La semana anterior se pusieron a prueba varias de las políticas de la Seguridad Democrática de Gobierno Nacional y del derecho a la diferencia del gobierno departamental. Pues se demostró una vez más que al presidente Uribe no le importa para nada la constitución Nacional que dice defender; aunque diga que en ella están contenidos los más altos ideales de la nación. La autonomía de los territorios indígenas y de sus gobiernos; así como el derecho a la movilización fueron desconocidos. La acción policial fue devastadora tanto con las personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, muchos de los cuales quedaron gravemente heridos y uno muerto, como con todos los enseres que había en los diferentes espacios del territorio que fue ocupado con violencia. Lo más contradictorio es que no solamente es un territorio dentro de un cabildo que por mandato constitucional tiene autonomía, sino que esta denominado como de Paz y Convivencia en acuerdos que se hicieron con el gobierno de Pastrana a través del decreto 982 de junio de 1999. Reconocido, además, por diferentes gobiernos del orden nacional, regional y local porque allí se han efectuado diferentes encuentros y acuerdos con sus dignatarios y con entidades internacionales, como la Unión europea, la ONU, Amnistía Internacional, múltiples ONG, y personalidades como el Juez español Baltasar Garzón. El Gobierno Departamental puso como lema a su Plan de Desarrollo “Por el derecho a la diferencia”. Pero pareciera que el derecho que impulsa no es el político y filosófico de respetar los procesos de identidad y de pertenencia que se tienen en lo étnico, político, religioso, cultural, ideológico y territorial sino el de multiplicar las diferencias, que haya más conflictos, y por eso los atiza. Eso quedó claro cuando preparó la acción autoritaria que se desplegó al opinar, semanas anteriores a la Cumbre de organizaciones sociales, que detrás de las movilizaciones que se efectuarían estaba la guerrilla. Igualmente, al sembrar la cizaña de confrontar a sectores sociales y organizaciones sociales bajo la consideración de que los indígenas reciben mucho y los campesinos y los afrocolombianos poco o nada. Afirmación que tiene eco en varios medios de comunicación y algunos gremios empresariales. Por supuesto que el pueblo empobrecido, y muchas veces en condiciones de miseria, debe ser atendido por el Estado. Pero, es que no hemos escuchado a los indígenas ni a las comunidades campesinas organizadas estar en contra de las reivindicaciones de otros sectores. Es más, cuando plantean una reforma agraria integral no lo hacen sólo para sí sino para todos aquellos que trabajan el campo. Cuando están en contra del TLC es porque consideran que afecta a todo el pueblo colombiano. El problema es quién los organiza. No vivimos el penoso espectáculo de las pasadas elecciones en que las comunidades negras inscribieron como 25 candidatos de sendas organizaciones para competir por la cámara? Cuando se hizo la cumbre de organizaciones sociales del suroccidente en el gobierno del Taita Floro Tunubalá, en el 2003, no informaron las comunidades afrocolombianas de 150 organizaciones de sus comunidades en todo el departamento; es decir, su dispersión total? Algo similar, pero menos drástico sucede en el sector campesino. De tal manera que no le podemos achacar a los sectores organizados las falencias de los que no lo están. Ante ese vacío, es al Estado a quien le corresponde responder por esas soluciones ya que ellos no tienen la fuerza suficiente para lograr lo que requieren. Lo cierto es que la conducta política del gobernador llegó hasta tal extremo que pareciera que sólo hasta esta movilización el senador Piñacué fue su contertulio, pues su crítica fue radical respecto de la inexistencia de respeto de la diferencia por el gobernante regional. Queda claro que 514 años de resistencia indígena no pueden ser borrados por una acción fascista y destructora de la policía. Ni tampoco más de cien de lucha de comunidades campesinas. Ni más de trescientos de los afrocolombianos. Ni cerca de cien de las mujeres. Por eso, en medio de la tensión que se vivió por el arrasamiento, las organizaciones sociales y comunidades reunidas concluyeron su Cumbre Nacional y ratificaron su interés por continuar procesos de unidad. Ratificaron su rechazo al TLC y a la reelección. Persistieron en exigir del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos que diferentes gobiernos realizaron desde finales de la década del 80 del siglo anterior. Continuaron enarbolando la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho internacional Humanitario. Se pronunciaron a favor de la negociación del conflicto y del intercambio humanitario. Urgieron el seguimiento del proceso por parte de organismos internacionales y, en especial, que se haga una investigación que lleve a la condena de los responsables por las violación de derechos en la toma violenta de su territorio por parte de la policía. Su conclusión final es que siguen en la Cumbre itinerante y siguen caminando la palabra. COLETTILLA: todo indica que es posible que haya una segunda vuelta. La tendencia creciente de Gaviria, un posible incremento de la intención de voto por Serpa y la consideración de que un porcentaje alto que votará por el PDA son ciudadanos y ciudadanas que no entran en las encuestas y que podrían inclinar la balanza hacia una nueva disputa electoral. Diego Jaramillo Salgado es Profesor Titular de Filosofía Política. Universidad del Cauca. Email: djara@unicauca.edu.co. Diario Jurídica al día, Popayán, mayo 24 de 2006.