Uno de los comentarios a un artículo titulado "Elecciones en Guatemala: el Pueblo sin alternativa" publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, procedente de un compañero que trabajo en el fortalecimiento de procesos de organización local, consistió en la necesidad de distinguir el ámbito nacional del local para el análisis de la coyuntura político electoral. Este comentario responde a la conclusión sobre la inexistencia de una alternativa electoral para el Pueblo guatemalteco, la cual no necesariamente se aplica al ámbito local, en el cual existen algunos candidatos a alcaldes y comités cívicos que pueden serlo. Esta observación da origen a la siguiente aproximación, la cual pretende aportar elementos de análisis y un punto de vista al respecto. La instauración de la legalidad burguesa para la búsqueda del poder formal del Estado de Guatemala acaecida en 1985, que dio paso al fin de un período de gobiernos militares y golpes de Estado, se abrió la posibilidad para que expresiones populares locales (comunitarias y sectoriales) iniciaran un proceso distinto de participación y definieran como una de sus líneas de acción a la lucha por el poder del gobierno municipal a través de partidos políticos o comités cívicos (1) .

Cuando esto sucedió, en muchos casos se buscó orientar el gobierno municipal a la satisfacción de necesidades y solución de problemas sentidos por las comunidades y sectores en condiciones más precarias, contrario a lo que hacen las elites económicas y políticas locales que mayoritariamente ocupan dicho poder. Estas expresiones populares locales, cuyo origen se ubica en procesos organizativos de mediana y larga duración, que poseen legitimidad y representatividad popular y comunal, han escogido principalmente el camino de organizar comités cívicos, los cuales, no obstante que la Ley Electoral y de Partidos Políticos los limita a existir solamente hasta la realización de las elecciones, han sido asumidos como sus instrumentos para la lucha por el poder del gobierno municipal. Así, muchos comités cívicos se han convertido en canales de expresión y participación de organizaciones comunitarias, sectoriales o de grupos democráticos en el ámbito local. La aceptación de los comités cívicos como instrumentos electorales se debe, en gran medida, a la visión negativa sobre los partidos políticos, la cual se origina en la instrumentación y verticalismo que la mayoría de estos entes ha impuesto a las comunidades, organizaciones y líderes locales, a quienes han asumido como herramientas útiles para apoderarse del Estado nacional y promover sus intereses como clase dominante, como castas mafiosas o militares y como sectores de poder opuestos a los intereses de las clases populares mayoritarias.

Los comités cívicos, entonces, han sido los referentes y las formas de participación a partir de los cuales se ha intentado cambiar la orientación de los recursos y la capacidad de servicio de la entidad municipal, cambiar la relación entre el gobierno municipal y el ciudadano individual y colectivamente considerado. Carácter de los Comités Cívicos Una de las orientaciones de personas y organizaciones que cuestionan a los partidos políticos existentes, es apoyar a los comités cívicos en tanto instancias más ligadas al pueblo, que pueden abrir posibilidades a las demandas, necesidades y problemas sociales. Sin embargo, en muchos casos se obvia analizar el marco institucional (y el régimen político en general) y el carácter del gobierno municipal como parte del Estado. Sobretodo, se deja de analizar el carácter de clase o los intereses particulares de sectores que optan también por organizar comités cívicos.

En esa perspectiva, es necesario analizar el carácter del poder y el poder acumulado por actores --y clases sociales-- en el ámbito del municipio. En toda localidad, los sectores organizados tienen un origen de clase, étnico, de género y sus intereses generalmente estarán mediados por este origen. Dichos intereses serán base para el desarrollo de estrategias políticas y para el establecimiento de alianzas, tanto en el ámbito local, como regional y nacional. A esto se suma el tipo de medios y recursos a partir de los cuales determinados actores locales que organizan comités cívicos adquieren capacidades diferenciadas que, además de su origen, dará contenido y forma a su incidencia en el curso de los procesos locales. En ese sentido, un comité cívico puede ser un esfuerzo de elites de poder ajenas a los intereses de las mayorías en el municipio, vinculadas a sectores, castas o clases de poder económico y político nacional y transnacional. Así, su gestión desde el gobierno municipal adquirirá tal carácter, estableciendo relaciones de dominio e imposición, más que democráticas y de concertación con las comunidades y sectores populares. De tal manera que el Comité Cívico no necesariamente responde a los intereses populares o a las expectativas desde una posición de izquierda y democrática. Hablar de comités cívicos implica analizar el tipo de sectores o actores que lo integran, lo cual puede ser determinante en el carácter del poder y el proceso municipal que impulsará al momento de estar al frente de la gestión municipal.

Posibilidades y limitaciones de los Comités Cívicos

Hablar de comités cívicos y plantear la posibilidad de que sean un alternativa electoral también requiere analizar, entre otros aspectos, las posibilidades que se potencian con la participación y apoyo a estos, así como sus limitaciones para lograr objetivos que parten del interés de las clases mayoritarias en el ámbito local y, por consiguiente, en el nacional. Los Comités Cívicos, como instancias de participación asumidas por organizaciones y coordinadoras locales para intentar la conquista del gobierno municipal, pueden representar posibilidades como:

– Aportar en la construcción de sujetos locales comprometidos políticamente con las necesidades y problemas de las comunidades y las mayorías –

– Potenciar demandas sociales que nacen desde los espacios cotidianos, desde las clase subalternas y desde las comunidades.

Abrir e institucionalizar espacios que fortalezcan la participación social en la toma de decisiones del gobierno municipal.

– Aportar a la construcción de relaciones de poder alternativas entre organizaciones, comunidades y el gobierno municipal, a partir de lograr que las primeras sean gestoras del desarrollo desde o en coordinación con la entidad municipal. Esto abriría la posibilidad de una relación distinta entre gobierno municipal y poderes locales tradicionales como las alcaldías indígenas, autoridades comunitarias y otros actores, en tanto formas organizadas y de autoridad de los Pueblos Indígenas y de los sectores populares.

– Institucionalizar procesos de planificación del desarrollo local más integrales, basados en la participación democrática e inclusiva en la toma de decisiones, en la fiscalización y la evaluación de planes y gestión municipal. Esto abriría las posibilidades para incluir contenidos programáticos que respondan a las necesidades de los distintos sujetos locales como comunidades y organizaciones sectoriales. Asimismo para la realización de una gestión democrática del desarrollo, a partir del diálogo, la concertación y la coordinación de esfuerzos. Esto significaría lograr prácticas de democracia participativa y la construcción de relaciones más horizontales frente a las tendencias centralistas y autoritarias que se reproducen o provienen desde los ámbitos internacional, nacional y lo local mismo.

– Instaurar procesos municipales de consulta y representación legítima desde las comunidades y sectores representativos como mujeres, jóvenes, campesinos.

– Reconocer, promover, fortalecer y dotar de poder a la organización comunal y sectorial de carácter popular: mujeres, jóvenes, campesinos, promotores de salud, entre otros.

– Promover y potenciar una relación de mayor autonomía del municipio frente al Estado en su conjunto y frente a organismos externos, especialmente orientada al respeto del liderazgo, las decisiones y los procesos locales --organizativos y culturales por ejemplo. Esto significaría fortalecer capacidades de autonomía de las comunidades y pueblos indígenas frente al Estado nacional, lo cual no implica despojar al Estado de sus obligaciones y responsabilidades para implementar políticas públicas que contribuyan a la satisfacción de necesidades esenciales de la población, pero sí aproximarse al ejercicio de derechos de carácter colectivo, principalmente políticos y culturales.

– Potenciar en los actores locales la capacidad de defensa y lucha frente a los poderes que promueven procesos económicos y políticos contrarios al interés nacional y a los intereses y recursos de municipios y comunidades, tales como el Plan Puebla Panamá, la apropiación de la diversidad biológica por empresas transnacionales, la apropiación de recursos como el agua y el bosque, la explotación y expoliación de las trabajadoras y trabajadores.

– Desplazar poderes elitistas que mantuvieron o mantienen el poder político y económico a nivel local: paramilitares, comisionados militares, redes de narcotráfico, familias con poder económico, entre otros. En esa dirección, disminuir el poder de partidos políticos y fuerzas que dominan en el ámbito nacional.

– Imprimir una mayor atención a la problemática rural y de los sectores marginados en el municipio.

– Aportar en el desarrollo de una cultura política popular, democrática, intercultural, interreligiosa, formadora de principios y valores humanistas y de transformación social. Una cultura política que parta de una visión integral y estratégica de la realidad y que se desarrolle en prácticas alternativas a las que el sistema político y la ideología dominante imponen.

– Imprimir al proceso de participación que se impulsa un carácter informativo, formativo y organizador orientado a la transformación social.

– Aportar al avance de una hegemonía popular a nivel nacional y desde lo local.

– Promover el fortalecimiento de la identidad de los actores -- comunidades por ejemplo- como sujetos de su propia historia. En ese marco, potenciar el fortalecimiento de la identidad de clase, étnica y de género como dimensiones relacionadas y base para la lucha en contra de la explotación y opresión y por la transformación social.

– Elegir alcaldes, concejales y síndicos más representativos de la organización social y las comunidades y, consiguientemente, tener autoridades mas legítimas. Estas y otras posibilidades dependen, en todo caso, de las búsquedas y definiciones que planteen los comités cívicos y las organizaciones que los impulsan. En ese sentido, los comités cívicos organizados por actores legítimos del pueblo, que partan de contenidos ideológicos y programáticos propios de las comunidades y organizaciones populares, pueden representar una alternativa de participación y búsqueda del desarrollo desde abajo, desde los espacios cotidianos, desde las aspiraciones y propuestas construidas popularmente. Estas posibilidades, no obstante, se encuentran con límites correspondientes a los actores que impulsan dichos comités y los límites que impone el régimen imperante, los cuales obviamente no son exclusividad de estos procesos y actores.

Estos límites son o pueden ser:

– El espacio limitado que representa lo local para transformar las causas fundamentales de la explotación, la opresión, las condiciones de pobreza y miseria. A esto se agrega la visión y práctica localista con relación al desarrollo, la transformación social y las alianzas que en muchos casos tienen los actores locales. Lograr el desarrollo y la transformación social pasa necesariamente por distribuir la riqueza generada a nivel nacional, lo cual requiere de una acción principalmente de alcance nacional e internacional, orientada a transformaciones estructurales sobre la propiedad y la apropiación de dicha riqueza. Aunado a esto, la transformación de las relaciones de explotación y opresión requiere una acción y, consiguientemente, una estrategia y alianzas entre sectores, clases y pueblos con intereses comunes, esenciales para su impulso en todos los ámbitos y niveles de lucha.

– Los planteamientos de "apoliticidad" presente en actores locales impide alianzas en ámbitos y con actores con los cuales requeriría impulsarse una lucha mínimamente articulada.

– Los recursos limitados con los que cuentan las organizaciones y el gobierno municipal mismo para el impulso de procesos de transformación y desarrollo social. – Las prácticas autoritarias en las propias formas de organización local, en el Estado e, inclusive, en organizaciones de apoyo. – Las carencias de formación y capacitación para conducir y desarrollar procesos locales.

– Las estructuras y políticas estatales y gubernamentales centralistas, autoritarias, racistas, patriarcales, que están fundamentalmente al servicio de los intereses de clases y sectores de poder económico y político nacionales e internacionales, las cuales se imponen y reproducen institucional o socialmente en el ámbito local. – Otros poderes locales, regionales, nacionales e internacionales que se constituyen en contrapesos para los procesos y luchas alternativas. Estos límites pueden ser superados en la medida que los actores locales, de manera consciente, se planteen una estrategia de lucha política de corto y largo plazo, vínculos con esfuerzos regionales y nacionales de transformación, alianzas coherentes, programas que surjan del ámbito local y se potencien en el ámbito nacional. Reflexión final Los comités cívicos, entonces, poseen un carácter determinado, a partir de los actores que los conforman, de los intereses económicos, políticos y sociales que persiguen, de sus prácticas políticas, de su representatividad, de sus alianzas, etc.

En ese sentido, no todos los comités cívicos y candidatos (y no todos los partidos políticos) serán una alternativa popular. Lo serán aquellos que provengan de actores ligados a los intereses mayoritarios de las comunidades y de la población del municipio, que posean prácticas democráticas, que planteen una propuesta de gobierno municipal orientada al interés colectivo mayoritario, que estén integrados y dirigidos por líderes legítimos, que tengan antecedentes de compromiso y servicio a la comunidad, que sean representativos y cuyos candidatos sean una garantía para los intereses que dicen perseguir. Además que sean espacios para impulsar procesos liberadores que, aun con sus limitaciones y sumando sus grandes posibilidades, abonen el camino por la transformación social. Así, determinados comités cívicos y candidaturas pueden resultar en alternativas en las elecciones del nueve de noviembre. El compañero que hizo la observación que da pie a este aporte tiene razón. Existen varios comités y candidaturas que poseen características, posibilidades y potencialidades para el impulso de procesos de transformación social desde lo local. Esto alienta nuestro espíritu y nos reafirma que es posible avanzar.

Nota

(1) Los comités cívicos son organizaciones políticas, de carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular (alcaldes, síndicos y concejales) para integrar corporaciones municipales. Su acción está limitada al municipio en que postulen candidatos. "Ley electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento". Tribunal Supremo Electoral, Guatemala.