La reunión del Grupo de Río –espacio de encuentro de países latinoamericanos y cuyos orígenes se ligan al Grupo Contadora creado para ayudar a la paz en Centroamérica y el Grupo de Apoyo del mismo- contribuyó a distensionar la situación que se había generado por la operación militar colombiana que dio de baja a ‘Raúl Reyes’ de las FARC en territorio ecuatoriano y las reacciones subsiguientes del gobierno de dicho país y del venezolano y nicaragüense en solidaridad con el primero.

El balance de los hechos, en que se produjeron múltiples situaciones controversiales, se puede resumir así: hubo una situación objetiva que fue la violación del territorio ecuatoriano por el gobierno colombiano –que ha sido aceptada por este último-; pero la controversia se origina en la justificación o causa de lo anterior: para el gobierno colombiano es el principio de la legítima defensa preventiva, garantizar la seguridad de sus habitantes puesta en riesgo por este grupo de guerrilleros que estaban situados en territorio ecuatoriano –seguramente sin la aquiescencia del gobierno de dicho país-, para el gobierno ecuatoriano el problema central es la violación de su territorio por miembros de la Fuerza Pública colombiana. Además existe una diferencia grande en cuanto a la concepción de estrategias militares: para el gobierno ecuatoriano el deber del gobierno colombiano es colocar puestos militares y policiales para controlar el paso de grupos irregulares a su territorio; el gobierno colombiano considera que su estrategia es móvil y que debe priorizar fuerzas con capacidad de golpear y no convertirse en objetivos de ataques por parte de las guerrillas colombianas. No hay duda que este debate tiene muchas aristas.

Sin embargo, lo anterior es solamente la consecuencia de los problemas que subyacen y que tienen que ver con el conflicto interno armado colombiano, sobre el cual no existe un diagnóstico común entre los países andinos; el gobierno colombiano parte del supuesto que los demás países de la región deben compartir la lectura que él hace del mismo, considerándolo como una amenaza terrorista, pero los demás países del área consideran que se trata más bien de un conflicto interno armado de naturaleza política y por supuesto ahí existe un gran campo de divergencias. Adicionalmente se encuentra el fenómeno del narcotráfico con su carácter transnacional y que termina siendo igualmente un campo de fricciones entre los gobiernos ante la ausencia de una estrategia común para enfrentarlo y en menor medida existen otras amenazas transnacionales como el tráfico de armas y explosivos y de personas que contribuyen a complejizar la situación.

Por ello es razonable pensar que por ahora lo que existe es una situación de cierta ‘calma chicha’, ya que no se han abordado los problemas de fondo –los generadores de la crisis-. Lo deseable sería que con el apoyo de la OEA o del propio Grupo de Río se acordara un mecanismo de trabajo entre los gobiernos andinos para tratar de avanzar en diagnósticos más compartidos –no necesariamente comunes en todos sus aspectos- y en el diseño de estrategias y mecanismos de diverso tipo. Es en este sentido que tiene validez la propuesta de un grupo de países amigos plural que se convierta en un apoyo para la búsqueda de caminos para abordar tanto el tema del conflicto interno armado colombiano, como el narcotráfico y demás amenazas y riesgos y acompañe en la búsqueda de salidas.

De lo contrario es muy probable que volvamos a tener incidentes cuya gravedad puede salirse de control, pues mientras exista un conflicto interno armado como el colombiano las tendencias a su regionalización se mantienen y posiblemente los grupos guerrilleros, sin necesariamente contar con complacencias de gobiernos vecinos, utilicen el territorio de estos países como zonas de retaguardia y de descanso.

Alejo Vargas Velásquez
Profesor Universidad Nacional