Contra viento y marea, la agricultura mexicana sigue pesando fuerte en la economía, en la sociedad y en la cultura del país. El 20% de una población económicamente activa de casi 39 millones de personas se ubica en el sector agropecuario. Esto implica casi ocho millones de personas, la gran mayoría de ellas campesinos pobres e indígenas. Este amplio sector de la población se ha visto seriamente afectado desde la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por sus siglas en español). Tal acuerdo comercial ha ocasionado ruina y problemas a la mayoría de agricultores mexicanos y sus familias. También ha perjudicado a los granjeros familiares estadounidenses, en tanto sólo beneficia unas cuantas empresas trasnacionales del agronegocio. La razón de esto es que el TLCAN ha generado un círculo vicioso que, en la medida que va reproduciéndose, amplía la pobreza de la mayoría de los productores y concentra la riqueza en los productores poderosos. Dicho proceso se despliega en ocho fases: Implementación de políticas agropecuarias neoliberales por parte del Gobierno Federal El TLCAN se ubica dentro del programa de ajuste estructural de la economía mexicana, puesto en marcha por el gobierno federal desde 1982. Las políticas de ajuste, recetadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar la "crisis de la deuda" mexicana implicaron una dramática reorientación del aparato productivo y de la economía nacional. En la agricultura hubo una primera generación de políticas de ajuste que se prolongó desde 1982 hasta 1988. El Gobierno Federal redujo sensiblemente los subsidios a la agricultura, sobre todo en materia de energéticos, fertilizantes y tasas de interés. Recortó el presupuesto para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. A la vez, liberó el precio de los insumos y controló férreamente el precio de garantía de los productos agropecuarios, comenzando a desaparecer algunos de ellos. Con esto, empezó a derrumbarse la rentabilidad de muchos productores y se disminuyó drásticamente la producción local de alimentos. La segunda generación de medidas de ajuste agrícola estructural comenzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a fines de 1988, cuando se hizo claramente perceptible que los tecnócratas neoliberales en el poder habían elaborado un nuevo proyecto para el campo mexicano y estaban decididos a ponerlo en práctica a sangre y fuego. Dicho proyecto considera que existe un gran volumen de población excedente en el agro, la cual es necesario reducir al mínimo: en lugar de que ronde por el 20-25% de la PEA debe disminuirse al 5% de la misma. Esto implica que más de 6 millones de productores campesinos minifundistas, deben abandonar la agricultura para dejar el campo a los productores modernos y eficientes, quienes concentran la tierra y trabajan con economías de escala. Dos son los ejes que utilizó el salinismo para proseguir con la reestructuración neoliberal del campo: la contrarreforma agraria y la apertura comercial. La primera se tornó posible con las reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Reforma Agraria en 1991 y 1992, y ofreció un nuevo marco jurídico para la progresiva privatización, ingreso en el mercado y concentración de las tierras ejidales y la apertura de las mismas a inversionistas privados nacionales y extranjeros. La apertura comercial, iniciada desde 1986 con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés), permitió la importación creciente de productos agropecuarios en detrimento de la producción nacional. Esta penetración se amplió y profundizó con la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994. La política agraria salinista se complementó con otra serie de medidas, como la contracción del crédito rural y la consiguiente caída de la superficie habilitada por las instituciones de crédito. El presupuesto del sector siguió reduciéndose. Se terminó con los precios de garantía subsistentes: los del maíz y fríjol. Desaparecieron o se privatizaron un gran número de entidades paraestatales o dependencias enfocadas al fomento agropecuario. La orientación neoliberal de la política agropecuaria no ha sufrido cambios significativos durante el sexenio de Ernesto Zedillo ni en lo que va de la administración de Vicente Fox. Se han profundizado la apertura comercial y la disminución de subsidios. Desde 1998 se desmanteló una de las últimas empresas paraestatales, encargada de la regulación de precios y canalización de subsidios agrícolas para productos básicos: la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo. En el marco más específico del TLCAN hay que decir que este acuerdo estipula que el sistema de Tarifas Arancelarias Cuotificadas sería eliminado progresivamente en el curso de quince años para el caso del maíz. México aceptó otorgar una cuota de importación libre de aranceles equivalente a dos millones y medio de toneladas de maíz. El arancel para las importaciones excedentes comenzaría en 206,9% en 1994 para reducirse a un 29,6% en los primeros seis años del acuerdo. Y el arancel restante sería eliminado en el transcurso de los nueve años siguientes hasta llegar a cero. La realidad ha sido muy diferente. Desde 1994 las importaciones mexicanas superaron la cuota libre de aranceles fijada: 6 millones de toneladas anuales en 1996 y 5 millones en 1998 y 1999. De hecho desde 1994 todas las importaciones de maíz han estado libres de aranceles, con el pretexto de bajar costos de los alimentos y controlar las presiones inflacionarias. Con todo esto se truncó y se aceleró el período de transición hacia la desgravación total de las importaciones. Algo parecido sucede con otros productos como el fríjol. Además, hay que tener en cuenta las enormes cantidades de granos y otros productos que ingresan de contrabando. El resultado inmediato e irrefutable de todo este conjunto de políticas ha sido el: Incremento de las importaciones agropecuarias provenientes de EE.UU. Para el sector agropecuario mexicano el TLCAN significa, en primer lugar, importaciones. En los primeros ocho años de su entrada en vigor, las importaciones agrícolas y ganaderas casi duplicaron su valor, pasando de 2,9 mil millones de dólares a 4,2 mil millones. No cabe duda de quiénes se han beneficiado del TLCAN en materia agroalimentaria: de 1994 a 2001 México elevó sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios extranjeros en 44% e incrementó sus exportaciones en sólo 8%. Por su parte, Estados Unidos ha elevado muy significativamente sus ventas a México; por ejemplo, de frutas frescas y secas en 205%, y de semillas y oleaginosas en 84%. Mas la tendencia se agudiza. En 2001 el déficit del sector agroalimentario mexicano frente a los Estados Unidos con relación a 2000 aumentó en un 60%; las exportaciones crecieron poco menos de 4% y las importaciones 15,5%. Este año las importaciones norteamericanas procedentes de México ascendieron a US$ 5 mil 267 millones contra US$ 7 mil 415 millones, que constituyó el volumen de importaciones mexicanas procedentes de EE.UU. El comercio exterior agroalimentario con Estados Unidos ha variado como lo muestra el siguiente cuadro. Comercio del sector agroalimentario mexicano con EE.UU. Año / Importaciones de EE.UU / Exportaciones a EE.UU.
1995 / US$ 3.254 millones / US$ 3.835 millones
2000 / US$ 6.420 millones / US$ 5.078 millones
2001 / US$ 7.415 millones / US$ 5.267 millones Veamos cómo está el panorama según los diversos productos: En 1990 el promedio anual de importación a México de los diez cultivos básicos (maíz, fríjol, trigo, soya, sorgo, cebada, ajonjolí, cártamo y arroz) era de 8,7 millones de toneladas; en 2000 fue 18,5 millones de toneladas o sea 112% más. La Unión Americana cubre el 90% de este abasto. El maíz es el principal alimento de los mexicanos: Antes del TLCAN lo más que se llegó a importar fueron 2,5 millones de toneladas anuales. En 2000 se importó más del doble: 5 millones 222 mil 760 toneladas y en 2001 aumentó un 15% más, para llegar a 6 millones 148 mil toneladas. Durante los primeros siete años del TLCAN, las importaciones de maíz significaron un egreso de divisas por US$ 3.682,2 millones, cifra casi igual que el presupuesto para el sector agropecuario. Además, se han regalado a los importadores US$ 1.962 millones al permitir el ingreso de cupos sin arancel. En el caso del fríjol, la importación también se ha ido incrementando. En 1996 Estados Unidos exportó a nuestro país 109.406 toneladas y en 1998, 170.737, un 60% más que dos años antes. Asimismo, también habría que hablar del contrabando, el cual desplaza enormemente a la producción nacional. Algunos calculan la importación ilegal anual de fríjol en 200 mil toneladas, unas tres veces el cupo autorizado para el año 2002, que fue de 65.239 toneladas. En el período 1980-1990 por cada diez kilos de arroz consumidos en México, 1,7 provinieron del exterior y por cada diez kilos de trigo, 1,2 vinieron de afuera. Para el período 1994-98, la dependencia se elevó en arroz a 5,3 kilos y en trigo a 3,5 kilos por cada diez consumidos. La liberalización total del comercio del maíz, fríjol, trigo, cebada, arroz, sorgo y soya se dio desde 1996 y no desde 2009, como estipulaba el TLCAN. Durante los primeros 5 años del tratado se importó un promedio de 12 millones de toneladas de estos granos, 66,6 % más que el promedio de los nueve años anteriores al TLCAN. Esto representó una egreso de US$ 10.757 millones, 10 veces el presupuesto de Procampo y 5 veces el de la SAGAR para 1999. México importó 50 millones de toneladas de granos básicos entre 1995 y 2000, convirtiéndose en el principal importador de éstos en América Latina. A tal cifra habría que agregarle "el contrabando técnico o abierto". A la ganadería no le va mejor. Ahora México consume el doble de carne importada que antes de la entrada en vigor del TLCAN. Los datos son muy claros: durante los primeros seis años de vigencia del TLCAN, las importaciones de carne bovina crecieron un 200%, las de carne porcina un 300%, las de carne de ave se dispararon en 130 mil toneladas y las de huevo un 55%. Por otra parte, importamos el 20% del consumo nacional de leche. Los ganaderos mexicanos de las diversas ramas tienen que enfrentar el dumping de los agricultores estadounidenses, la tolerancia de las autoridades mexicanas hacia el contrabando y el desbordamiento de los cupos de importación y los bajos precios de los insumos que disfrutan sus competidores norteamericanos. Ejemplos sobran: la importación de carnes rojas, frescas y congeladas en 2001 ascendió a un mil 37 millones de dólares, 22,6 % más que en 2000 y 442% más que en 1995. El cupo asignado para la importación de pollo y pavo troceado ha sido superado permanentemente. En el primer caso desde 1994, año en el cual se importaron 65 mil toneladas siendo que el cupo era de 25 mil hasta 2001, cuando la introducción fue 3,3 veces superior al cupo de 30 mil 700 toneladas. En el caso del pavo las importaciones han sido entre 2 y 2,5 veces superiores al cupo autorizado. Por otro lado, las importaciones de carne porcina aumentaron 2,2 veces de 1998 al 2000, llegando a 208.573 toneladas. Las de carne de ovino se han incrementado 1,5 veces desde 1994 y cubren el 60% de la demanda interna. Podría alegarse que los productores de fruta y hortalizas han sido beneficiados por el TLCAN, pero esta afirmación tiene sus "a segunes", como señalan los propios campesinos. En efecto, desde la entrada en vigor del tratado, las exportaciones de frutas a EE.UU. aumentaron 76% y las de hortalizas 26%. Sin embargo, entre 1994 y 2000 las importaciones de conservas vegetales alimenticias tuvieron un incremento de 77% y las de frutas conservadas y deshidratadas 300%. Esto quiere decir que México exporta más fruta pero EE.UU. nos la devuelve procesada. Mención especial merece la manzana, cultivo muy importante en Estados como Chihuahua. En 1997 se importaron 114.922 toneladas y en 2001, 221.269 toneladas, un 94% más. Se había fijado un arancel del 101%, pero luego se fijó un precio mínimo de US$ 13,72 por caja de fruta importada. Sin embargo, aunque en un primer momento se dieron esos precios, luego se verifican devoluciones en efectivo de los exportadores norteamericanos a los importadores mexicanos. Esto saca por completo de competencia a los productores nacionales. Así, México, uno de los grandes países agrícolas del mundo, ha puesto su alimentación en manos de extranjeras: se importan el 95% de las oleaginosas que el país necesita; el 40% de la carne; el 30% del maíz y el 50% del arroz. El futuro no pinta mejor. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), México se convertirá en un gran importador de materias primas y de alimentos. Las importaciones mexicanas de granos duros (maíz y sorgo), trigo y soya se elevarán 31%, de 18,3 millones de toneladas en 2000/01 a 24 millones en 2011/12. En cuanto a las importaciones de carne (res, cerdo y aves), el aumento de 2000 a 2011 sería de 86%. Más todavía: con la desgravación de 20 productos agropecuarios a partir de 2003 se teme que se duplique el déficit comercial del sector a partir de ese año, llegando a US$ 10 mil millones. Agricultores desplazados, caída de la rentabilidad Los granos básicos y las oleaginosas que ocupan casi 14 millones de hectáreas en México, el 70% de la superficie agrícola, han resultado los perdedores en el TLCAN. Incluso el Consejo Nacional Agropecuario, organismo de los empresarios agrícolas, reconoce que la ganadería y los granos básicos han sido seriamente perjudicados por el Tratado. De hecho, en los primeros ocho años de vigencia del Tratado se dejaron de sembrar 1,6 millones de hectáreas de maíz, fríjol, trigo, arroz, soya y algodón. El abandono de tierra cultivable se ha profundizado en los Estados con mayor presencia de agricultura campesina tradicional, como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Querétaro, Puebla y Guanajuato. En tanto, en las regiones de agricultura moderna, más tecnificada, como Valles del Yaqui y Mayo, se ha disparado el rentismo de parcelas. El FMI prevé que en el país podrían dejarse de sembrar granos en 10 millones de hectáreas durante los próximos años. Hay que tener en cuenta que el cultivo del maíz, uno de los granos más afectados con la apertura comercial, da empleo a 2,5 millones de campesinos con predios no mayores a 5 hectáreas y rendimientos de no más de 2 toneladas por hectárea, quienes sin embargo contribuyen con tres cuartas partes de la producción nacional. Es muy clara la razón por la cual los agricultores van abandonando sus tierras, los más, o cambiando de cultivo, los menos: los precios medios rurales se han derrumbado. En 1985 fueron para el maíz de 1.239 pesos por tonelada, en 1993 de 513 y en 1999 de 428. Para el fríjol, fueron de 3.647 en 1985, 2.246 en 1993 y 1.999 en 1999 (todo a precios de 1994). Una reducción en términos reales de 64% para el maíz y de 46% para el fríjol. Por otra parte, los precios de los insumos se han incrementado: las semillas en 63% y los fertilizantes en 52% en los últimos años. Esta caída de la rentabilidad se explica por el diferencial de productividad, de costos y de precios entre los productores de los tres países: rendimiento por hectárea de maíz en México, 2,33 tons., Estados Unidos, 8,27 tons., Canadá, 7,2 tons. Y en fríjol: México, 600 kgs., Estados Unidos, 1,85 tons., Canadá, 1,77tons. Los subsidios equivalentes al productor son: en EE.UU. casi diez veces más que en México: 19.987 ecus contra 2.122 ecus y 2.737 en Canadá. Habría que agregar los diferenciales de precios en energéticos, costos financieros y transporte. La transferencia de recursos que el gobierno hace al sector agropecuario en México equivale a US$ 28 per cápita, EE.UU. a US$ 270 y Canadá US$ 143. Y en la Unión Europea a US$ 297 per cápita. No se ve cuándo mejoren las cosas. El propio Departamento de Agricultura estadounidense señala que la capacidad de producción del agro mexicano permanecerá limitada debido a la escasez de agua y tierra y los bajos niveles tecnológicos. Las importaciones, además, provocarán una reducción del área sembrada de granos duros y limitará la superficie del trigo. Y como si todo esto fuera poco, en EE.UU. se aprobó en mayo de 2002 la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural 2002-2011, la Farm Bill, que estableció un esquema de apoyo directo a los productores de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón y otras oleaginosas, así como otra serie de subsidios y pagos compensatorios a diversos productos y a actividades como la conservación de suelos. La nueva ley aumenta en casi 80% las ayudas directas a la agricultura, con un paquete de más de US$ 180 mil millones a 10 años. Según un estudio reciente realizado por la Cámara de Diputados, los apoyos del gobierno estadounidense a sus productores agropecuarios ascenderán a US4 80 mil millones anuales, incluidos los de la Farm Bill. En tanto, el gobierno de México, con todo y Procampo y programas de comercialización, no llegará siquiera a los US4 2 mil millones en 2002. Todo esto ha contribuido a que cambie la geografía agrícola mexicana: mientras se reduce la superficie dedicada a granos básicos y oleaginosas, hay una tendencia muy significativa al crecimiento en frutas, hortalizas y cultivos forrajeros orientados al mercado externo e interno más rentables. Así, la superficie hortícola ha aumentado en un 6%, casi 30 mil hectáreas, y la frutícola, 21%, 146 mil hectáreas. Estos cultivos tienden a concentrar más la inversión, el progreso técnico y la organización para la producción. Es decir, van excluyendo a los productores con menos posibilidades de invertir y tienden a concentrarse en cada vez menos empresas. Aumento de la pobreza Esta es la primera consecuencia directa de la caída de la rentabilidad: al recibir menos por sus productos y pagar más por los insumos, los productores se descapitalizan y empobrecen. Hay una gran disparidad de bienestar económico entre la población dependiente del agro y la no dependiente. Esta última es el 74,6% de la población total y genera el 94,3% del ingreso, mientras que los dependientes del campo –25,4% de los mexicanos– generan sólo el 5,7% del ingreso. En el campo viven 25 millones de personas y dos de cada tres son indigentes. Quince millones no tienen ninguna perspectiva laboral en el campo. La gran mayoría depende principalmente de otras actividades económicas para subsistir, como la venta de su fuerza de trabajo, el comercio o las artesanías. De hecho, entre el 70 y el 80% del ingreso de las familias minifundistas proviene de actividades no agrícolas. El propio Banco Mundial reconoce que en el medio rural los índices actuales de indigencia superan los prevalecientes hace una década. Uno de cada dos habitantes del campo sobrevive en una situación de extrema pobreza, "en medio de un círculo vicioso en el cual el uso indiscriminado de recursos naturales representa la única forma de que los pobres sobrevivan". Una muestra de la pobreza de las familias campesinas es que tan sólo entre 1998 y 1999 disminuyeron un 20,4% su consumo de tortilla debido a la insuficiencia de ingresos. Hay 11 Estados mexicanos, los de mayores tasas de población rural, amenazados por la inseguridad alimentaria y la desnutrición: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. De los 1.113 municipios de esas entidades, 706 están en el rango de la mínima capacidad alimentaria. Otros indicadores ilustran más la situación de pobreza en el campo: la desnutrición afecta al 44% de los indígenas menores de cinco años, proporción similar a la de las naciones más pobres de África. El salario promedio en el campo es de 15 pesos diarios, menos de la mitad del salario mínimo. El 30% de las personas ocupadas en el sector primario no obtiene ingresos, el 39% hasta un salario mínimo y sólo el 5,2% más de cinco salarios mínimos. Menos de la mitad de las casas de ejidatarios y comuneros cuenta con agua entubada; 65% con energía eléctrica y con drenaje sólo el 16.5%. Emigración Esta es la siguiente fase, luego de la caída de rentabilidad de la agricultura y del empobrecimiento de la población rural. Se ha intensificado la emigración hacia EE.UU., aun a riesgo de la propia vida. Más de medio millón de mexicanos intenta emigrar cada año y en los últimos cinco, 1.500 connacionales han perdido la vida al intentar cruzar la frontera. A pesar de ello, tres millones de mexicanos emigraron al vecino país del norte en la última década, diez veces más que tres décadas antes. El hecho de que emigren sobre todo los jóvenes, conduce a un proceso natural de envejecimiento de la población rural; así, la agricultura mexicana está sustentada en personas con más de 52 años. Un dato significativo de los 32 millones de personas de origen latino residentes en EE.UU: 21 millones son de origen mexicano. Ellos son los de menor nivel educativo. Al menos el 95% de los trabajadores agrícolas en California son mexicanos o descendientes de mexicanos de zonas rurales. Generan con su trabajo US$ 27 mil millones anuales, 9 veces el presupuesto del sector agropecuario en México. Los recursos de los emigrantes ya constituyen la principal fuente de ingresos para el país, pues lo que envían los mexicanos radicados en EE.UU. ya asciende US$ 9.800 millones anuales, más que lo aportado por el turismo y el petróleo. Según un estudio de la CEPAL, en los primeros cinco años del TLCAN estas remesas tuvieron una tasa de crecimiento anual de 11,8%, las recibieron más de un millón de hogares, sobre todo en el campo y representaron el 77% de los ingresos de éstos. Una de las opciones a la emigración que tienen los campesinos es el cultivo de enervantes. Según datos de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, ya existen 100 mil hectáreas dedicadas a ello en las zonas rurales del país. Agravamiento de las políticas anti-inmigratorias en EE.UU. La mayor afluencia de emigrantes mexicanos, desplazados por la crisis agrícola en nuestro país, ejerce una enorme presión sobre la frontera entre los dos países. Si a esto se añade la agudización de las actitudes chauvinistas en EE.UU. luego del 11 de septiembre de 2001, se completa el cuadro para que los campesinos mexicanos emigrantes se vean prensados entre la pinza de la pobreza en su país y la de los malos tratos y no reconocimiento de sus derechos al norte del Río Bravo. Aquí debe ubicarse la resolución del 27 de marzo de 2002 de la Suprema Corte de Justicia estadounidense en el caso José Castro vs. Hoffman Plastics. El máximo órgano judicial norteamericano resolvió que Castro, por ser trabajador indocumentado, no puede disfrutar de sus derechos laborales, como organizar un sindicato. En un régimen jurídico como el norteamericano, esta resolución abre la puerta para que se prive de sus derechos laborales a todos los trabajadores indocumentados, creando una nueva forma de esclavitud legalizada. Por otra parte, el presupuesto de EE.UU. para el control de la emigración se disparó a US$ 2,6 mil millones en 1999, creando una fuerte reacción contra los emigrantes y tensión en muchas partes del país, como en el Sur de Arizona desde la primavera del 2000. Agroindustria trasnacional Las empresas que presionaron a México para que aceptara la importación de maíz estadounidense libre de aranceles, han prosperado enormemente. Cargill, la más grande comercializadora de granos y que ocupa el primer rango entre las empresas particulares estadounidenses obtuvo en 1999 una ganancia neta de US$ 597 mil millones, comparada con US$ 350 mil millones en 1992. También en 1999 adquirió activos de su rival más importante: la Continental Grain. El cambio de modelo mundial de agricultura también ha sido muy favorable para las transnacionales. Una sola empresa, Monsanto, vendió 94% del área sembrada con trasgénicos a nivel mundial. Un ejemplo de las agroindustrias beneficiadas con el TLCAN es el de Pilgrims Pride, la cual en 2000 registró ingresos por US$ 280 millones y en 2001 espera vender US$ 310 millones y ya tiene una participación del 14% en el mercado nacional. Son precisamente las grandes empresas avícolas, sobre todo trasnacionales, las protagonistas y beneficiarias del proceso de concentración que se presenta en esa rama: Pilgrims Pride, Tyson y Bachoco, ésta última mexicana, representan el 52% de la producción nacional de carne de pollo, mientras que 161 empresas representan el 14%. La Dupont logró registrar el maíz transgénico Optimum en la Oficina Europea de Patentes, muy semejante a varios maíces criollos mexicanos. Con ello se corre el peligro que luego empiece a cobrar regalías a los agricultores que siembren variedades criollas cercanas al Optimum. Ahora, con todo el apoyo de la ONU, trasnacionales como Dupont, Monsanto, Navartis, Aventis, Cargill y otras podrán extender el cultivo de transgénicos con el pretexto de lograr cultivos más productivos para combatir el hambre. Sin embargo, lo que esto hará es despojar a los pequeños y medianos productores del control de la producción de alimentos, conduciéndolos a la marginación y al peligro de extinción. La lucha contra la arremetida neoliberal Desde antes que entrara en vigor el TLCAN, diversas organizaciones de agricultores mexicanos comenzaron a advertir sobre las amenazas del tratado para la agricultura nacional. Entre 1992 y 1993 el Frente Democrático Campesino de Chihuahua llevó a cabo importantes movilizaciones de protesta que culminaron con la toma de puentes internacionales. La demanda básica de aquellas primeras luchas fue la no inclusión de granos básicos, oleginosas y lácteos en el TLCAN. A mediados de los noventa el impacto de las políticas económicas neoliberales y de libre comercio empezaron a sentirse a todos los niveles en el campo. Entonces la protesta de los productores, la mayoría de ellos en quiebra, se canalizó a través de las organizaciones de deudores bancarios. Las innumerables movilizaciones, bloqueos de carreteras, tomas de bancos, de oficinas públicas, del Congreso de la Unión llevadas a cabo en la segunda mitad de los noventa, además de exigir una solución justa y posible al problema de la cartera vencida, también incluyeron la exigencia de cambios de políticas comerciales y agropecuarias y de revisión del TLCAN. Desde 1997 empezaron a movilizarse contra las importaciones que los afectaban, diversas organizaciones de productores: los sorgueros de Tamaulipas y del Bajío, los productores de algodón y de manzana de Chihuahua, etc. Pero fue en 2001 cuando las protestas contra los efectos del TLCAN en la agricultura mexicana se expandieron por toda la República: los productores de maíz de Sinaloa y Sonora se rebelaron contra la importación de maíz norteamericano de baja calidad, que desplaza y abate el precio del de ellos. Los algodoneros y manzaneros de Chihuahua volvieron a la carga contra las importaciones legales e ilegales que sacaron a sus productos del mercado. Los cafetaleros se rebelaron contra la competencia desleal del café vietnamita de baja calidad y los productores de piña de Veracruz y Oaxaca colmaron las carreteras con sus cosechas para protestar contra la introducción de miles de toneladas de piña procedentes de Tailandia. Todas estas organizaciones fundaron el Frente para la Defensa del Campo Mexicano. Y para que no quede duda del objetivo de sus protestas, tomaron los puentes internacionales y la aduana de Ciudad Juárez, impidieron la entrada de contenedores con productos agropecuarios importados, derramaron los granos, la pastura y la carne congelada de mala calidad que pretendían introducirse al país. Luego se tomaron el puerto de Veracruz para impugnar la penetración de piña asiática. Actualmente en las diversas organizaciones de productores y representantes de la sociedad civil rural, pueden observarse tres posiciones sobre el TLCAN: El Consejo Nacional Agropecuario, máximo organismo de los empresarios más poderosos del sector, descarta una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. Lo que propone es impulsar una política comercial trilateral entre los países del área. El supuesto es que si Estados Unidos y Canadá cooperan con la promoción del desarrollo del agro mexicano, la población tendrá mayor poder de compra y un socio estable. Algunas organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) y la propia Cámara de Diputados, proponen que se aproveche una cláusula del TLCAN para excluir temporalmente al sector agropecuario del mismo, en tanto se crean condiciones para poder competir en condiciones menos asimétricas. Finalmente, un nutrido grupo de organizaciones campesinas demanda que el sector se excluya definitivamente del TLCAN y que se bloquee todo intento de expansión del tratado, como es la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Hasta ahora no se han podido juntar las tres posiciones, con el propósito de presentar un bloque sólido ante el Gobierno Federal para exigirle una política firme y de decidido apoyo a la agricultura nacional. Mientras tanto, el titular de la secretaría de la Agricultura y el propio presidente de la República siguen creyendo en el señuelo de que, convirtiendo a los campesinos en verdaderos empresarios agrícolas, podrán competir ventajosamente con la multisubsidiada agricultura norteamericana, por asimétricas e injustas que sean las condiciones. * Víctor M. Quintana S. es profesor Universidad Autónoma de ciudad Juárez y vocero oficial del movimiento "El campo no aguanta más".