Amnistía Internacional ha solicitado hoy 12 de junio que se realice una investigación plenamente independiente, a cargo de civiles, sobre la muerte de tres detenidos en Guantánamo que aparentemente se han suicidado. La organización ha pedido también al gobierno de Estados Unidos que permita al grupo de cinco expertos de las Naciones Unidas (ONU) acceder de inmediato y sin restricciones al centro de detención de Guantánamo, y en concreto que autorice a los expertos a hablar con detenidos en privado. Los detenidos fallecidos han sido identificados como los ciudadanos saudíes Mane'i bin Shaman, bin Turki al-Habardi al-'Otaybi y Yassar Talal 'Abdullah Yahia al-Zahrani -quien, según informes, tenía 17 años cuando fue puesto bajo custodia-, y el ciudadano yemení 'Ali 'Abdullah Ahmed. "Ha sido una tragedia anunciada. Se impone urgentemente realizar una investigación independiente, habida cuenta además de las declaraciones de altos cargos del ejército y el gobierno estadounidenses, que podrían poner en peligro la investigación emprendida por el Servicio Naval de Investigación Criminal", ha afirmado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos. La subsecretaria de Estado adjunta para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Colleen Graffy, al haber quitado importancia a la muerte de los tres detenidos calificándola de "una hábil operación de relaciones públicas para llamar la atención", demuestra un escalofriante desprecio por la vida humana. Amnistía Internacional también considera sumamente preocupante que el comandante de la Fuerza Especial Conjunta de Guantánamo, el contraalmirante de la Armada Harry B. Harris, haya declarado que los tres detenidos no se han quitado la vida por desesperación, sino como un "acto de guerra asimétrica". "La declaración del comandante es completamente inapropiada, y se inscribe en un patrón de comentarios oficiales sobre la supuesta culpabilidad de unos detenidos a los que nunca se ha dado la oportunidad de impugnar su detención ante un tribunal de justicia", ha manifestado Rob Freer. Las propias autoridades del ejército han demostrado hacer caso omiso del padecimiento psicológico de los detenidos. Con anterioridad, informes recibidos indicaban que psiquiatras militares habían reclasificado los intentos de suicidio como "conducta de manipulación autolesiva", lo cual se traducía en un descenso del número de intentos de suicidio registrado oficialmente. Varios detenidos, entre ellos algunos que Amnistía Internacional ha entrevistado tras ser liberados, han hablado de las secuelas psicológicas del aislamiento y la indefinición del régimen de vida en Guantánamo, condiciones que Amnistía Internacional ha señalado que constituyen trato cruel, inhumano o degradante, prohibido por el derecho internacional. "Amnistía Internacional lleva mucho tiempo expresando su preocupación por el hecho de que algunos presos de Guantánamo, al permanecer recluidos durante años enteros sin ser acusados ni juzgados, sufren tanto daño psicológico que deciden suicidarse", ha asegurado Rob Freer. "El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tiene en su mano ordenar el fin de este escándalo en materia de derechos humanos ahora y garantizar con carácter urgente que los detenidos comparecen en un juicio justo o son puestos en libertad de inmediato y con plenas garantías." La presión internacional en favor del cierre del centro de detención ha ido creciendo. Hace tres años, el Comité Internacional de la Cruz Roja -la única organización exterior con acceso a los detenidos- tomó la excepcional medida de hacer pública su preocupación por el hecho de que el régimen de reclusión por tiempo indefinido en Guantánamo estaba teniendo graves efectos psicológicos en los detenidos. El pasado mes, el Comité de la ONU contra la Tortura se unió a los llamamientos cada vez más numerosos en favor del cierre del centro de detención de Guantánamo, y concluyó afirmando que la reclusión de estas personas sin cargos por tiempo indefinido constituía en sí misma una violación de la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional reitera su llamamiento en favor del cierre de Guantánamo, que debería llevarse a efecto sin trasladar a otro lugar semejante falta de legalidad. Además, deben darse a conocer íntegramente las restantes detenciones practicadas por Estados Unidos como parte de la "guerra contra el terror", que deberían ajustarse plenamente al derecho internacional. Los detenidos que han sido liberados pero no pueden ser devueltos a sus países porque corren peligro de sufrir graves abusos contra sus derechos humanos deben recibir protección de Estados Unidos. Otros países deberían prestar su ayuda si fuera necesario. Por otra parte, la organización ha vuelto a solicitar el establecimiento de una comisión absolutamente independiente que se ocupe de investigar todos los aspectos de las políticas y prácticas estadounidenses de detención e interrogatorio en la "guerra contra el terror", como las "entregas extraordinarias" y las detenciones secretas. El 10 de junio, en otro suceso aparentemente relacionado con estas muertes, la autoridad designada para las Comisiones Militares, John D. Altenburg, emitió la orden de paralizar todos los procesos abiertos ante comisiones militares. Esta semana y la siguiente estaban previstas varias vistas preliminares. Amnistía Internacional se opone a los juicios celebrados ante comisiones militares puesto que distan mucho de reunir las garantías de imparcialidad que exigen las normas internacionales. La organización sigue pidiendo al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que suspenda la orden ejecutiva en materia militar del 13 de noviembre de 2001 por la que se establecieron las comisiones. No debería esperar a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos adopte una decisión sobre el asunto.