Los procesos de transición en todas las sociedades plantean una serie de desafíos que éstas deben afrontar y que tienen ciertas semejanzas; trátese de paso de regímenes autoritarios a democracias, como los del cono sur de América Latina, o de transiciones de la guerra a la paz, como en Centroamérica y los que viviremos nosotros en los próximos tiempos. Hay una constante y es que las transiciones conllevan ajustes institucionales que son complejos y a veces traumáticos, pero sobretodo hay un tema que normalmente es muy difícil de manejar y que es fundamental para sentar las bases de la nueva situación: el arreglo de cuentas con el pasado, como paso previo a la necesaria reconciliación nacional, pero sobretodo para que esto no se repita. El caso chileno es un buen ejemplo a analizar, por lo reciente de la presentación al país por el Presidente Ricardo Lagos, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile, en el cual treinta años después del golpe militar de Pinochet contra el Presidente constitucional Salvador Allende y luego de una década de concluido el régimen autoritario, se informa a la sociedad chilena sobre parte de las barbaridades cometidas durante la dictadura, especialmente las torturas a que fueron sometidos los detenidos durante el gobierno militar. El Presidente Lagos dijo en su presentación: "Este informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo. Ha sido capaz de entrar 31 años después a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos" y añadió "el informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile". Y agregó: "Recorrer los miles de testimonios me ha conmovido." La presentación de este informe estuvo precedida de la declaración el pasado 4 de noviembre, por el General Juan Emilio Cheyre, Jefe del Ejército de Chile, de una autocrítica pública en la cual esta institución acepta la responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Dijo el General Cheyre en su declaración a nombre del Ejército de su país: "El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado." El caso chileno muestra y similar situación se está viviendo en Argentina, que la verdad acerca de los hechos que tipifican graves violaciones de los derechos humanos y del DIH, cometidos en período de autoritarismos o de confrontación militar, se termina conociendo, más temprano o más tarde y que en ese momento todos aquellos que han tenido algún nivel de responsabilidad, por acción o por omisión deberán asumirla, como una manera de poder cerrar un capítulo negro de la historia y asumir el futuro con tranquilidad. Es decir, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas se van a dar; tarde quizá, pero el momento llegará. Cuando se está discutiendo acerca del problema de 'saldar cuentas con el pasado', a propósito de las desmovilizaciones de grupos de autodefensas o paramilitares y que será un tema igual en el futuro, cuando se ponga al orden del día las negociaciones con la guerrilla, es importante entender que el tema puede aplazarse, pero inevitablemente va a salir a luz pública, porque las condiciones políticas en las sociedades siempre cambian y llegará el momento en que institucionalmente las cosas se van a dar a conocer. La experiencia chilena debería ser tenida en cuenta por los legisladores colombianos y el gobierno en las medidas legales que deben tomar. * Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional.