Al segundo día de la Cumbre y de las movilizaciones en la Panamericana la situación se había tornado desastrosa: el indigena Pedro Pascue asesinado, otros tres gravemente heridos también con arma de dotación oficial, 60 contusos y 36 detenidos. Por el lado de la fuerza pública 3 retenidos en poder de los indígenas y un número indeterminado de contusos. El día 17 de mayo en las inmediaciones del territorio indigena La Maria, más de 15.000 marchantes ocuparon la vía y fueron inmediatamente reprimidos siguiendo la orden del gobierno de abrir a todo precio el tránsito de vehículos. La Policía antimotines arremetió y desde tres helicópteros que sobrevolaron las cabezas de la gente dispararon gases lacrimógenos obligando al repliegue; la Policía con el Ejército detrás continuó la "persecución en caliente" hacia los predios vecinos y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con la guardia indigena; fue en medio de esa refriega, a las 3:30 de la tarde, cuando se escucharon los disparos de arma de fuego con su consecuencia luctuosa. Como si fuera poco y según testimonios que he recabado de varios testigos, hacia las 4:00 p.m. los helicópteros artillados que estaban en plan de antimotines, entraron al Cabildo y sobrevolaron las instalaciones donde se encontraban miles de indígenas, con niños y alimentos y sobre el auditorio, la cocina, el puesto de salud y los terrenos aledaños, se dedicaron a la tarea de bombardear con gases y sembrar el pánico para dar el mensaje de autoridad tan caro a la falta de mesura e inteligencia. Indepaz había encargado a un periodista amigo hacer registros de la Cumbre y pone las imágenes a disposición de los organismos de control y de derechos humanos. ¿Dónde está el desatino? ¿En los civiles desarmados que bloquean una carretera o en la respuesta oficial que transforma un asunto de Policía en operación militar antiguerrilla? Infortunadamente las palabras no se las lleva el viento. Si un gobernante califica una protesta pacifica de instrumento disfrazado de los narcoterroristas o funcional a sus fines en tanto "idiotas útiles", se desliza rápidamente a una respuesta de guerra. Luego vienen las justificaciones y el acomodo de la realidad al desenfoque. El gobierno departamental comenzó haciendo la distinción entre la protesta indigena y las movilizaciones del sur del departamento y de Nariño. "El tema del sur del Cauca es auspiciado, fomentado y patrocinado directamente por el terrorismo, es patrocinado por el narcotráfico". Pero luego los descalificó a todos por lo que se les antojó una mezcla inadmisible de protesta de oposición política al gobierno, demandas de cocaleros e intenciones de desorden de la guerrilla. ¿Una movilización pacífica, reivindicativa y de oposición al gobierno, que implique un bloqueo a una vía pública debe reprimirse a "sangre y fuego" y tratarse como asunto antisubversivo? A cualquiera se le ocurre que ese tipo de acciones de hecho, inaceptables para cualquier autoridad, debe afrontarse con Policía sin arma de fuego. Y recurrir a los instrumentos legales, y si es del caso al diálogo para restablecer el orden y atender reivindicaciones o demandas políticas sensatas. En el caso de la Cumbre el pliego no va mas allá de unas mesas de debate sobre el TLC y sobre cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, y otra que retorne los compromisos sobre tierras. En lo que se refiere al sur del Cauca y a Nariño: ¿Debe tratarse como operación de guerra una marcha pacífica de campesinos sin armas, parte de ellos cocaleros, que se oponen a las fumigaciones y piden opciones frente a la pobreza? ¿Si se establece que la guerrilla apoya esa protesta e incluso que presiona con armas a cocaleros para que salgan a la carretera, la represión a los campesinos puede ser del mismo calibre que la contención a guerrilleros? ¿Se les puede calificar de colaboradores desarmados y proceder a los bombardeos lacrimógenos o de los otros, detenciones preventivas y otras agresiones? En un escenario tan complejo como el de Nariño con la irrupción de 50.000 hectáreas de cultivos de coca, presencia de mafias, paras y guerrilla, donde las autoridades tienen pruebas o indicios de que la guerrilla estimula la protesta, no hace mal el gobierno departamental cuando distingue entre la acción policial para evitar el bloqueo y atentados a la libertad de tránsito y, por otro lado, la presencia de la guerrilla, cuya contención debe ser tarea de las fuerzas armadas, allí donde se manifieste. El error estaría en suponer que como es hipotéticamente posible que algunos guerrilleros se camuflen de campesinos, entonces hay que asumirlos a todos como subversivos. El enfoque es el inverso del que le gusta a los fanáticos de las armas: todo el que proteste desarmado, así incurra en bloqueos, debe ser tratado sin armas y con pleno respeto a sus derechos. Y en zonas de influencia comprobada de guerrilla o de paramilitares, la fuerza pública y el Ejército entre ella, debe ser garante de derechos humanos y fuerza disuasiva contra cualquier intromisión de los armados ilegales. Colocar al Ejército de Policía antimotines es ponerlo en el camino de la violencia contra la población civil. Las consecuencias de semejante táctica son responsabilidad de los mandatarios y de los estrategas de la guerra por todas partes y a toda hora. - Camilo González Posso es Director de Indepaz Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0013 http://www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0013/articulo01.pdf