En 1975 fui detenido por la policía en relación a una investigación sobre algunos compañeros de universidad que habían emitido un volante apoyando la huelga de los policías del 5 de febrero. Yo no tenía nada que ver con el hecho, como tampoco mi hermano y otros que fuimos comprendidos en la redada. Lo que los policías encontraron en mi casa eran escritos personales tratando de interpretar la crisis de esos días. Más o menos como los que he seguido haciendo con los años. Pero como no había Internet, se convertían en papeles de circulación entre unas cuantas personas. Obviamente el asunto pisaba el terreno de la libertad de opinión, pero si mis captores hubieran podido argüir como prueba lo que en ese momento pensaba, lo hubieran consignado en el parte.

Nos abrieron un proceso por ultraje a los símbolos de la patria, por el hecho de haber escrito críticas a un gobierno militar, y porque las Fuerzas Armadas se consideraban un símbolo no ultrajable o criticable, ni siquiera en nuestras reflexiones más personales. Peor aún, los otros incluidos en el caso no habían ni siquiera escrito los textos incriminatorios. Y su culpa era reunirse y discutir conmigo. Pero estaban en igual situación que yo que era el “culpable”. Obviamente apelamos en pos de nuestra libertad provisional, ya que no teníamos antecedentes y no habíamos participado de ningún hecho violento. El coronel que presidía la salara superior de la Policía revisó nuestro pedido y declaró suelto de huesos.

- Para que aprendan a no ser rojos, ahora que están jóvenes. Se quedan presos.

De hecho no aprendí lo que él quería, pero entendí otras cosas que me permiten saber ahora, por ejemplo, porqué el grupo bolivariano detenido en Tumbes como parte de una desesperada búsqueda de la policía peruana de los “elementos terroristas” que necesita el gobierno para apuntar al estado emergencia en plenas Cumbres y para poner a la defensiva cualquier atisbo de denuncia o protesta en el contexto de una amplia presencia de gobernantes extranjeros en el país, no va libre por falta absoluta de pruebas, sino a Castro Castro, penal de máxima seguridad.

Es obvio que si tuvieran que admitir que todo fue una tontería y que los terroristas no viajan con sus documentos legales, alardeando de sus afinidades políticas, ni intervienen en reuniones públicas, ni tienen locales con placa en la puerta, ni usan la Internet para conspirar con su nombre propio, etc., los que quedarían como idiotas serían bastantes, empezando por el presidente García y su ministro de Interior (aunque este ya no necesita probar su idiotez), y los directores de varios diarios, programas de televisión y la radio. Todos ellos condenaron a los bolivarianos y denunciaron que estaban preparando un ataque a la APEC (con lo cual, si hubiera un gramo de verdad, se hubieran graduado de locos, dado el dispositivo de seguridad de este evento y su total inexperiencia para acciones de este tipo). Y lo hicieron por segunda vez, porque ya en diciembre del 2006 también inventaron otro terrorismo y tuvieron que admitirlo. Ahora no quieren hacerlo.

El delito de “preparación de actos terroristas”, que se demuestra por el nombre de combate que se utiliza, las críticas al gobierno, las libretas de direcciones y tarjetas que se portan, etc., es ciertamente un test a la calidad del periodismo peruano, pero también la prueba de que a uno lo pueden acusar de cualquier cosa, como querer hacer algo que no ha hecho, por ejemplo con el cariño que algunos tenemos por Alan García. Pero este no es un gobierno militar con jueces de uniforme y lógica de instructor militar. Sin embargo aquí el presidente zarandea a los jueces que no acusan y que se atienen a su deber de procesar con pruebas. Y luego que matan campesinos en el paro agrario afirma orondo y redondo:

- Es para que aprendan.

Así que si las cosas siguen como van, tendremos para aprender bastante de la era García.

- Raúl Wiener es analista político y económico peruano.
www.rwiener.blogspot.com