Argentina del 2003 y perspectivas para el 2004
¿Quién se queda con el crecimiento?
18/12/2003
- Opinión
Luego de cinco años de recesión, la economía argentina volvió al
crecimiento, pero aún muy lejos de recuperar la posición previa a la
crisis de 1998. Ese crecimiento no ha modificado la condición
estructural de la distribución del ingreso y, devaluación mediante,
ha consolidado a más de la mitad de la población por debajo de la
línea de la pobreza y con niveles elevadísimos de desempleo, apenas
disimulados por dos millones de subsidios bajo el Plan de Jefes/as.
Las tendencias de crecimiento marcan un nivel superior al 7% de
expansión del PBI para el 2003 y aún cuando desde el gobierno se
informa que la perspectiva para el 2004 será del 4%, muchos auguran
la posibilidad de mantener un valor cercano al del presente año.
Al mismo tiempo, se discute la sostenibilidad de esa favorable
evolución si no se modifica sustancialmente el patrón de acumulación
de capitales vigente. ¿Porqué? El cierre del año nos señala los
condicionantes estructurales para una expansión continua y mucho más
si se pretende que ese crecimiento contribuya a revertir los
negativos indicadores sociales. Me refiero a las objeciones
instaladas por el FMI para aprobar la primera evaluación trimestral
del acuerdo suscripto en septiembre pasado. Ellas remiten a las
reformas estructurales incumplidas, las que se vinculan a la
renegociación de la deuda en default, a la recomposición de tarifas
para las empresas privatizadas de servicios públicos y a las
compensaciones demandadas por la banca.
Esas exigencias, asumidas por los gobernantes, en la medida que se
cumplan exigirán esfuerzos fiscales que impedirán abordar la
cuestión social. Vamos por parte.
El acuerdo con los acreedores en default puede materializarse
durante el 2004 y queda el interrogante sobre el costo fiscal en ese
año, que es una aspiración de los acreedores y que por ahora el
gobierno y el presupuesto 2004 no contempla. La posibilidad de mayor
recaudación convoca a una disputa por su apropiación. El FMI conoce
esta situación y expresando el interés de sus directivos designados
por los países de residencia de los acreedores de la deuda en
cesación de pagos, interviene desde ahora para generar las
condiciones para cobrar.
Respecto de las tarifas ocurre algo similar. Los directores europeos
con asiento en el FMI presionan para atender las demandas de mayor
rentabilidad de los inversores a cargo de los servicios públicos.
Las empresas tienen como carta de negociación las demandas
interpuestas ante el Banco Mundial por 16.000 millones de dólares,
que en el caso de verificarse se convertirán en una ampliación de la
deuda pública externa, con costo para el conjunto de la sociedad. La
moneda de cambio puede ser la corrección de las tarifas. En ese
caso, el costo se descargará sobre los usuarios, afectando a los de
menores ingresos. Puede adicionarse que el gobierno está abortando
una posibilidad histórica de extender la evaluación de los contratos
con esas empresas a otros aspectos más allá de las tarifas y ese es
otro cargo al conjunto social.
Es sabido también que la aspiración de la banca transnacional es
profundizar la reforma financiera local para avanzar con los
remanentes de banca estatal supérstite y de allí la presión para
adecuar el sistema bancario.
A la presión por resolver las necesidades de esos sectores del poder
económico, acreedores externos, privatizadas y banca transnacional,
se debe adicionar la presión por un mayor superávit fiscal. Son
todos condicionantes que pueden afectar la expansión de la economía
argentina en el corto y mediano plazo y sobre todo, establece
fuertes condicionantes para que gran parte de la población supere su
situación de empobrecimiento. No digo pobre, deliberadamente, ya que
lo que existe es un proceso de empobrecimiento de la mayoría, que se
expresa en desempleo y deterioro del ingreso de los que mantienen
sus empleos; pero también se verifica una tendencia a la disminución
del ingreso de pequeños y medianos productores y empresarios que
vinculan su actividad a la evolución de los ingresos de la mayoría.
Por si lo dicho fuera poco, el 2004 está agendado como el año en que
finalizan las negociaciones por el ALCA, lo que implica la
subordinación de la economía local a las exigencias de la economía
de EEUU, competidora con nuestra producción y con un potencial diez
veces superior al de Argentina. La suscripción de un acuerdo de esa
naturaleza puede hacerle perder al país mercados regionales
conquistados en los últimos tiempos y que hoy se imaginan expandir
de la mano de la integración regional.
Es un círculo vicioso donde el resultado recrea las condiciones de
un deterioro permanente y estructural de la sociedad argentina.
El desafío para el 2004 debe concentrarse en la constitución de un
proyecto alternativo que privilegie la satisfacción de necesidades
por encima de objetivos que remiten a la rentabilidad del poder
económico. ¿Es posible? La respuesta es más política que económica.
Dicho en un país que cuenta con ventajas comparativas encomiables
por su dotación de potencial económico y poblacional. En fin, la
palabra final está en manos de nosotros, los argentinos.
Buenos Aires, 17/12/03
* Julio C. Gambina. Profesor Titular de Economía Política de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Director
de ATTAC-Argentina. Director del Instituto de la Cooperación,
IDELCOOP. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y
Políticas, FISYP.
https://www.alainet.org/en/node/109000
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