El terreno de la cooperación y la ayuda internacional siempre fue heterogéneo, sus actores y los intereses subyacentes a sus propuestas, correspondieron invariablemente a una multiplicidad de visiones del mundo y  sus correlacionadas ideas de desarrollo.  Atañeron también a un abanico de aspiraciones, cuyas gamas se despliegan desde la solidaridad y la procura de justicia social, hasta una infinidad de motivaciones vinculadas a intereses nacionales o institucionales.

Estas dinámicas fueron perennemente sujeto de evaluaciones, recensiones, propuestas de mejoras, y hasta cuestionamientos integrales, casi siempre formulados en torno al objetivo predominante: el real encaminamiento del derecho humano al desarrollo[1] o por lo menos el cumplimiento de partes de este, como es el caso de la erradicación de la pobreza.

A la vez, numerosas iniciativas, sobre todo aquellas que se ubican en el campo de la solidaridad, culminaron con importantes logros cualitativos, cristalizados en un sinnúmero de propuestas ciudadanas, de trascendente importancia al momento de evidenciar los avances societales.  También contribuyeron en el mismo sentido, ciertas políticas estatales, como es el caso de la aplicación del enfoque de género en los programas y proyectos de desarrollo, adoptado por la ayuda pública canadiense en los años noventa del siglo pasado.

Pero, esta pluralidad está a punto de desvanecerse, subsumida por los principios pragmáticos de eficacia y gestión orientada sobre los resultados, prescritos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda[2], adoptada por los países más industrializados y un centenar de aliados; acuerdo que contempla además el alineamiento del conjunto de actores del desarrollo en un plan común, liderado por el OCDE y guiado por las Instituciones Financieras Internacionales.

Este acuerdo, contempla unos 56 compromisos y una serie de medidas tecnocráticas encaminadas a adecuar los principios de la ayuda internacional con las reglas neoliberales, aportando con ello a un proceso mucho más amplio de privatización de la agenda internacional, de sus instrumentos e instituciones.

Más que de coordinación para el encaminamiento de un eficiente plan de trabajo común, esta propuesta trata de una homogenización de criterios, prioridades, presupuestos y métodos, y se sustenta en distintos preconceptos sobre lo que el Sur precisa para lograr una gestión orientada sobre los resultados.

Seis países latinoamericanos y dos del Caribe[3] han adherido a este plan común, inadvirtiendo que el entramado técnico que propone, encubre una visión política que refrenda la desigualdad histórica entre el Norte y el Sur, a la vez que vindica un enfoque en el que la gobernabilidad mundial se levanta sobre esas mismas condiciones.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, región que ha multiplicado en los últimos años sus prácticas de ayuda internacional, varios de los principios que la motivan, tales como el desarrollo de solidaridades, la autogestión, la complementariedad, la pluralidad, la diversidad y otros, no solo que entran en un registro distinto de los principios contemplados en la Declaración del París, sino que en casos este tipo de ayuda es hasta calificada de injerencia.

Cuba, que desde hace un medio siglo, viene desarrollando programas sostenidos de ayuda a otros países, es un ejemplo de colaboración solidaria cuyo éxito radica, sin duda,  en los principios no mercantiles que animan dichas colaboraciones y que sientan un precedente ineludible para sustentar que los problemas humanos pueden resolverse al margen de las reglas del mercado.  Un ejemplo de esto es la erradicación del analfabetismo en Venezuela –a punto de culminar-; el millón de personas de escasos recursos que benefician de las operaciones oculares; los varios miles de médicos que atienden a las poblaciones pobres de Haití, Pakistán, Venezuela, Ecuador y muchos otros países; las toneladas de medicinas que son encaminadas a cada año a los países que lo necesitan;  la asistencia técnica; la capacitación; la formación de profesionales; y docenas de actividades en arte, deporte, ciencia, tecnología, y otros. Como se ubica en el terreno de la solidaridad, el monto de esta ayuda humana y material es inimaginable, pero sí es patente que ningún otro país u organismo internacional ha logrado emprender una tal proeza.

Venezuela, por su parte, no solo que ha incursionado en el terreno de la ayuda humanitaria solidaria a  países de la región afectados por distintas catástrofes naturales y ha contribuido con la emergencia y la reconstrucción, sino que también ha manifestado su solidaridad a los pobres del Norte, especialmente de los Estados Unidos, donde ha ofrecido petróleo a bajo costo para la calefacción, el transporte público, la dotación de insumos a escuelas, hospicios, y otros.

Se trata aquí, de una ayuda internacional que se sustenta en principios de solidaridad y complementariedad.  Asociada además a una visión de la integración regional atenta a las disparidades entre los países, que prevé intercambios distintos a los monetarios.

Pero, si estos ejemplos de solidaridad internacional arrojan tan importantes resultados,  aquel de las iniciativas ciudadanas, que actúan en redes y articulaciones desde hace algunos decenios, es un verdadero semillero no sólo de fortalecimiento de ciudadanía sino de prácticas socioeconómicas alternativas, modelos participativos, conocimientos y propuestas. 

El Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil[4], es sin duda el ejemplo más elocuente de aplicación de la ética como principio nodal de una propuesta de desarrollo.  Unos cinco millones de familias (que multiplicadas por cinco miembros cada una equivaldrían casi a toda la población de Centroamérica) participan de una propuesta de reforma agraria integral, que contempla un modelo de desarrollo autogestionario que incluye educación, salud, empleo, agricultura ecológica y sostenible, entre otros.  Suma hecha, esta iniciativa representa uno de los mayores proyectos de erradicación de la pobreza que atinge a más del 50% de la población rural de ese país.

La propuesta de soberanía alimentaria, impulsada por la Vía Campesina[5], que sustenta el derecho de los pueblos a definir y encaminar sus políticas alimenticias, es igualmente una potente alternativa para la erradicación del hambre,  con la participación de los y las afectadas. Máxime si hasta el 60% de la alimentación está garantizada por la pequeña agricultura local y que en realidad las mujeres, son quienes producen no sólo los más importantes conocimientos asociados a la soberanía alimentaria, sino que aportan en concreto con entre el 60 y el 80% de la alimentación de los países más pobres.

La Minga Informativa de los Movimientos Sociales[6], en la cual participan importantes articulaciones sociales de la región, es una creativa aplicación del derecho a la comunicación y su apropiación ciudadana.  En una era comunicacional guiada por los intereses del mercado, esta iniciativa sin fines de lucro, constituye un dinámico recurso para  el desarrollo de pensamiento crítico, y sobre todo para poner en práctica el derecho a la expresión de los grupos sociales más discriminados de la sociedad

Estos ejemplos, cuya eficacia se demuestra por sí sola, ilustran a que punto la solidaridad, la ética, la participación, y la horizontalidad,  arrojan resultados elocuentes.  La aplicación de las reglas del mercado a esta perspectiva no sólo entorpecería sus amplios resultados sino hasta los anularía. 

Por otro lado, la propuesta de alineamiento interrelacionado a la eficacia, de la Declaración de Paris,  supone una relación vertical entre donantes y beneficiarios, e invisibiliza no sólo la existencia de la cooperación Sur/Sur o aquella entre actores ciudadanos del Norte y del Sur –que, insistimos, es el terreno en el que se verifican los logros más sustantivos- sino que omite la existencia de la ayuda Sur/Norte, como elemento indispensable para el diseño de cualquier consenso mundial.

América Latina, además de los ejemplos de ayuda directa antes mencionados,  registra una significativa ayuda hacia el Norte en dinero y en especie:  ha transferido por distintos conceptos capitales por un millón de millones de dólares[7], subvenciona mano de obra (especialmente a través de las migraciones que proveen de profesionales formados en el Sur y de mano de obra barata);  dona conocimientos y fuentes de conocimientos (actualmente más bien saqueados por la biopiratería);  transfiere materias primas subvencionadas por los ínfimos costos de producción; dota al mundo de reservas naturales y energéticas.  Más aún el Sur transfiere al Norte 80 mil millones de dólares por año por concepto de la transferencia neta negativa de la deuda externa[8].  La propia ayuda pública internacional, incluye en su cifra de negocios, que sobrepasan los 60 millardos de euros, los gastos de  funcionamiento de los donantes[9].

En otras palabras, si el mundo necesita de soluciones a problemas acuciantes, es indispensable identificar claramente las causas de estos y los efectos para no confundirlos, suponer que el desarrollo se encaminará perfeccionando a la burocracia o incrementando la tecnocracia, pero dejando intactas y hasta abonando en las fuentes de desigualdad local y geopolítica es un contrasentido.  Para mejorar la transparencia y controlar los recursos del desarrollo como propone la Declaración de París, habrá que poner sobre el tapete todas las causas que generan su distorsión.

La incursión de las reglas del mercado y sus afanes de lucro en relaciones que hasta aquí se han fundamentado en la solidaridad, solo conducirá a la desaparición de la propia noción de cooperación para el desarrollo, pues el mercado no ha demostrado en ninguna parte su vocación para la redistribución de las riquezas, ni para prodigar medidas sociales, y ni siquiera para preocuparse por velar por el desarrollo de ningún país.  Por el contrario, son más bien conocidos los casos de saqueo, depredación ambiental, explotación, no reinversión en los países.

Finalmente, la suplantación de los principios más nobles enraizados en la solidaridad y la justicia por la alarmista ideología de la seguridad mundial y su apego a la militarización, distorsiona seriamente la vigencia del derecho al desarrollo como derecho humano y relega sus principios de reciprocidades a voluntaristas gestos de humanitarismo.  La propia transición de la ayuda humanitaria hacia operativos de mantenimiento de la paz signa la eliminación de los principios de co-responsabilidades.

Si el neoliberalismo es generador de exclusión, polarización social y desigualdad, sin ninguna duda este no es el remedio para generar desarrollo.

* Extracto de la presentación,  América Latina: reflexiones sobre los consensos internacionales relacionados con los principios de ayuda, realizada en los Etats Généraux de l’AQOCI, Montreal, noviembre 2006