Los escándalos recientes que involucran varias entidades del Estado, no son hechos aislados, como han pretendido mostrarlos. Reflejan una crisis profunda, una crisis que no se quiere encarar. Algunos articulistas de diversos medios han hecho inventarios de los escándalos, y cuando uno mira la situación en perspectiva, se da cuenta de que una cosa que parece obvia pero que indigna y lo pone a uno perplejo al mismo tiempo: que la crisis es general y toca las estructuras neurálgicas del país: el DAS, el Ejército, los grupos Gaula, otras entidades como INCODER, por no mencionar entidades como la Contraloría de Bogotá, entre otras, y más recientemente, la Fiscalía General de la Nación, con un caso que por momentos parece un sainete, pero que más allá de los ribetes cómicos, evidencia la manera como los funcionarios asumen el ejercicio de lo público en nuestro país. El actual Fiscal General de la Nación, a quien he conocido en el ejercicio de la cátedra universitaria como un buen académico y como un hombre del que podemos pensar que es bien intencionado, no supo diferenciar lo privado de lo público, lujo que no se puede permitir uno cuando ostenta un cargo de semejantes dimensiones. Es cierto que los funcionarios públicos tienen derecho a una vida privada. Es más, tienen derecho a equivocarse o a asumir el manejo de sus vidas privadas como mejor les parezca. Pero cuando usan los bienes del Estado como algo personal y aprovechan su posición de primacía, especialmente en cargos que como el de Fiscal tienen prerrogativas tan grandes, que cuando se usan inadecuadamente pueden violentar la vida privada de los demás, las cosas pasan de castaño a oscuro. Lo malo no es sólo equivocarse, sino seguir cometiendo torpezas para solucionar el error. He sabido que el miércoles pasado, el Fiscal se reunió con el Partido Conservador supuestamente para buscar su apoyo en la superación de la crisis. Y uno se pregunta: ¿Acaso no es el Fiscal General de la Nación? ¿Cómo es eso de que un funcionario que debe distinguirse por su sindéresis, por su objetividad, por guardar la independencia necesaria precisamente como ente acusador que es, ahora viene a decirnos que se reúne con un partido, busca su apoyo, y encima parece que fue sometido a una especie de juego de exorcismo ridículo para seguir ahondando la dimensión de estupidez en que ha sometido a dicha entidad? ¿Quién podrá luego hablar de la Fiscalía sin esbozar una sonrisa recordando al brujo, a las muñecas budú, a los hipnotizadores, a las malas o buenas energías, pero también sin recordar cosas más serias como interceptaciones y seguimientos ilegales? Es ahí donde está el quid del asunto, porque no es sólo un problema de pasiones o de batallas internas. Si lo fuera, uno podría pensar que eso pasa en todas las entidades que tienen humanos contratados. El problema está en usar una prerrogativa tan grande como es la de poder meterse en la vida privada de los demás, interceptando sus teléfonos u ordenando seguirlos, sin estar autorizado por un juez y únicamente para verificar un asunto de incumbencia privada que tendrían que manejarse en lo privado. Es un costo demasiado alto para permanecer en un cargo, arrastrando la suerte de una entidad que debe distinguirse por su seriedad y ante todo por un ejercicio de lo público, transparente y abierto a cualquier examen. Si basta entonces con pedir excusas al país yo no lo sé. Los medios de comunicación se han dividido entre pedirle la renuncia al Fiscal y exonerarlo. Los columnistas de diferentes medios también. Lo único que se me pasa por la cabeza es que cuando uno tiene que tomar una decisión como esa, no debe dejar de ponderar el daño futuro a la entidad que preside, la pérdida de respeto por esa entidad y el deterioro de la imagen necesaria para perseguir a los delincuentes en este país. Si hecho el balance uno solo considera que el país tiene mala memoria y que un escándalo sucede al otro cada semana, pues continúa como lo han hecho otros funcionarios. Pero si uno logra sustraerse hacia otras consideraciones más responsables, pues la decisión puede ser otra. Había un amigo que me decía que hay cargos en los que uno ya no se pertenece tanto a uno mismo. Con casos como el del Fiscal o el de los militares involucrados en el escándalo por el supuesto montaje de atentados en Bogotá, uno le da un alcance a esa frase. En general ese deberse a la comunidad, ese cuidado por lo público, esa alerta permanente para no mezclar lo privado y lo público, sucede con casi todos los cargos públicos, pero cuando son las cabezas las que actúan así, el mensaje es más sonoro y más nocivo, porque no sólo afecta al personaje y a la entidad, sino que fija en el imaginario colectivo la idea de que aquí uno puede hacer lo que le dé la gana en un cargo público y olvidarse de las consecuencias. - Francisco Taborda Ocampo
Corporación Viva la Ciudadanía Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía
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