La matanza de 45 indígenas de la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre por un grupo paramilitar ligado al PRI y la posterior ofensiva militar contra el EZLN ha permitido percibir el doble discurso que maneja el régimen del presidente Ernesto Zedillo, tanto hacia el exterior como en la política interna. Con el objetivo de acallar las protestas nacionales e internacionales por la matanza de Acteal, Zedillo decidió sacrificar a su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet y lo reemplazó con Francisco Labastida Ochoa.

El flamante funcionario se mostró confiado en que las medidas que está adoptando en torno a Chiapas están encaminadas a "fortalecer en el estado un clima de concordia y entendimiento". "Tolerancia", "entendimiento participativo", "conciliación", "diálogo", "paz", "justicia", "desarrollo", son algunas de los términos más usados por Labastida.

Una de las primeras medidas que adoptó el secretario de Gobernación, fue la remoción del gobernador de Chiapas Julio César Ruiz, cuya administración solapó y propició la organización de grupos paramiltares como el que perpetró la matanza de Acteal, nombrado en su reemplazo al diputado Roberto Albores Guillén.

Esta medida fue interpretada por sectores de la prensa y de la sociedad civil como un acto de violencia política y de violación a la soberanía de Chiapas pues el gobierno central viene imponiendo gobernadores -doce desde 1976- que son más bien una especie de administradores y capataces. De acuerdo a la Constitución y las leyes, el Congreso local de Chiapas debió conocer y decidir sobre la renuncia de Ruiz, pero esta fue decidida y anunciada en la ciudad de México, varias horas antes de que se reuniera la legislatura de Chiapas. El nuevo gobernador de Chiapas, Roberto Albores, coincidiendo con el tono conciliatorio de Labastida se mostró abierto a dialogar con el EZLN e incluso dijo que está dispuesto a "ir a la selva a buscar al subcomandante Marcos".

Si a los hombres se los conociera solo por lo que dicen y no por lo que hacen, la paz ya habría llegado a Chiapas. Pero esto no es así. En estos mismos días, la presencia militar en Chiapas calculada en 30.000 hombres, se incrementó en 5000 efectivos y con el pretexto de llevar a cabo un "desarme indiscriminado", el ejército lanzó, desde el primero de enero, una ofensiva contra las bases zapatistas buscando provocar choques armados. Guiados por hombres encapuchados, los militares asaltan las comunidades indígenas, cometen atropellos contra la población civil, arrestan y amenazan a los indígenas averiguando sobre depósitos de armas y el paradero de los dirigentes zapatistas.

"Todo está en calma" El doble juego del régimen priísta también se evidencia en relación a los medios de comunicación, que han puesto al descubierto la contradicción entre el discurso oficial y lo que realmente está ocurriendo en Chiapas. Para contrarrestar la labor de la prensa, el gobierno federal ha recurrido a dosificar sus golpes en tiempo y espacio. Distribuye en el terreno su ataques y escoge objetivos distantes de los centros de información, y sus incursiones duran el menor tiempo posible, de tal manera que cuando llegan los periodistas "ya todo está en calma".

Más aún, las informaciones que se difunden sobre sus operativos contra las comunidades indígenas, las califica como "rumores irresponsables", como sucedió con el operativo contra la comunidad zapatista de la Realidad. Otra de las tácticas del gobierno de Zedillo es minar la credibilidad de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). El PRI, así mismo, ha recurrido a viejos argumentos de la época de la guerra fría en su propósito de descalificar al EZLN, señalando que detrás de la lucha zapatista se esconden intereses extranjeros "inconfesables" que tendrían puesta la mirada en la riqueza petrolera de Chiapas.

El partido oficialista, sin embargo, no ha especificado de que intereses extranjeros se trata. Finalmente, en tanto los gobiernos del PRI han mantenido una aparente política exterior progresista e independiente, y se han involucrado en numerosas conflictos de otros países, esta vez el régimen de Zedillo, a propósito de la matanza de Acteal, señaló que no tolerará ninguna injerencia externa.

Publicado en el Servicio Informativo # 265, ALAI, 13-01-1998, Quito