El gobierno de Néstor Kirchner se encuentra ahora envuelto en un debate arduo y complicado sobre la manera de combatir el aumento del delito y la inseguridad que se vive en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, el cinturón de ciudades que rodea a la capital argentina y que se empobrecieron en los últimos años como consecuencia de las políticas económicas y sociales neoliberales que se aplicaron y que resultaron en cierre de industrias, talleres y comercios que daban trabajo y un nivel de vida razonable a la mayoría de los 9 millones de habitantes de esta región. Si bien el tema ya se viene debatiendo hace muchos años, fue el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg, hijo único de un acaudalado industrial que vive en uno de los barrios de clase media alta del conurbano, el que detonó la protesta masiva y un movimiento importante de la opinión pública alimentado por los medios masivos de comunicación, algunos de ellos ligados visiblemente a la derecha local que se siente desplazada por las políticas y el pensamiento progresista del actual gobernante. El padre del joven asesinado, Juan Carlos Blumberg, un hombre dolido por los terribles hechos, pero también de mucho coraje y decisión, comenzó a plantear pasos concretos para combatir la inseguridad en el país. Si bien no es partidario de la pena de muerte, si lo es de endurecer las penas por tenencias de armas, secuestro de personas y otras actividades delictivas, como también de tener una legislación más dura respecto a las personas que reinciden en el delito o que han cometido hechos graves. Se hizo eco así del sentir generalizado de la gente respecto a las salidas anticipadas de prisión por buena conducta o libertad condicional de delincuentes reincidentes y de frondoso prontuario. Blumberg, con el apoyo de alrededor de 30 organizaciones de la Red Solidaria, que nuclea a fundaciones y entidades de bien público con gestión privada, convocó a un acto el 1 de abril ante el Congreso de la Nación para pedir el cambio inmediato en la legislación penal. Este acto realizado en la explanada del edificio del Congreso concitó la participación de unas 150 mil personas en la capital y centenares más que se manifestaron en su apoyo en el interior del país. Si bien en un comienzo se pensó que la iniciativa de Blumberg sólo iba a convocar a la clase media golpeada por tantos robos, asaltos seguidos de muerte y secuestros en los últimos meses, logró también un apoyo importante de los sectores empobrecidos, que también sufren la violencia en sus barrios, no sólo de bandas de delincuentes cada vez más jóvenes, sino además de policías en connivencia con el delito. El espacio que abrió el caso Blumberg en los medios facilitó la posibilidad de que muchos padres y madres de clases populares que sufrieron el asesinato de sus hijos en episodios en los que hubo clara participación policial, pudieran llegar a los grandes medios con su denuncia. En muchos casos, estos hechos habían terminado en pobladas contra las comisarías locales, pero en esta ocasión debido a la repercusión lograda, estos familiares, en su mayoría de clase trabajadora o desempleados, tuvieron oportunidad de dar a conocer su situación ante una audiencia nacional. Blumberg se ha cuidado bien de que su iniciativa no tenga tintes partidarios. No obstante, llama la atención su reacción ante el anuncio por parte del movimiento piquetero de apoyar la segunda marcha que este industrial está convocando ante el Palacio de Justicia para exigir una mejora en la aplicación de la ley y el fin de la corrupción en este ámbito. La iniciativa piquetera parece incomodar a Blumberg, aunque las agrupaciones de trabajadores desocupados aceptaron participar sin ostentar ninguna identificación ni consigna propia. @STIT = Un panorama poco tranquilizador Según un informe pormenorizado de la Consultora Equis, que fue publicado por el matutino "La Nación", la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el lugar donde más delitos se cometen en todo el país. Se trata principalmente de delitos contra la propiedad, que suman la cifra de 539 hechos diarios durante 2003. Se considera que se cometen otros tantos delitos que no son denunciados a la policía. Cabe señalar, que en la ciudad de Buenos Aires habita sólo el 8% de la población del país, pero recibe millones de personas por día que vienen a trabajar, a hacer trámites, a estudiar, a utilizar los servicios hospitalarios, a disfrutar de los lugares de entretenimiento y de la oferta cultural y también a aprovechar los comedores y servicios sociales de numerosas organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, es la población de las ciudades del conurbano la que se siente más insegura, a pesar de que los delitos cometidos allí están en un 52, 5% por debajo de los valores de la capital argentina. Lo que ocurre es que en el conurbano, los delitos cometidos son más violentos y más estremecedores, como la ola de secuestros que afecta principalmente a la clase media alta y a familiares de deportistas o de actores y actrices de televisión, hechos que tienen gran repercusión en los medios. Casi un 38% de los asesinatos que se cometen en esta región del país, ocurren con motivo de robos a viviendas o comercios y asaltos en la vía pública. Cuando Blumberg comenzó su campaña, empezaron a aparecer nuevamente en los medios algunos políticos y ex funcionarios que llevaron adelante políticas nefastas en materia de seguridad. Algunos de ellos, como Aldo Rico, ex militar golpista quien estuvo a cargo de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires pocos años atrás y nada logró mejorar en su temida policía, comenzaron a ser consultados por algunos medios creyendo en la pérdida de memoria de la población. Pero como esto no es así, el propio Blumberg se vio obligado a hacer público su desacuerdo con determinadas figuras políticas que peligrosamente volvían a tener los micrófonos de los medios a su servicio. Nadie olvida la comprobación de graves torturas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires a los acusados de delitos comunes en tiempos del ex gobernador Carlos Ruckauf, por ejemplo, quien es actualmente diputado nacional y presidente de la comisión parlamentaria sobre temas de seguridad, y que ahora pareciera querer recomponer su imagen apoyando las iniciativas de Blumberg. La ciudadanía también tiene claro que en buena parte de los secuestros extorsivos de más repercusión que fueron investigados se encontró que había participación de algún policía o de personas ligadas a la policía provincial. La propia investigación del caso Blumberg está llevando a la separación de sus cargos de altos jefes de la Policía Federal, que hasta ahora se consideraba una fuerza poco involucrada en este tipo de hechos, y a un cuestionamiento a la actuación de la fiscalía. La percepción de que este tipo de delito organizado perpetrado por bandas profesionales de delincuentes no podría tener lugar si no fuera por sus vínculos e intereses con los poderes políticos, judiciales y policiales específicos es muy alta en la población, y lamentablemente, cercana a la verdad. Debido a ello, buena parte de la población tiene claro que no es dando más poder a la policía que se detiene el delito, sino obteniendo más control social en materia de seguridad. @STIT = ¿"Mano dura" sólo para conformar? El acto de protesta masiva hizo que los legisladores se abocaran de inmediato al tratamiento de proyectos de ley en materia de legislación penal con el fin de endurecer las condenas a los delincuentes. El oportunismo fue más que evidente. Muchos legisladores parecían estar más preocupados por no quedar mal parados ante los reclamos que por legislar con justicia. En la bancada oficialista esto fue claro. Por otro lado, todos eran seguidos por la mirada atenta del propio Blumberg, quien permaneció observando y tomando nota de todo lo que ocurría durante las sesiones en que se discutieron las nuevas normativas. Ante ello, diputados de la oposición hicieron pública su protesta de que no se les dio la palabra en los debates parlamentarios para manifestar otro tipo de opinión. Decidieron retirarse del recinto y sostener que las penas se han aumentado en muchas ocasiones, sin que por ello merme la delincuencia. Agregaron que también es importante considerar otros factores que hacen a un recrudecimiento del delito común y del delito más sofisticado, en el cual los métodos y armamentos usados exigen un alto grado de organización. Se refirieron también a la coraza de impunidad que suele rodear los grandes delitos y a la manera en que la dictadura militar de la década del setenta logró permear a las fuerzas policiales con su discurso autoritario y modalidad delictual, violadora de los derechos humanos y con sentido de impunidad. Si bien es de suponer que la mayoría de los miembros de estas fuerzas son personas honestas, el hecho de que prácticamente todas las semanas se denuncie a uno de sus miembros por verse involucrado en algún tipo de delito, es suficientemente revelador de la grave situación por la que atraviesan estas fuerzas. También hay otros datos fuertemente reveladores en lo social. Mientras algunas voces "duras" abrieron el debate sobre bajar la imputabilidad penal de los menores a 14 años, otros señalan que el aumento del delito cometido por adolescentes y jóvenes está íntimamente ligado al 55% de desempleo que existe desde hace ya varios años entre los jóvenes de 15 a 25 años. Sólo en el conurbano las estadísticas señalan que hay 800 mil jóvenes que no trabajan ni estudian y no encuentran ningún futuro cierto para sus vidas. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, ya calificada como "horrorosa" por diputados de la oposición, seguramente abrirá un debate intenso no sólo en el Congreso, sino también en la sociedad. La ya citada Consultora Equis en su informe sobre el delito en la ciudad de Buenos Aires agrega que "el dato del contexto socioambiental más relevante y el único que recorre todo el ciclo de crecimiento exponencial de la tasa de hechos delictivos porteño queda demostrado al observar que la brecha entre el 10% más rico y el más pobre de la población perceptora de ingresos pasó de 8,6 veces en 1980 a 190 veces en 2002 y creció un 217%, en tanto que en igual lapso, la tasa de hechos delictuosos pasó de 8,4 hechos registrados cada 1000 habitantes a 74,9: creció un 719%". Es necesario agregar que en la actualidad hay un 57% más de personas desempleadas que en 2001 y que el 80% de las 3.700.000 personas que pasaron a vivir bajo la línea de pobreza entre 2001 y 2002 pertenecían a la clase media urbana. @STIT = Incluir la participación ciudadana El nuevo plan para combatir el delito que acaba de lanzar el gobierno contempla amplias reformas en la Policía Federal, el Código Penal y en el Poder Judicial. Se creará una agencia federal de investigaciones que estará a cargo de un civil y se proponen concursos públicos para que cualquier ciudadano pueda ocupar el cargo de comisario, entre otras funciones. Está prevista la participación ciudadana en foros de seguridad para controlar a los funcionarios policiales y la creación en la ciudad de Buenos Aires de una policía comunitaria cuyo directorio será elegido por voto popular. Con este nuevo plan, el gobierno de Kirchner parece salir airoso ante las presiones que incluso hicieron correr la información de que se pediría a las Fuerzas Armadas colaboración en la lucha contra la delincuencia. Durante los anuncios, el presidente dejó en claro que las mismas no intervendrán en la seguridad interior. La normativa para implementar este plan, que recién comienza a ser considerada por el Poder Legislativo, también contempla medidas en materia de política social. Entre ellas, un proyecto para que 50 mil jóvenes vuelvan a la escuela y la apertura de las escuelas los fines de semana para ofrecer recreación a los alumnos. Se incentiva también la educación dentro de las cárceles y la creación de un plan nacional de trabajo en las cárceles, como parte de la rehabilitación de los penados. Legislar para terminar con la delincuencia no es suficiente sino se tienen en cuenta numerosos factores que hacen a la prevención de los delitos, entre ellos la necesidad de responder a tantas demandas insatisfechas y a una situación social gravísima, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Tampoco será exitosa una legislación que no apunte a terminar con la corrupción en las filas de la policía y sus vínculos con funcionarios judiciales y políticos. Será realizable si se comprende como una verdadera política de Estado capaz de enfrentar todo tipo de delincuencia, incluyendo la de "guante blanco" especializada en vaciar las arcas del Estado con negociados y estafas a la ciudadanía.