La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) desató pasiones de todo calibre ya que diversos oficiales generales en retiro y connotados políticos, vinculados a la estrategia antisubversiva de varios gobiernos, violaron sistemáticamente los derechos humanos, como lo hizo también Sendero Luminoso. El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) (http://www.cverdad.org.pe ) con respecto a las violaciones de derechos humanos durante dos décadas en el Perú, fue la noticia principal del pasado en diversos medios de comunicación en el mundo. Más de 69.000 peruanos murieron o desaparecieron a manos de grupos guerrilleros, los paramilitares y las Fuerzas Armadas en la guerra interna que sufrió el país entre 1980 y el año 2000. El presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, tuvo palabras durísimas: "La lista con los nombres de las decenas de miles de peruanos que entregamos a la Nación es demasiado grande", dijo. A continuación denunció un doble escándalo: el asesinato, la desaparición y la tortura a gran escala, y la indolencia, ineptitud e indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron". Culpó a Sendero Luminoso del conflicto y acusó a las Fuerzas Armadas y la Policía de crímenes de lesa humanidad. Tres de cada cuatro víctimas fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Explicó que se han encontrado "numerosas pruebas que señalan a los responsables de graves crímenes" que serán remitidas a las instituciones competentes para que se aplique la ley. En el informe se recoge las acciones emprendidas por los Gobiernos que vivieron el desarrollo de la violencia: el de Fernando Belaunde (1980-1985), el de Alan García (1985-1990) y el del prófugo Fujimori (1990-2000), sin dejar de revelar las responsabilidades de cada uno en cada período. La Comisión propone una serie de recomendaciones a fin de cumplir con el objetivo de reconciliar al país con el pasado. El presidente Alejandro Toledo comentó que "no podemos abrir las puertas del futuro sin abrir el pasado, sin venganza y sin impunidad." Apostó por una justicia "sin presiones ni interferencias" para que sean juzgados todos los responsables. La revelación del Informe provocó diversas reacciones tanto de la sociedad civil como de los representantes de los "poderes duros", que desde hace varios meses, están articulando una campaña de oposición a la CVR. Es explicable que el trabajo de la Comisión genere pasiones de todo calibre ya que diversos oficiales generales en retiro y connotados políticos, vinculados a la estrategia antisubversiva de diversos gobiernos, violaron sistemáticamente los derechos humanos, como lo hizo el senderismo terrorista. El padre Gustavo Gutiérrez, impulsor de la Teología de la Liberación, destacó el profesionalismo de los integrantes de la Comisión de la Verdad. "Esas personas (los comisionados) son personalidades reconocidas dentro y fuera del Perú por su solvencia moral e intelectual, y cuando hablan de las atrocidades, se refieren a cosas que antes se dieron en la realidad y que no pueden ocultarse más". El religioso afirmó que "son comprensibles los nerviosismos, pero hay que evitar solidaridades adelantadas de las instituciones con quienes, perteneciendo a ellas, violaron la ley y los derechos humanos". Miguel Jugo, presidente de APRODEH - Asociación Pro Derechos Humanos, expresó su total respaldo y apoyo a las conclusiones finales de la Comisión de la Verdad. Saludó el compromiso del Presidente Toledo de trabajar a favor de la justicia, la reparación y el fortalecimiento de los derechos humanos. Aseguró que coincidía con el pronunciamiento de los integrantes de la CVR sobre la presunta responsabilidad política que tuvieron los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García en los actos violatorios de los derechos humanos en la década del 80. Destacó que la CVR encontrará responsabilidades penales de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. La responsabilidad de la Iglesia También la Iglesia católica fue objeto de análisis por parte de la Comisión CVR. Según el informe final de la CVR "la defensa de los derechos humanos no fue firme en el Arzobispado de Ayacucho (que estuvo a cargo del actual cardenal Luis Cipriano, prominente miembro del Opus Dei) durante la mayor parte del conflicto armado". Mas aún, el referido documento señala que el Arzobispado, "durante la mayor parte del conflicto armado puso obstáculos a la labor de organizaciones de las iglesias vinculadas a este tema (la defensa de los derechos humanos), a la vez que negaba la violación de los derechos humanos". En otra parte del texto se destaca que la Iglesia católica como institución tradujo su rechazo a la violencia terrorista apoyando actividades de defensa de los derechos humanos mediante organizaciones como la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS. En ese sentido, la CVR saludó y rindió un homenaje a los sacerdotes, religiosas, fieles católicos y evangélicos que pagaron con su vida la defensa de los derechos humanos. Sin embargo deploró que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Apurimac no hayan cumplido a cabalidad su compromiso pastoral. El director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH, Francisco Soberón, comentó que "quienes hemos seguido los hechos desde los 80, hemos visto como Cipriano le dio la espalda a los familiares de los desaparecidos, a todos aquellos que sufrieron violaciones de los derechos humanos en Ayacucho". Este informe de la CVR tiene también un sentido educativo por las nuevas generaciones, como destaca Tania Pariona, miembro de la coordinación de JENATSO (Movimiento Nacional de Jóvenes con Experiencia de NATs : niños y adolescentes trabajadores organizados ) dijo que "la infancia y la juventud no es ajena a la coyuntura ni a los sucesos anteriores ocurridos; recordemos tan solo cuantos niños y niñas fueron afectados física y psicológicamente por la violencia sociopolítica, hecho por el cual se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, precisamente para hacer justicia social y reconocer a los responsables". "Durante este tiempo pensamos que la CVR ha cumplido un rol histórico no solo por las investigaciones hechas sino por canalizar las informaciones y sensibilizar a la población acerca de la violación de los derechos humanos. Como JENATSO, nos unimos a toda la solidaridad que la sociedad civil reivindica en estos momentos ya que la CVR ha podido dar algunos alcances y recomendaciones para la reflexión de la sociedad. Esperamos que el Informe no quede archivado sino que sirva como un medio que trascienda alternativas para muchas familias que aún viven las consecuencias de la problemática en mención", agregó Tania Pariona. Solidaridad internacional Diversas organizaciones internacionales manifestaron su respaldo y solidaridad con el trabajo y el informe presentado por la Comisión. En este sentido cabe menciona los pronunciamientos del Arzobispo Desmond Tutu, presidente de Comisión de la Verdad de Sudáfrica, de las Madres de la Plaza de Mayo y de un un grupo de Ongs italianas en el Perú (Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm, TERRA NUOVA, Movimiento Laicos America Latina - MLAL, ARCI - Cultura e Sviluppo Perú Cooperazione Internazionale Italiana COOPI, Comunidad Santo Espíritu, Grupo Voluntariado Civil GVC) que difundieron un documento (http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES&noticia=8 642 ) en apoyo a la sociedad civil y a la CVR. Mirtha Allende, integrante el equipo de la Coordinadora Nacional Derechos Humanos CNDDHH (http://www.dhperu.org) comentó que "este informe en apoyo al trabajo de la CVR que están impulsando las ONGs italianas ayudará a respaldar este proceso de verdad, justicia y reparación por el que tiene que transitar nuestro país para que los errores del pasado que causó tanto sufrimiento a los más excluidos del Perú, no se repita y podamos resolver también sus secuelas". Organismos internacionales como WOLA - Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos- Human Rights Watch - HRW- y Amnistía Internacional también dieron su parecer ante el informe presentado por la Comisión de la Verdad CVR. Ante las cifras de muertos y desaparecidos durante los años de violencia en el Perú, calculada en más de 69.000 por la CVR, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (http://www.hrw.org ), declaró que esos números "exceden estimaciones previas. Revelan la completa brutalidad de la insurgencia en el Perú, así como el grado de las medidas de represión que fueron adoptadas para contenerla". Para Vivanco, la "verdadera prueba de la voluntad de Perú, de confrontar su pasado abusivo, está en cómo el Gobierno maneja el tema de los procesamientos", asegurando que el mundo "estará mirando para ver si el fiscal general pone el esfuerzo necesario en la investigación y el procesamiento" de los culpables. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) (http://www.amnesty.org ) señaló que el informe de la CVR es un "importante paso hacia la verdad y la justicia". AI subrayó que los responsables de las violaciones de los derechos humanos deben ser llevados a juicio, y las víctimas y sus familias deben ser objeto de un resarcimiento adecuado. La organización internacional advierte que "para evitar que la historia se repita, las autoridades peruanas deben proteger y promover en el futuro tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos". La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA (http://www.wola.org ) calificó como "un gran avance" la entrega del informe final de la CVR. "El gobierno de Estados Unidos debe reconocer el esfuerzo desarrollado por el gobierno peruano en la búsqueda de la verdad en el período de la violencia y darle su apoyo político y simbólico", dijo Kimberly Stanton, directora adjunta de WOLA Más información: http://alainet.org/active/show_text.php3?key=4451 *Cristiano Morsolin, periodista italiano fundador del "Observatorio Independiente sobre la área Andina" SELVAS (www.selvas.org), operador de redes internacionales. Trabaja en Lima en la cooperación internacional .