¿La impunidad como programa?
10/04/2000
- Opinión
El actual proceso electoral es el más fraudulento e ilegítimo de todos los
que hemos tenido en el Perú en los últimos cincuenta años y es una de las
pruebas definitivas del carácter dictatorial del régimen fujimorista. Las
principales evidencias son del dominio público.
La cuestión que se juega en este proceso electoral, en lo inmediato, es la
reconstitución de la democracia política en el Perú. Por eso, la lucha
contra el carácter radicalmente fraudulento de todo el proceso, implica ante
todo la lucha por el desmontaje del fujimorismo como régimen político, no
solamente por el reemplazo de Fujimori como su personaje principal. Porque
no hay otro modo de conquistar la re-democratización del Estado y de la vida
política institucionalizada del país. Y esta es, en las actuales
condiciones locales y globales, la condición necesaria para otra reconquista
de la misma importancia: la capacidad legal e institucional de los
trabajadores peruanos para recuperar y desarrollar los derechos sociales que
el fujimorismo destruyó.
La democracia política mide, exactamente, el nivel de desarrollo de la
democracia en las relaciones sociales cotidianas de la sociedad. Es desde
esa perspectiva que deben ser enjuiciadas las propuestas de campaña de
ciertos candidatos de no investigar, enjuiciar y sancionar los actos del
fujimorismo y hacer borrón y cuenta nueva si salen beneficiarios de la
maquinaria fraudulenta de este proceso.
El fujimorismo, como régimen político, ostenta rasgos visibles. Los
principales son reconocidos:
1) La concentración del control del Estado por una asociación de las Fuerzas
Armadas y una Tecnoburocracia Política sometida a aquellas, eliminando a los
cuadros post-velasquistas e institucionalistas.
2) Un aparato militar-civil, que con el nombre de Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), fue creado como instrumento central de gobierno de esa
asociación y de control terrorista de la población, pero cuyo propio
ejercicio, con el apoyo de agencias internacionales de espionaje (o
"inteligencia") ha llegado a convertirlo en el actual eje real del control
del Estado.
3) La destrucción sistemática de las previas instituciones políticas, dentro
y fuera del Estado, que habían sido la conquista de un siglo de luchas
democráticas, Parlamento, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de
Garantías Constitucionales, Contraloría y Tribunal Electoral, independientes
del Ejecutivo, y su reemplazo por instituciones ad hoc que, con los mismos
nombres, operan en realidad como instrumentos de control político
dictatorial sobre la población.
4) El control arbitrario y corrupto de la mayor parte de los medios de
comunicación masiva, en especial de la Televisión de Señal Abierta y la
producción de una numerosa prensa amarilla con los recursos del Estado.
5) El uso corrupto de los recursos del Estado para beneficio de los
integrantes del régimen (éstos han sido denunciados documentadamente, por
ejemplo, de tráfico de drogas, de tráfico de influencias, incluído un vice-
presidente de este gobierno, de sobrefacturaciones en la compra de armas).
6) La práctica sistemática del fraude electoral (ocurrió en las elecciones
para el Congreso Constituyente Democrático que fraguó el actual texto
constitucional, en el Referéndum para imponerlo, en las elecciones
nacionales de 1995, en las elecciones municipales últimas, y de modo
escandaloso en el actual proceso electoral).
7) Para defenderse, el fujimorismo ha usado la persecución, el espionaje, el
chantage, la tortura, el asesinato individual y colectivo de los críticos y
enemigos del régimen (por ejemplo, La Cantuta, Barrios Altos, Huancayo,
Pedro Huillca) e inclusive de los miembros de sus propios aparatos de terror
(Mariela Barreto, Leonor La Rosa). Eso revela que ha ido desarrollándose
como una vasta red mafiosa que controla el Estado y que trata por medios
fraudulentos e ilegales, de perpetuarse en el control del Estado y de los
recursos del país.
8) Frente a la creciente resistencia popular en las calles y del descontento
de una parte amplia de los empresarios industriales, el fujimorismo ha
creado un aparato político de carácter fascista contra los críticos y los
opositores al régimen.
Régimen dictatorial
El fujimorismo es un régimen político que fue proyectado en los últimos años
del gobierno de Alan García, en el seno del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, que fue organizado con el recién electo Fujimori desde Julio de
1990, comenzando con la eliminación de los cuadros institucionalistas de las
FFAA para tenerlas bajo su total control, y finalmente impuesto por medio
del Golpe Militar de 1992, usando exitosamente la alcahuetería política de
la OEA y la protección de EEUU y del FMI, para establecer un régimen
dictatorial que simula las instituciones del Estado Liberal.
De esa manera ha logrado des-nacionalizar y des-democratizar el Estado
peruano y ponerlo, junto con los recursos de producción y el trabajo de
nuestro país, al servicio del capital internacional y, sobre todo, de su
sector más predatorio, el capital financiero mundial. En esa tarea ha
rematado los bienes del país, ha destruido los derechos legales de los
trabajadores, ha terminado destruyendo la estructura productiva del país, ha
producido el mayor desempleo y la mayor y más extendida pobreza de la
población de todo el último siglo. Ha logrado inclusive cimentar de ese
modo una cultura de corrupción y de arbitrariedad en ciertos sectores de la
población. La mafia fujimorista que ahora controla el Estado es la
expresión política de esos sectores. Y pretende perpetuarse
indefinidamente.
¿De qué serviría que no fuera Fujimori el beneficiario de su propia
fraudulenta maquinaria -una vez que sus patrones han percibido que para
defender y estabilizar el trabajo sucio realizado tiene que ser reemplazado-
si el fujimorismo como régimen político, como urdimbre de abuso del poder,
de prepotencia, de fraude, de corrupción, de control terrorista de la
población, va a mantenerse, inclusive con superficiales y parciales
maquillajes? ¿De cuál democracia podríamos hablar, solamente porque nos
permiten -aún- participar en el rito de votar, cuando todas las
instituciones del Estado han sido programadas para trabajar en contra de la
mayoría de la población? ¿Y los crímenes de La Cantuta, los Barrios Altos,
Huancayo, los asesinatos de Pedro Huillca, el asesinato y descuartizamiento
de Mariela Barreto y las torturas a Leonor La Rosa, van a quedar impunes?
¿El "Grupo Colina" continuará protegido? ¿La organización fraudulenta de
las elecciones, el uso ilegal de los recursos del estado, no requieren
sanciones? ¿O el uso corrupto de los recursos del Estado para el beneficio
privado de las mafias dentro de cada una de las instituciones del Estado?
Nadie podría pretender imponernos la impunidad como programa electoral sino
como parte de la maquinaria del fraude y de arreglos a espaldas de la
voluntad real de la abrumadora mayoría de los peruanos. Los candidatos
tienen la obligación de establecer públicamente sus posiciones frente a esas
cuestiones. Pero no sólo los candidatos, todo el pueblo peruano tiene la
palabra.
https://www.alainet.org/en/node/104754?language=es
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