Los tratados sobre agricultura, liberalización de la tierra, comercio de plantas transgénicas, propiedad intelectual, están en el centro de las preocupaciones de las instancias gestoras del aperturismo económico a escala mundial y continental. Con ese amparo, se afianza paralelamente el proceso de transnacionalización del campo, bajo reglas de juego y de poder colocadas con tal fuerza que parecen casi imposibles de encarar por parte de las mujeres y otros sectores afectados, de no ser por el surgimiento de un importante movimiento reivindicatorio y de resistencia. Así, en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio -OMC- (Seattle, Estados Unidos, Nov. 2000), instancia máxima de toma de decisiones de esa entidad, figuraron entre los puntos centrales de agenda, temáticas relacionadas con el comercio de transgénicos, los bosques, los derechos de propiedad intelectual (TRIPS), entre otros. De esta reunión resultó la propuesta de celebración de la Ronda del Milenio, en cuyo temario, además del acuerdo sobre el libre flujo de inversiones, figuran los acuerdos sobre agricultura y servicios, comercio electrónico, competencia, y otros temas relacionados con la rentabilidad, concesiones y las facilidades requeridas, especialmente, por las empresas transnacionales. Este año, a finales de abril, se reunieron en Quebec (Canadá) los altos representantes de las Américas, quienes, con una agenda muy similar a la antes planteada a escala mundial, tomaron decisiones sobre el proceso que encaminará hacia la liberalización del comercio de las Américas, el ALCA. Ambas reuniones suscitaron amplias acciones de los movimientos, quienes además de dejar sentado el desacuerdo ciudadano ante los términos delineados para dichos acuerdos, expresaron la fuerza de la movilización social como un recurso inapelable de los sectores discriminados. Cientos de mujeres participaron en Quebec, con el propósito de hacer expreso su descontento ante la formulación de esas políticas excluyentes. Tanto las propuestas de la OMC como las del ALCA, pasan por alto el impacto de la liberalización del comercio en las mujeres del campo, la mayoría pobres, cuyos pequeños círculos de producción y distribución se verán anegados en la competencia con las transnacionales. En esas condiciones, uno de los efectos directos previstos es la exclusión, real y simbólica, de las mujeres rurales. Síntoma visible de ello son los índices acrecentados de emigración hacia las ciudades y metrópolis. La lógica del mercado El proceso de globalización, en cuyo marco se desarrollan estos acuerdos, se levanta sobre la histórica brecha entre los géneros. De ahí la omisión de consideraciones relativas a las mujeres en ambas propuestas, que proyecta la previsible consecuencia del afianzamiento de la injusticia de género global. Subyacen a estas reglas del juego del mercado transnacional, consecuencias como el incremento de la carga de trabajo de las mujeres, el empeoramiento de su calidad de vida y una mayor exclusión. En ese mismo marco, el desplazamiento del patrón de producción humana hacia una visión centrada en el conocimiento, la tecnología y la biotecnología, rubros en los cuales las mujeres del campo están ausentes, se convierte en factor que acentúa las desventajas de las mujeres en este proceso. La transnacionalización del agro acarrea el desmoronamiento de las unidades de subsistencia local, colocando a las mujeres ante el imperativo de luchar contra titanes, emigrar, o transformarse en obreras agrícolas, por lo general temporales, esto último con seguridades laborales casi nulas, altos niveles de competencia por el empleo, reducciones salariales que se amparan en la sobre oferta laboral, y una gran inversión humana en la constante búsqueda de plazas de empleo. De su parte, la liberalización de la tierra en beneficio del mercado, no sólo profundiza las desigualdades históricas de acceso de las mujeres al patrimonio, sino que impone reglas del juego individuales y corporativas ante las visiones colectivas u holísticas, inherentes a las diversas cosmovisiones de lo rural. La liberalización del comercio en las Américas, que sitúa la rentabilidad como eje de la problemática del agro, se abstrae de contemplar no sólo las relaciones desiguales entre los géneros, sino también la imposibilidad de que las mujeres rurales, ubicadas como las más afectadas por la pobreza, compitan en el mercado. La propuesta de erradicación de la pobreza confiada al mercado es a todas luces una quimera, pues la posibilidad de que las reglas del juego comerciales, impuestas por este sector, contemplen medidas específicas tendientes a fomentar un desarrollo sustentable, inclusivo, y con enfoque de género, es un contrasentido, ya que la propia lógica de rentabilidad inherente al mercado excluye por sí misma cualquier consideración económica o social tendiente a erradicar la brecha de desigualdades entre los géneros. En este marco contradictorio las mujeres, amparadas en las nuevas legislaciones internacionales de reconocimiento de sus derechos, buscan hacer realidad sus anhelos de sobrevivir en lo rural, con lógicas de producción y de vida amenazadas por el avance de los monopolios transnacionales o nacionales. Las soluciones de corte neoliberal recomendadas por las instituciones financieras internacionales y otras, pretenden erradicar la brecha de género a través de pequeños préstamos, lo que en este contexto resulta pura retórica. Soberanía alimentaria, tierra y propiedad intelectual La liberalización del comercio de productos agrícolas impulsada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo principios lejanos a los de la soberanía alimentaria, ha redundado en un incremento de la pobreza rural. Según datos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) éste se ha incrementado en Latinoamérica entre el 10 y el 20% en los últimos tres años. Más de 90 millones de agricultoras/es latinoamericanas/os y caribeñas/os viven por debajo del nivel de pobreza, mientras que 47 millones viven en la miseria. Actores sociales importantes tales como la Vía Campesina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), y la Alianza Social Continental (ASC), reivindican el derecho a exceptuar los alimentos básicos de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, y priorizar un enfoque de desarrollo que garantice la soberanía alimentaria, como elementos ineludibles para viabilizar una producción agrícola de calidad y proteger la pequeña agricultura, ante la ofensiva de las importaciones baratas y de calidad dudosa. No obstante, estas alternativas y recomendaciones no han sido consideradas, hasta aquí, en las propuestas de los acuerdos internacionales en curso. El movimiento indígena, por su parte, ha venido sustentando la primacía de la Convención sobre Biodiversidad, que reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos y permite la protección del conocimiento indígena, por sobre los regímenes de derechos privados de propiedad intelectual en beneficio de las corporaciones; tampoco esta recomendación ha sido considerada como un elemento trascendente para la formulación de los protocolos respectivos. Lo in-sustentable y sus efectos Es indiscutible el efecto que estas políticas tendrán sobre las mujeres, pues se trata del desplazamiento de una visión del mundo natural y humano hacia una del mundo tecnológico y rentable, que conlleva entre sus consecuencias la inminente desaparición del campo como unidad social y su reemplazo por el establecimiento de cuerpos productivos, basados principalmente en la rentabilidad de la biotecnología. Esta transformación implica, además de sus impactos sociales, consecuencias ambientales irreversibles: las modificaciones climáticas; la pérdida de biodiversidad; la contaminación de las aguas, los suelos y el aire; la deforestación; la depredación de recursos naturales y otros. Los derechos de quienes no son "ciudadanas" del sistema económico global son violados de forma sistemática porque, según la lógica del mercado, ellas simplemente impiden el "desarrollo" de los demás, es decir, de los pocos que verdaderamente se benefician del sistema. Por eso, los movimientos antes mencionados están generando acciones y propuestas encaminadas a que los acuerdos de libre comercio estén subordinados a los derechos estipulados en acuerdos internacionales existentes, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el de la Capa de Ozono, el de Comercio de Sustancias Tóxicas, la Declaración de Derechos Humanos, el Acuerdo 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros. Más aún, apuntan a se consoliden tratados de control sobre los libres flujos de inversiones, de protección mayor del ambiente y la agricultura, de soberanía alimentaria, que se orienten prioritariamente a la satisfacción de las necesidades nacionales y no a las exportaciones y al lucro. La política de priorizar las exportaciones, está dirigida principalmente a abastecer a los países industrializados de materia prima barata, lo que no sólo debilita las posibilidades de competencia de los países del Sur, sino que los empuja hacia la sobreexplotación de recursos, a la depredación ambiental y la descomposición social. Los ejes organizativos Es en ese contexto que se ubica el desarrollo organizativo de las mujeres rurales, quienes en los últimos 10 años han venido avanzando en un proceso de articulación colectiva, desde su identidad grupal de mujeres, en el escenario regional y global. Ellas se perciben como las principales afectadas por la aplicación del modelo neoliberal globalizado, en virtud de cuyas perversas leyes de mercado, el campo, como entidad social, está en peligro de desaparecer y llevarse con él las esperanzas de sociedades alternativas, autónomas, diversas. Así, siendo que las mujeres son parte de las relaciones socioeconómicas concretas, cuyas reglas de juego se ven vertiginosamente modificadas por el delineamiento de las políticas que definen el contexto de la globalización neoliberal, ellas están generando planteamientos y estrategias que intersectan, justamente, las decisiones globales, las relaciones desiguales entre los géneros, y la sobrevivencia del campo como unidad social autónoma. La lógica comercial se interpone ante la autonomía de las mujeres y de la colectividad, al imponerse como una ideología única, cuya ecuación tiempo - progreso, relega todo lo que contradice a la visión mercantil transnacional, tachándolo de atrasado y por lo tanto sujeto de una urgente demanda de modernización, que hoy es sinónimo de homogeneización. Por eso, la palabra diversidad está cada vez más presente en el discurso de las mujeres que resisten a la imposición de un modelo único, de aquellas que, apropiándose de su calidad de sujeto y ciudadanas, quieren no sólo hacer de sus formas de conocimiento histórico y ancestral un paradigma, sino hacer suyas también las nuevas formas de conocimiento que hasta aquí son casi prohibidas para ellas. En este tema, las reivindicaciones se extienden desde la resistencia a las patentes que privatizan el conocimiento tradicional de las mujeres, desarrollado ampliamente tanto en la agricultura como en la medicina tradicional, amplia, democrática y socializable, hasta las demandas de alfabetización y educación bilingüe, universal, que incluya en el currículo tanto las diversas cosmovisiones de los pueblos, como la diversidad de lo rural y de lo urbano. Estos aspectos tienen que ver también con el reconocimiento de la diversidad de las representaciones simbólicas y las culturas, pues la visión homogeneizante de lo global se levanta sobre un orden etnocéntrico, androcéntrico, urbanocéntrico y capitalista, que jerarquiza las visiones y modos de vida según su apego o lejanía del referente blanco, masculino y urbano, cuya antítesis parecen ser las mujeres rurales, indígenas o afrodescendientes, y pobres. Según esos parámetros, sin duda influyentes para el delineamiento de los acuerdos antes mencionados, atrasadas y por lo tanto sujetos de modernización, son todas aquellas que creen en la agricultura orgánica y rechazan los transgénicos, para cuya creación se ha puesto a disposición de la ingeniería genética recursos incalculables, los mismos que si fueran utilizados para el desarrollo de una agricultura sustentable aportarían réditos colectivos y mejorarían la calidad alimentaria y la salud. La creación de organismos genéticamente modificados, no sólo vulnera la evolución natural y armónica de los seres vivos, incluyendo los humanos/as, al mixturar en laboratorio genes de plantas, animales, microorganismos y humanos, para obtener productos de alta rentabilidad, sino que pone en riesgo la salud de las/os consumidoras/es, pues los efectos de la ingestión de dichos alimentos, a mediano y largo plazo, son hasta aquí impredecibles. Según la ideología dominante, atrasadas son aquellas que, ya en el terreno de la resistencia a los transgénicos, cultivan con semillas orgánicas y se oponen al dominio de Monsanto, Norvartis, Carguil y Aventis, empresas que se imponen ávidas de controlar el mercado agrícola y pintarlo de un verde dólar, contrapuesto al verde naturaleza. "Nunca antes en la historia se ha perdido tanta variedad de culturas, idiomas y biodiversidad en nombre del progreso", señala el MST de Brasil. Por eso, la resistencia al monopolio de la razón, y por ende de la decisión, en una cultura global, entre cuyos baluartes está el acceso al conocimiento, tiene que ver con el fortalecimiento de las diversas formas de conocimiento propio, y con el derecho, haciendo uso de la ciudadanía plena, a acceder a la creación de pensamiento, de análisis, y de interpretación de las realidades. Ello, no sólo como una manera de resistir al modelo, sino como un ejercicio de ciudadanía, que implica la restitución o el otorgamiento de sujeto para las mujeres del campo, y su proyección integral en el desarrollo de las propuestas y la construcción de sociedades alternativas. Por eso, para las mujeres rurales ya no es viable a estas alturas validar cualquier teoría, análisis o propuesta de desarrollo, incluyendo las de sociedades alternativas, sostenibilidad, soberanía alimentaria, reforma agraria y otros, si es que no incluyen entre sus variables de análisis y sus postulados, consideraciones sobre las brechas estructurales que excluyen a las mujeres del campo; soslayar esta información relativiza los resultados de esas producciones teóricas o políticas, pues al omitir este elemento las convierte en parciales y no en generales, como se pretenden. De allí la importancia de un proceso organizativo en el cual las mujeres rurales han emprendido el esfuerzo de empezar a pensarse a sí mismas como sujetos y al hacerlo generar la más revolucionaria de las propuestas, como es aquella que conjuga género, clase, diversidad y autonomía, todos elementos importantes para cualquier análisis o teoría social alternativa en el contexto de la globalización. En esa misma línea, aparece casi invariablemente en el discurso reivindicativo generado por las organizaciones de mujeres rurales, el término dignidad, relacionado en este contexto no sólo con la línea de acceso a los bienes o al consumo, sino con la sobrevivencia colectiva, puesta en peligro por la aculturación que acompaña la universalización del pensamiento, de los modos de vida y creencias que acarrea la globalización neoliberal, atentando así contra la libertad de expresión individual y colectiva, contra la libertad de pensamiento, contra la opción sobre modos de vida y la autodeterminación. La dignidad en este caso es inherente a los derechos humanos, los individuales y los colectivos, los sociales, los económicos, los culturales, los políticos, los civiles y, sobre todo, el derecho al desarrollo, todos ellos indivisibles para las mujeres. La organización, una urgencia Frente a esos imperativos, las mujeres rurales han decidido hacer de la organización una urgencia, y es que el modelo neoliberal no espera para universalizarse, para ubicar a la exportación como eje de la producción, con la agro-industria mercantil como punta de lanza de la transnacionalización, lo que desplaza la concepción de autosubsistencia y abastecimiento local campesino, e impone un enfoque comercial antes que social. Ese cambio estructural de concepción, implica para las mujeres del campo no sólo una exclusión mayor, pues el modelo se levanta sobre las desigualdades preexistentes, las de género, las de clase y las de etnia, sino también agudiza la exclusión al poner a desiguales históricas a competir ante la liberalización de la tierra y la privatización del agua, ahora en proceso de ser monopolizadas por capitales no siempre anónimos. Pero las mujeres del campo también han hecho de la organización una emergencia porque, además de excluidas en ese proceso, son mujeres con la ciudadanía a medias que acompaña al estatus de mujer en estas sociedades. Ellas, al igual que todas las colectividades amenazadas de extinción, se defienden como grupo; al hacerlo muchas incluso se apresuran a insistir en que su lucha no es singular, no porque a ellas las expresiones de la opresión no las afecten, ni porque la violencia en el campo -la que infligen los hombres a las mujeres, en la casa, en la calle, o la que se expresa en las colectividades afectadas en los casos de desplazamiento- no sea parte de su cotidiano; no es tampoco porque estén lejanas de sus derechos sexuales y reproductivos, cuando son las más afectadas por la expropiación de sus cuerpos, forzadas a esterilizarse o empujadas a reproducirse sin control, afectadas por los agrotóxicos y por el consumo de transgénicos, que afectan, entre otros a los órganos llamados reproductivos. Lo hacen, principalmente, porque quieren establecer ellas mismas los parámetros diversos de su autonomía, los momentos y los tiempos para identificar las expresiones del relegamiento de género que pesa sobre ellas. En este caso, el significado de autonomía se hace extensivo a la opción de definir los propios criterios y referentes de desarrollo, de producción, de comercio, de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Esto es por lo general contrario a la prisa neoliberal por implementar las mil y un reformas jurídico-políticas, encaminadas a garantizar el desarrollo agro-industrial y el libre comercio, que incluyen la liberalización de las tierras y el agua, que ha conducido a una mayor concentración de la propiedad de estos bienes y a la consecuente exclusión de las mujeres de los espacios productivos, pero también de la toma de decisiones sobre sus vidas y cuerpos, sobre sus modos de vida y culturas. Las organizaciones de mujeres rurales están poniendo en evidencia la viabilidad de una sustentabilidad que cuente con ellas, pues aún en las condiciones actuales de falta de acceso a la tierra, territorios, recursos naturales, financiamiento, y deficiencia de infraestructura y servicios, según el informe del FIDA (International Fund for Agricultural Development (IFAD), http://www.ifad.org) entre 30 y 40 millones de mujeres son responsables ante sus familias de las actividades agrícolas o de pequeñas industrias rurales; en la Región Andina, el 80% de la producción, procesamiento y venta de alimentos está cubierta por las mujeres y el 70% de las pequeñas empresas de alimentación son sacadas adelante por ellas (UNIFEM, Annual Report/95). Esto en condiciones de sobre explotación, donde además de esto asumen el trabajo doméstico y reproductivo no remunerado. Pensar en modelos alternativos con ellas, produciendo lo que producen en condiciones humanas, con diversidad y ciudadanía garantizaría la sustentabilidad. La Comisión de Mujeres de la CLOC En el seno de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC- están nucleadas las más importantes articulaciones de mujeres rurales de la región, las que reconociendo su calidad de sujeto de derechos y su autonomía de personas, han decidido actuar positivamente para erradicar la innegable brecha que las relega entre las últimas de los círculos de exclusión. CONAMUCA de República Dominicana y "Bartolina Sisa" de Bolivia fueron las primeras, seguidas cronológicamente por la Red de Mujeres Rurales de Uruguay, la Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales de Brasil, ANAMURI de Chile, CONAMURI de Paraguay y la Red de Mujeres Rurales de Venezuela. Su punto en común es haber dado un salto hacia la ciudadanía, a reconocer para sí mismas y hacer reconocer su derecho a la organización (parte de los derechos humanos), y haber encarado que la singularidad de la opresión que afecta a las mujeres del campo apela a propuestas específicas y acciones concretas para erradicarla. En sus estrategias, ellas interrelacionan sus propuestas con el movimiento del campo, pues por algo están en la CLOC, con el movimiento de mujeres, que ya no puede ignorarlas, con los movimientos indígena y afroamericano del cual muchas de ellas ya son parte, y con otros movimientos sociales, que lógicamente ya no podrán eludir su existencia, se están abriendo un espacio para visibilizar la más global de las propuestas: la de género y de sustentabilidad. El proceso está lanzado, sus articulaciones, redes, enlaces y coordinaciones, se levantan desafiantes ante una globalización neoliberal aparentemente invencible; ellas, a sabiendas de lo que eso implica, están empeñadas ahora en forjar una agenda de género regional e internacional, que coloque sus prioridades en el centro de sus luchas, pues ellas ya están desde siempre en las luchas generales. Juntas, solidarias y diversas, construyendo el milenio de justicia e igualdad. Referencias FIDA, International Fund for Agricultural Development -IFAD-, http://www.ifad.org, enero 2000 Egidio Bruneto, Dirección Nacional MST, rueda de prensa en el marco del Foro Social Mundial, Porto Alegre, Brasil, Feb. 2000 UNIFEM, Annual Report, 1995, UN, New York