Incógnitas sobre la economía y el excedente fiscal

09/06/2004
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Opinión
-A +A
En el mes de abril apareció una primera señal de preocupación en la evolución de la recuperación económica del país, especialmente en el sector industrial, la que era muy clara desde abril de 2002. La caída fue del 3,9%, y la explicación oficial se basó en la merma de actividad por los mayores feriados del mes y en la crisis energética que deterioró la capacidad productiva del sector. Se trata de un tema clave ya que la comunicación oficial hace centro en el desarrollo de un modelo productivo para la Argentina. Es cierto que en la recuperación económica resalta el aporte de la industria y el agro, aunque buena parte de la producción tuvo destino en el mercado externo y con escasa capacidad de socializar los beneficios al conjunto de la población. Lo cierto es que el PBI de la Argentina comenzó a recuperarse en el 2002, luego de una larga recesión iniciada en 1998, devaluación mediante, recomponiendo capacidad ociosa instalada en la industria y profundizando la tendencia a la producción intensiva de soja, que junto al petróleo son los principales productos de exportación. ¿Por qué la preocupación? Es que la recuperación de 8,7% en 2003 y más del 10% en el primer trimestre de 2004, sin llegar aún al nivel de inicio de la recesión y ni siquiera a compensar la fuerte caída del 2002 había generado hasta ahora una imagen favorable sobre la actividad gubernamental en política económica. Los impactos favorables de la recuperación se identificaban en la generación de empleos, la promoción del saldo comercial externo favorable, el aumento de la recaudación tributaria y la capacidad de satisfacer a los acreedores privilegiados, no afectados por el default. Claro que también se puede discutir cada uno de los asuntos mencionados. Un dato relevante en la expansión del empleo se justifica por la existencia de los "planes para jefes y jefas de hogar desempleados", que más allá del magro ingreso, poco agregan en perspectiva de inclusión laboral sostenible. Si bien creció el empleo privado formal, es notable la extensión del informal o no registrado. ¿Puede pensarse en la continuidad de absorción de trabajadores formales e informales ante una perspectiva de límites a la recuperación? Con la explicación de la crisis energética son varias las empresas que siguieron el camino de las suspensiones de personal. El saldo comercial favorable viene declinando de la mano de una mayor incidencia de las importaciones de insumos industriales, pero también debe reconocerse a futuro el negativo impacto de la baja importante de los precios de la soja. Ambos son una combinación que deteriora la posibilidad de acumular excedentes genuinos en divisas (más allá de su socialización) y restan solvencia externa. Se puede adicionar que la baja de los precios internacionales no se reparte equitativamente en las distintas escalas de la producción, donde más se afecta a los pequeños productores, base del sostén de la recuperación en varias economías regionales y principalmente en las localidades más chicas. ¿Cambiará la sensación de bonanza en esas poblaciones? Hay que considerar que la renovación de parte del parque automotor y el auge de la construcción se vincula a mayores ingresos de esa parte de la población que ahora podría ver discontinuado el ciclo. El efecto "riqueza" contribuye entre los sectores medios para brindar consenso a las políticas oficiales, a la vez que sostiene la opinión "media" del sentido común. Por las dudas, vale la insistencia en que una buena parte de la sociedad, que continúa por debajo de la línea de pobreza, no recibió beneficios directos de la recuperación, más allá de magros subsidios e incrementos de mínimos ingresos para una parte. Esa sensación de mejora puede ser la explicación de una disminución del conflicto social explícito en los últimos dos años, pero puede uno interrogarse sobre las perspectivas. Protestas sectoriales para articular En esa dirección puede registrarse la voz de la CTA reclamando al poder ejecutivo la opción entre "ellos" y "nosotros", en alusión a la demanda de los acreedores externos privilegiados y el poder económico más concentrado que presiona por una mayor cuota de la renta nacional y los reclamos de los sectores postergados. También reaparecen los planes de lucha del movimiento piquetero, los que habían ralentizado su protesta callejera ante la mala prensa generada y la presión de los medios sobre las capas medias de la sociedad. Entre estos sectores medios también empiezan a sentirse los límites de la recuperación económica y reclaman financiamiento adecuado y una reestructuración tributaria que promueva a las pymes y a las economías regionales para difundir y socializar un ciclo de crecimiento. Apyme y FAA son parte de ese reclamo, que coincide con las peticiones sostenidas por el cooperativismo para una reglamentación adecuada por el BCRA del régimen de Cajas de Crédito Cooperativas, recientemente aprobado por el Parlamento. Son todas expresiones factibles de articular en un bloque social con pretensión de incidir políticamente en la resolución de la crisis y definir un curso de acción favorable para la mayoría de la sociedad. Parece una aspiración ilusoria y sin embargo es una posibilidad real si se pretende discutir el tipo de recuperación y abrir paso a una reactivación que tenga en cuenta los intereses de los de abajo. Lucha por el superávit Es así, ya que la discusión actual se proyecta sobre el destino del excedente fiscal. No es un dato menor la existencia de superávit fiscal. Es la base de sustentación para un proyecto, y parafraseando lo dicho anteriormente: un proyecto de unos o de otros. Los acreedores reclaman una parte de ese excedente en la negociación para salir del default. También inciden para su reparto las clases dominantes locales y eso explica las permanentes negociaciones entre las privatizadas de servicios públicos y el gobierno para incrementar las tarifas, o las presiones de las petroleras para obtener concesiones que favorezcan una cuota mayor de apropiación de la renta nacional. La protesta social es también parte de esa discusión. Por ahora, desde el gobierno se anunció como distribuir el superávit previsto para el 2004, que alcanzaría los $7.841 millones. Eso le permitirá al gobierno una afectación de gastos por $4.952 millones, la no emisión de bonos por $2.727 millones, y una partida no afectada por $162 millones. Es interesante detenerse en la asignación del gasto, ya que del total se destacan los $2.098 millones asignados a resolver la crisis energética y que se explica en $700 millones en préstamos para el Fondo de estabilización de las Tarifas, $759 millones de transferencia a CAMMESA para compras de fuel oil, $256 millones para Yacyretá y $383 para inversiones en infraestructura energética. Es una combinación de obra pública con subsidios destinados a las empresas, algunas de las cuales son denunciadas por el propio gobierno de incumplimiento de los contratos oportunamente celebrados. Por el lado de los mayores ingresos para trabajadores del estado se contabilizan $248 millones de incentivo docente, $105 millones en aumento de haberes inferiores a $1.000 para los estatales y $82 millones para docentes y personal administrativo de las universidades nacionales. Suman $435 millones. A ello podemos adicionar los $1.079 millones destinados al incremento en jubilaciones y pensiones en un escalonamiento que lleva la mínima de $220 a $280 para el último cuatrimestre. Los incrementos a pasivos y activos del estado suman $1.514 millones. En el resto se destaca el destino para el plan de seguridad con $300 millones. Son cifras que establecen con claridad las preferencias en la orientación del gasto público. La discusión continuará más allá de esas cifras. Existen voces señalando que el gobierno subestima el excedente fiscal a lograr, tal como lo hizo con las proyecciones presupuestarias. Además, los acreedores descuentan una mejora en la propuesta gubernamental para salir de la cesación de pagos e imaginan se compensen, aún parcialmente, los intereses atrasados desde el inicio del default, estimados en 18.000 millones de dólares. El asunto es que ahora el Estado cuenta con recursos y el destino lo definirá la mayor presión de los de arriba o de los de abajo. Buenos Aires, 27/5/04 * Acción Mayo 2004
https://www.alainet.org/en/node/110068
Subscribe to America Latina en Movimiento - RSS