Uno de los legados no visibles del golpe de Estado en Honduras y de las políticas de gobierno que le siguieron, es la crisis de los granos básicos y el deterioro del nivel de vida de los productores rurales y sus familias. No es que la crisis no existiera antes, ya que desde 1990 con el ajuste estructural de la economía y la liberación del comercio agrícola, la producción de granos básicos ha venido disminuyendo solo compensado con las políticas “activas” para el agro en el gobierno de Zelaya Rosales (léase: bono tecnológico productivo, bajas tasas de interés, aumento de la reserva de granos, cajas rurales, planes de inversión del sector, riego, etc.); pero la tendencia es hacía su profundización.