Esta semana comienza la discusión sobre un plan ya acordado para establecer políticas comunes entre los miembros de la Unión Europea a efectos de expulsar a unos 8 millones de inmigrantes ilegales, y establecer la posibilidad de prisión, entre 6 y 18 meses, a quienes sean detenidos en esa situación y previo a la expulsión.

Así, el ser encontrado sin papeles de residencia pasa a ser un delito mayor, que por ejemplo, la violación y el hurto, según las penas aplicadas en algunos países de la Unión Europea.

Los 27 países integrantes de la U.E. comienzan en el Comité de Representantes Permanentes la discusión del proyecto de la Directiva de Retorno que pretende unificar las políticas de cada país en materia de inmigración y repatriación de los indocumentados extranjeros.

Con el triunfo de Silvio Berlusconi en Italia, la posición del presidente francés Nicolas Sarkozy se ha reforzado, y pese a que todos los estudios señalan la necesidad de obtener mano de obra extranjera para sostener el crecimiento económico, la Unión se inclina por reducir el flujo de inmigrantes y expulsar a los residentes.

En su campaña electoral, el recién electo primer ministro italiano, ha prometido "cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia". Mientras, el presidente francés quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. Cabe recordar que cuando Sarkozy era ministro del Interior de su país, bajo la presidencia de Jacques Chirac, comenzó a aplicar la política de detención de inmigrantes indocumentados, incluso menores de edad.

El descenso de la tasa de crecimiento económico en Europa, y el aumento del desempleo en muchos países, provocado por factores como la suba del petróleo, el descenso del dólar, entre otros, ha reforzado el discurso de la derecha que busca en los inmigrantes al “cabeza de turco” de esta situación.

El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión, publicado en alguna prensa de Europa, establece la posibilidad de detener a los inmigrantes ilegales 6 meses, con la posibilidad de extender el período otros 12 meses, la expulsión al país de origen y la prohibición de volver a ingresar a la Unión por un plazo de cinco años.

El proyecto sostiene que los indocumentados sólo podrán ser detenidos si “existe riesgo de fuga”, lo que es una valoración subjetiva, o traten de "eludir o entorpecer" su repatriación.

La norma abarca a todo extranjero que se encuentre ilegalmente en cualquiera de los 27 países de la Unión. Estas normas fueron impulsadas por los gobiernos de Francia, Italia y España (antes de la asunción de Berlusconi) el pasado 23 de abril, y bajo la presidencia eslovena de la Unión.

Muchos países de la Unión ya están expulsando inmigrantes indocumentados. Italia expulsa un promedio de 60 mil indocumentados por año, España, entre 2004 y 2007 expulsó, “repatrió” dicen los documentos oficiales, a 370.000 personas, es decir un promedio de 92.500 cada año. Con el detalle de que en este período, las “repatriaciones” aumentaron un 43% en relación a años anteriores.

En Francia las expulsiones de extranjeros indocumentados ascienden a un promedio de 25 mil por año, según datos oficiales.

Italia también mantuvo un promedio de 50.000 expulsados por año, y sólo entre 2004 y 2006, Roma expulsó a 58.000 rumanos a los que acusa de todo tipo de crímenes.

En otros países se carece de cifras concretas sobre la expulsión de inmigrantes indocumentados, pero es seguro que no existe una “isla” en la Unión Europea donde los indocumentados puedan estar tranquilos.

Lo paradójico es que los países europeos necesitan de la inmigración, y no sólo para los trabajos no calificados.

Por ejemplo, en la rica Suecia, el 22 por ciento de los médicos son extranjeros, el 20 por ciento de los profesores universitarios y al menos el 10 por ciento los ingenieros civiles.

Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) valoraron en un informe del 2006, que "numerosos estudios demuestran que los inmigrantes cubren puestos de trabajos esenciales que a los nativos les resultan poco gratos, y que su presencia, actividad e iniciativa generan más empleo".

Por su parte, el Director General de la OIM, Brunson McKinley, dijo que la percepción de que los inmigrantes representan una carga financiera para los países de acogida "no está respaldada por la investigación".

Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha calculado que en 1999 y 2000, los inmigrantes establecidos en el país, aumentaron en 4.000 millones de dólares netas el presupuesto, es decir pagaron impuestos y aportes a la seguridad social más de lo que recibieron en prestaciones.

En Alemania, el inmigrante medio realiza una contribución positiva de más de 60 mil dólares a lo largo de su vida. Durante el 2006, el 25% de los ingresos del sector de la construcción procedieron de los inmigrantes, para los que se construyeron 170.000 viviendas.

En Estados Unidos, la inmigración generó ingresos nacionales adicionales de 8.000 millones de dólares en el 2005.

Según Naciones Unidas, la Unión Europea necesita multiplicar por dos el número de inmigrantes que reciba de hoy hasta 2050 a causa del envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de las familias.

Eso o la decadencia.

-  Ricardo Daher, periodista uruguayo, es analista e investigador.

Barómetro Internacional. 

ricardher@hotmail.com