No precisamente los demonios del Edén andan sueltos, sino aquellos que tratan de entorpecer o cuando menos retrasar el mandato de la Ley. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de retardar su veredicto sobre la presunta responsabilidad política del "gober precioso", Mario Marín Torres y otras altas autoridades de Puebla y de Quintana Roo, con el argumento de proteger el derecho de audiencia que les asiste a los involucrados, representa además de todo, un revés para el ministro instructor Juan N. Silva Meza al negarle la confianza en su dicho insistente de que en todo momento se preservaron las garantías individuales y el derecho de audiencia de los funcionarios. La colega, Lydia Cacho, por su parte, afirmó: es una nueva dilación a la Ley, pero seguro que vamos a ganar.

Lo anterior ocurre cuando últimamente, con sus decisiones como el declarar inconstitucional la llamada Ley Televisa, el supremo tribunal de la nación había entrado en una etapa de reivindicación con la sociedad, pero tal parece que a los ministros que votaron contra el dictamen de la nueva Comisión Investigadora poco les interesa el mal sabor de boca que dejan con sus decisiones prácticamente dictadas por el ex ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón quien se exhibió, no como un juzgador sino como uno más de los abogados defensores del "gober precioso".

Es de recordarse que en el affaire que protagonizaron las altas autoridades de Puebla y Quintana Roo contra la autora de "Los Demonios del Edén" -y que conste que todos se han olvidado del principal asesor en violentar los derechos de la colega, el ex dictadorzuelo de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía-, esos demonios sueltos han tenido como propósito precisamente el que el camino de la justicia sea largo y sinuoso:

El 18 de abril de 2006, la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de investigación, desde entonces votó en contra don Marianito; el 19 de septiembre el pleno rechazó el informe del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia por insuficiente ya que sin más exculpaba a Marín Torres y socios, nuevamente Azuela estuvo a favor del superficial informe; el 25 de enero del presente, la Corte decidió crear una nueva Comisión Investigadora encabezada por el ministro Silva Meza, cuyo dictamen fue rechazado, ante la tenaz defensa que de Marín hizo el multicitado don Mariano.

El informe fue preciso y lo sostuvo en todo momento el ministro instructor, Silva Meza: hubo grave violación de garantías por parte del gobernador Mario Marín Torres y demás confabulados en contra de la comunicadora, Lydia Cacho. Además precisó, que se citó a declarar a 117 personas, se analizaron grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún. Y de nada sirvió su conclusión: "sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho, transgrediendo principios democráticos de federalismo y división de poderes, particularmente la independencia judicial".

La corte rechazó el dictamen y mandó al limbo la investigación que duró 5 meses, porque ni siquiera fue capaz de precisar tiempos para concluir con el caso Lydia Cacho, que ha trascendido nuestras fronteras. No cabe duda, los demonios violentadores de la ley andan sueltos en beneficio de los Demonios del Edén, denunciados con toda valentía por la respetada y reconocida colega.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
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