Incógnitas sobre la economía y el excedente fiscal
09/06/2004
- Opinión
En el mes de abril apareció una primera señal de preocupación
en la evolución de la recuperación económica del país,
especialmente en el sector industrial, la que era muy clara
desde abril de 2002. La caída fue del 3,9%, y la explicación
oficial se basó en la merma de actividad por los mayores
feriados del mes y en la crisis energética que deterioró la
capacidad productiva del sector. Se trata de un tema clave ya
que la comunicación oficial hace centro en el desarrollo de un
modelo productivo para la Argentina.
Es cierto que en la recuperación económica resalta el aporte
de la industria y el agro, aunque buena parte de la producción
tuvo destino en el mercado externo y con escasa capacidad de
socializar los beneficios al conjunto de la población. Lo
cierto es que el PBI de la Argentina comenzó a recuperarse en
el 2002, luego de una larga recesión iniciada en 1998,
devaluación mediante, recomponiendo capacidad ociosa instalada
en la industria y profundizando la tendencia a la producción
intensiva de soja, que junto al petróleo son los principales
productos de exportación.
¿Por qué la preocupación? Es que la recuperación de 8,7% en
2003 y más del 10% en el primer trimestre de 2004, sin llegar
aún al nivel de inicio de la recesión y ni siquiera a
compensar la fuerte caída del 2002 había generado hasta ahora
una imagen favorable sobre la actividad gubernamental en
política económica. Los impactos favorables de la recuperación
se identificaban en la generación de empleos, la promoción del
saldo comercial externo favorable, el aumento de la
recaudación tributaria y la capacidad de satisfacer a los
acreedores privilegiados, no afectados por el default. Claro
que también se puede discutir cada uno de los asuntos
mencionados.
Un dato relevante en la expansión del empleo se justifica por
la existencia de los "planes para jefes y jefas de hogar
desempleados", que más allá del magro ingreso, poco agregan en
perspectiva de inclusión laboral sostenible. Si bien creció el
empleo privado formal, es notable la extensión del informal o
no registrado. ¿Puede pensarse en la continuidad de absorción
de trabajadores formales e informales ante una perspectiva de
límites a la recuperación? Con la explicación de la crisis
energética son varias las empresas que siguieron el camino de
las suspensiones de personal.
El saldo comercial favorable viene declinando de la mano de
una mayor incidencia de las importaciones de insumos
industriales, pero también debe reconocerse a futuro el
negativo impacto de la baja importante de los precios de la
soja. Ambos son una combinación que deteriora la posibilidad
de acumular excedentes genuinos en divisas (más allá de su
socialización) y restan solvencia externa. Se puede adicionar
que la baja de los precios internacionales no se reparte
equitativamente en las distintas escalas de la producción,
donde más se afecta a los pequeños productores, base del
sostén de la recuperación en varias economías regionales y
principalmente en las localidades más chicas. ¿Cambiará la
sensación de bonanza en esas poblaciones? Hay que considerar
que la renovación de parte del parque automotor y el auge de
la construcción se vincula a mayores ingresos de esa parte de
la población que ahora podría ver discontinuado el ciclo.
El efecto "riqueza" contribuye entre los sectores medios para
brindar consenso a las políticas oficiales, a la vez que
sostiene la opinión "media" del sentido común. Por las dudas,
vale la insistencia en que una buena parte de la sociedad, que
continúa por debajo de la línea de pobreza, no recibió
beneficios directos de la recuperación, más allá de magros
subsidios e incrementos de mínimos ingresos para una parte.
Esa sensación de mejora puede ser la explicación de una
disminución del conflicto social explícito en los últimos dos
años, pero puede uno interrogarse sobre las perspectivas.
Protestas sectoriales para articular
En esa dirección puede registrarse la voz de la CTA reclamando
al poder ejecutivo la opción entre "ellos" y "nosotros", en
alusión a la demanda de los acreedores externos privilegiados
y el poder económico más concentrado que presiona por una
mayor cuota de la renta nacional y los reclamos de los
sectores postergados. También reaparecen los planes de lucha
del movimiento piquetero, los que habían ralentizado su
protesta callejera ante la mala prensa generada y la presión
de los medios sobre las capas medias de la sociedad. Entre
estos sectores medios también empiezan a sentirse los límites
de la recuperación económica y reclaman financiamiento
adecuado y una reestructuración tributaria que promueva a las
pymes y a las economías regionales para difundir y socializar
un ciclo de crecimiento. Apyme y FAA son parte de ese reclamo,
que coincide con las peticiones sostenidas por el
cooperativismo para una reglamentación adecuada por el BCRA
del régimen de Cajas de Crédito Cooperativas, recientemente
aprobado por el Parlamento.
Son todas expresiones factibles de articular en un bloque
social con pretensión de incidir políticamente en la
resolución de la crisis y definir un curso de acción favorable
para la mayoría de la sociedad. Parece una aspiración ilusoria
y sin embargo es una posibilidad real si se pretende discutir
el tipo de recuperación y abrir paso a una reactivación que
tenga en cuenta los intereses de los de abajo.
Lucha por el superávit
Es así, ya que la discusión actual se proyecta sobre el
destino del excedente fiscal. No es un dato menor la
existencia de superávit fiscal. Es la base de sustentación
para un proyecto, y parafraseando lo dicho anteriormente: un
proyecto de unos o de otros. Los acreedores reclaman una parte
de ese excedente en la negociación para salir del default.
También inciden para su reparto las clases dominantes locales
y eso explica las permanentes negociaciones entre las
privatizadas de servicios públicos y el gobierno para
incrementar las tarifas, o las presiones de las petroleras
para obtener concesiones que favorezcan una cuota mayor de
apropiación de la renta nacional. La protesta social es
también parte de esa discusión.
Por ahora, desde el gobierno se anunció como distribuir el
superávit previsto para el 2004, que alcanzaría los $7.841
millones. Eso le permitirá al gobierno una afectación de
gastos por $4.952 millones, la no emisión de bonos por $2.727
millones, y una partida no afectada por $162 millones. Es
interesante detenerse en la asignación del gasto, ya que del
total se destacan los $2.098 millones asignados a resolver la
crisis energética y que se explica en $700 millones en
préstamos para el Fondo de estabilización de las Tarifas, $759
millones de transferencia a CAMMESA para compras de fuel oil,
$256 millones para Yacyretá y $383 para inversiones en
infraestructura energética. Es una combinación de obra pública
con subsidios destinados a las empresas, algunas de las cuales
son denunciadas por el propio gobierno de incumplimiento de
los contratos oportunamente celebrados.
Por el lado de los mayores ingresos para trabajadores del
estado se contabilizan $248 millones de incentivo docente,
$105 millones en aumento de haberes inferiores a $1.000 para
los estatales y $82 millones para docentes y personal
administrativo de las universidades nacionales. Suman $435
millones. A ello podemos adicionar los $1.079 millones
destinados al incremento en jubilaciones y pensiones en un
escalonamiento que lleva la mínima de $220 a $280 para el
último cuatrimestre. Los incrementos a pasivos y activos del
estado suman $1.514 millones. En el resto se destaca el
destino para el plan de seguridad con $300 millones. Son
cifras que establecen con claridad las preferencias en la
orientación del gasto público.
La discusión continuará más allá de esas cifras. Existen voces
señalando que el gobierno subestima el excedente fiscal a
lograr, tal como lo hizo con las proyecciones presupuestarias.
Además, los acreedores descuentan una mejora en la propuesta
gubernamental para salir de la cesación de pagos e imaginan se
compensen, aún parcialmente, los intereses atrasados desde el
inicio del default, estimados en 18.000 millones de dólares.
El asunto es que ahora el Estado cuenta con recursos y el
destino lo definirá la mayor presión de los de arriba o de los
de abajo.
Buenos Aires, 27/5/04
* Acción Mayo 2004
https://www.alainet.org/en/node/110068
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