Las últimas semanas hemos visto una creciente expresión de diversas formas de protesta social: desde la minga por la vida de los indígenas, pasando por el paro de los camioneros, la marcha de los estudiantes de la UIS de Bucaramanga a Bogotá, hasta la jornada de protesta convocada por las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática. La protesta social es una forma de oposición o descontento frente a las políticas de un gobierno y es algo normal en una democracia. Porque sólo en democracia existe la oposición, en los autoritarismos todo tipo de descontento es calificado como subversión y en esa medida recibe el tratamiento correspondiente, casi siempre de tipo represivo. Por el contrario en una democracia que se precie de tal, la oposición es considerada como normal, expresión de la diversidad social y de las diferencias en cuanto a expectativas y proyectos de futuro. Ahora bien, la oposición tiene varias formas de expresión: de una parte está la oposición parlamentaria, que se da a través de los partidos políticos y tiene como escenario fundamental el Congreso; esta oposición hace control político y controvierte las propuestas de gobierno, con lo cual se va convirtiendo en una alternativa electoral para el siguiente debate. Pero la oposición no sólo se manifiesta en el Congreso, sino también en el escenario por excelencia de la expresión ciudadana: la calle. Y es que efectivamente una modalidad de oposición social extra-parlamentaria es el descontento social que se manifiesta, entre otros escenarios, en la protesta social y refleja sectores sociales que consideran que las políticas públicas no son las adecuadas frente a las demandas y problemas, o que las prioridades del gobierno no corresponden a las expectativas de los ciudadanos. La protesta social, en una democracia, es una forma legítima de expresar la inconformidad con la gestión del gobierno y debe ser respetada; por supuesto, la protesta no debe acudir al uso de la violencia para manifestarse. Podríamos decir que es el síntoma de fracturas en el proyecto uribista, que fue considerado por un tiempo, como una opción salvadora de los males del país. El discurso de la ‘seguridad democrática’ parecía ser por momentos el bálsamo para todas las dolencias de la sociedad colombiana. Pero si es verdad que el orden y la seguridad son importantes en toda sociedad, no justifican el que las demás problemáticas sociales sean dejadas de lado: que la salud se degrade, el empleo no mejore de manera significativa, la situación de desplazamiento siga inalterable, en fin, que el problema de la pobreza tienda a agudizarse. La última encuesta de opinión, junto con este acrecentamiento de la protesta social son dos síntomas que relacionados mostrarían tendencias crecientes de perdida de confianza en la capacidad del gobierno actual de dar respuestas a las situaciones socialmente problemáticas y en esa medida indicativas de un viraje de la opinión colombiana, que puede progresivamente desencantarse y comenzar a mirar alternativas de gobierno distintas, colocando la posibilidad del proyecto reeleccionista en entredicho. Probablemente estamos iniciando un proceso de cambio de la tendencia de los colombianos: dejan de creer en la ilusión guerrerista para resolver el conflicto interno armado y piensan que las políticas sociales son tan prioritarias como las de seguridad y defensa y comienzan a buscar alternativas de gobierno distintas. Es lo que se conoce como el ‘sol a las espaldas’ de los gobernantes, cuando normalmente su desgaste en la gestión pública los lleva a que los mismos que los eligieron comienzan a desencantarse y a desear que haya un recambio en los responsables de gobierno. Tan importante para los gobernantes deben ser las encuestas, como la manifestación ciudadana en la calle expresando su malestar con la gestión pública. Alejo Vargas Velásquez es profesor Universidad Nacional de Colombia