entre madereras y el Incra de Pará, acusado de destinar áreas del bosque para asentamientos falsos que son después explotadas por los latifundistas, fue denunciado hace mucho tiempo por el MST.

En ese círculo, el monocultivo de la soja muchas veces trabaja en sociedad con la pecuaria, ya que el grano se expande por áreas de pasto degradada. El cultivo ya devasta la sabana y avanza sobre la Floresta Amazónica.

Encabezando ese proceso están el capital financiero y las grandes transnacionales del agronegocio, como Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, Stora Enzo y Aracruz, que apuntalan un modelo de producción agrícola basado en la expulsión de los trabajadores rurales, indígenas del campo y en la destrucción del medio ambiente.

Entre 1995 y 2003 la producción de soja creció más del 300% en los estados de Pará, Tocantins, Roraima y Rondônia y esa expansión tiene previsto continuar hasta 2020. El área de cultivo de soja en la Amazonia pasó de 20 mil hectáreas en el año de 2000 a 200 mil en 2006.

Más impresionante e incriminatorios son los datos del aumento de la producción en Santarém, en Pará. Un claro ejemplo de la relación de las inversiones de esas transnacionales con la devastación de nuestro bosque. El área cosechada en Santarém saltó de 200 hectáreas en 2002, a 4,6 mil en 2003 y hoy alcanza 16 mil. Curiosamente, fue en el año de 2003 que el puerto construido en la ciudad por Cargill, destinado para sacar los granos, comenzó a operar. Puerto que, además, fue instalado ilegalmente, pues a la época no presentó el Estudio de Impacto Ambiental que es precedente obligatorio para tal emprendimiento, según la Constitución de 1988.

Las transnacionales buscan ahora introducir en el mercado nuevas semillas transgénicas, volviendo todavía más contumaz el avance sobre la floresta. Y eso ya está aconteciendo. Sufrimos la reciente liberación de dos variedades de maíz transgénico de la Monsanto y de Bayer que ahora podrán ser comercializadas.

La decisión del CNBS (Consejo Nacional de Bioseguridad) pone en peligro un largo trabajo de conservación a campo de centenares de variedades de maíz adaptadas a diferentes regiones y a diferentes usos y cultivadas libremente por los agricultores.

La consecuencia más grave tiene relación con la soberanía alimentaria del país. Eso porque el maíz es la base de la estructura alimentaria brasileña y las variedades transgénicas a ser cultivadas atienden prioritariamente a la producción de forraje y agrodiesel. Incluso si están orientadas a la alimentación, la alerta permanece, en vista de la desaprobación de la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) respecto al proceso de liberación, por no contener datos que comprueben la seguridad del grano para el consumo humano.

Hace años el Movimiento viene reivindicando que la creación de asentamientos se concentre en áreas con mayor número de campamentos, como en el Noreste, Sur y Sudeste. Percibimos las florestas como patrimonio de la humanidad y sabemos que los mayores perjudicados con la devastación son los campesinos. Tal posicionamiento encuentra referencia en nuestras acciones, que se contraponen al modelo agroexportador. Apostamos a la agricultura campesina desarrollada en pequeñas propiedades, basada en la agroecología y sabemos que son los campesinos los guardianes de nuestra tierra. (Traducción ALAI)


(1) “Grilagem” es el procedimiento que permite posesionarse en tierras ajenas mediante falsas escrituras de propiedad.